Sánchez se reserva recuperar el cambio de mayorías del CGPJ si fracasa su plan del TC

El Gobierno no las tiene todas consigo en su pelea para renovar el Tribunal Constitucional y forzar ya el cambio de mayorías del órgano que pasará a tener un mayor número de magistrados progresistas. La resistencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dará la batalla pese a la reforma que ya se tramita y que obliga a los vocales a elegir a dos candidatos, y las dudas sobre la constitucionalidad de su estrategia legislativa hacen temer al Ejecutivo que la paralización se prolongue. La Moncloa valora recuperar su vieja iniciativa de 2020 en caso de que esto suceda y rebajar las mayorías del Congreso necesarias para renovar el CGPJ, informan fuentes políticas y jurídicas.

Fuentes de la Moncloa apuntan que, "de momento", su prioridad pasa por desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, pero evitan descartar un cambio legal que facilite la renovación del órgano de poder de los jueces sin el concurso del PP. El objetivo, insisten desde el Gobierno, pasa por "cumplir con la Constitución" y dejan en el aire la opción de explorar esta salida. Aun sin mencionar de forma expresa la reforma del sistema de elección parlamentaria de los vocales del CGPJ, en el Ejecutivo defienden la necesidad de buscar soluciones para asegurar el correcto funcionamiento de los órganos constitucionales y dicen estar trabajando en este sentido.

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Desde el grupo parlamentario socialista, insisten en la idea de reservarse la opción de cambiar las mayorías parlamentarias al trasladar que se trata de una reforma que está "congelada". Unidas Podemos ha incrementado su presión en esta línea durante los últimos días, tanto dentro del Ejecutivo como a nivel parlamentario. Abogan por dar cuanto antes "pasos adelante" para no agotar la legislatura con lo que denominan un "CGPJ secuestrado". Con todo, los socialistas niegan que se haya activado una negociación con sus socios, a la espera de despejarse el escenario en el Constitucional. Este es el principal interés del Gobierno en estos momentos.

La rebaja de las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el CGPJ ha sido una amenaza recurrente para intentar arrastrar al PP hacia un acuerdo. Ahora también se airea como arma de presión cuando una parte del Consejo se resiste a realizar los nombramientos de los dos magistrados que le corresponden. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ya evitó este lunes cerrar la puerta a dicha reforma al ser preguntada expresamente. En una entrevista en RNE, se limitó a sostener que el Ejecutivo se centrará por el momento en buscar una "solución" a la renovación del Constitucional, sin descartar ninguna vía si falla su actual plan. Eso sí, descargó preventivamente culpas tanto en la oposición como en "magistrados, operadores jurídicos, en este caso conservadores", acusándolos de negarse a cumplir la ley.

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Han pasado dos años desde que PSOE y Unidas Podemos presentaran su propuesta para reformar y aligerar las mayorías necesarias para la renovación del CGPJ, de forma que se permitiría el cambio del órgano de gobierno de los jueces sin contar con el PP. Aquella idea, retirada para favorecer la negociación con los populares en la etapa de Pablo Casado, le valió al Ejecutivo varios toques de atención desde Europa, que recordaba la importancia "de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial a fin de reforzar la independencia judicial".

Aquella reforma rebaja en concreto la mayoría necesaria para elegir a 12 de los 20 miembros, en el caso en que no hubiera acuerdo para mayoría cualificada en una primera votación. Esa mayoría es ahora de tres quintos, lo que permite que el PP pueda bloquear la renovación. La iniciativa parlamentaria impondría un completo dominio del Ejecutivo sobre el órgano de gobierno de los jueces por un periodo de cinco años. Además de eliminar de la ecuación al PP, hasta ahora necesario para emprender cualquier cambio, supondría que la Moncloa controlara de forma directa a un total de 17 de los 21 miembros del Consejo.

La propuesta de Unidas Podemos para darle a esta hipotética reforma una pátina de mayor legitimidad pasa por complementar la mayoría absoluta de 176 diputados en segunda instancia con la necesidad de que la apoyen al menos la mitad de los grupos parlamentarios en el Congreso. "Un reflejo de la pluralidad" actual de la Cámara, según sostienen fuentes de la dirección morada. Este sistema de mayoría de votos y grupos parlamentarios sería similar al que ya existe para la renovación del consejo de administración de RTVE.

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En el Consejo, la mayoría conservadora valora todas las opciones frente a la reforma. Como primera medida, nueve vocales han forzado un pleno extraordinario que se celebrará esta semana y en el que tratarán de sacar adelante la elección, anticipándose a la entrada en vigor de las nuevas reglas de elección. Sin embargo, este bloque necesitaría del apoyo de al menos un vocal de la parte progresista para que la designación de candidatos al TC fuera efectiva y ese sector no tiene ahora urgencia ninguna, con la perspectiva de la nueva norma, que estaría vigente dentro de solo unos días.

En caso de que esa reunión fracase, los vocales prevén resistirse por todas las vías posibles. Son conscientes de que si renuncian a plantear candidatos y a votar los del resto, la elección continuará siendo efectiva, ya que los miembros del Consejo más cercanos a la izquierda sí lo harían. Por ello, queda la vía de los recursos para impugnar una selección de ese tipo que prevén presentar en caso de que sea necesario tanto ante el Supremo como ante el propio Constitucional.