Sánchez afronta su arreón legislativo con cuentas pendientes con Podemos

Ni siquiera los diputados más veteranos recuerdan un Congreso tan tensionado, sumido en el clima más bronco. Pero los decibelios pueden alcanzar un nuevo récord en el Palacio de las Cortes esta semana. Los partidos del Gobierno de coalición pisan el acelerador a fondo para afrontar las "tareas" pendientes antes de que acabe el año, y los próximos días la Cámara albergará debates y votaciones que amenazan con convertirse en un campo de minas para PSOE y Unidas Podemos. Tanto para ellos como para el resto de fuerzas políticas.

Los socios, sumados a ERC, tienen mayoría en la Mesa de la Comisión de Justicia, que ha convocado este lunes la ponencia para discutir las enmiendas parciales a la cuestionada proposición de ley que suprimirá la sedición, impondrá cambios para forzar al CGPJ a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que debió designar hace tres meses y previsiblemente permitirá modificar el delito de malversación. PSOE y Esquerra negociaron con secretismo una reforma del segundo delito por el que fueron condenados los líderes del procés —el primero fue la sedición— vía enmiendas... para que solo dos días después el propio Pedro Sánchez se autoenmendase, de nuevo.

PSOE y Unidas Podemos han recogido cable y han presentado su propia enmienda, conscientes de las dificultades para vender la reforma de la malversación que reclama ERC, considerada suicida en términos electorales por los socialistas, informa Marcos Lamelas. La pena máxima por el nuevo tipo de malversación se rebajaría desde los 6 años actuales a los 4 años de prisión, frente a los 3 años que planteaban los republicanos. El Ejecutivo presume de que, con esta nueva propuesta -no negociada con ERC-, ningún supuesto de malversación quedaría despenalizado. El problema es que va contra las pretensiones de ERC, cuya enmienda quedaría desterrada.

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Más allá del previsible enfado de los grupos de la oposición, y del temor que genera en Unidas Podemos una reforma de la malversación que pueda beneficiar a políticos corruptos, si hay acuerdo en la ponencia, la comisión se reunirá escasas horas después, a las nueve de la mañana del martes, para aprobar su dictamen. Esto permitiría que la Junta de Portavoces, que tendrá lugar minutos después, pueda aprobar su remisión a pleno, el mismo jueves 15 o el inmediatamente posterior, el 22 de diciembre. Y esto solo en lo que toca a la norma más polémica del Ejecutivo, por la que la oposición lo acusa de dar "un golpe de Estado" y amenaza con recurrir ante el Tribunal Constitucional.

PSOE y UP firmaron hace unos días un armisticio con la ley trans, dieron una patada hacia adelante y elaboraron el dictamen correspondiente sin debatir las enmiendas más polémicas, que han incendiado los ánimos en las filas del socio minoritario. El lunes, se reunirá la Comisión de Igualdad sobre el aval judicial para la autodeterminación de género en menores, con la reversibilidad del cambio en el registro y la violencia "intragénero" aún vivas, sin que el PSOE acepte retirarlas.

Unidas Podemos teme que el PP pueda votar a favor para dinamitar la ley, si bien los conservadores se niegan a avalar siquiera parte de una norma con medidas que no están dispuestos a asumir. La tensión en este frente es máxima, sin que ninguna de las partes se abra a moverse de sus posiciones, y con el socio minoritario recordando que es el PSOE quien ha enmendado una norma ya avalada por el Consejo de Ministros.

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El mismo día, los socios se verán las caras en la ponencia sobre la ley de bienestar animal impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos de Podemos, avalada por el Gobierno y también enmendada por el PSOE para sacar los perros de caza del paraguas protector de esta norma. En la semana del puente de la Constitución, Unidas Podemos trasladó una enmienda inspirada en una ley autonómica de Castilla-La Mancha, que supone una vía intermedia, según el departamento de Ione Belarra, y que persigue desatascar una situación gravemente enquistada. En función de los avances, la comisión podría reunirse un día después para ratificar el dictamen, pero el PSOE ha acogido con frialdad esta propuesta y los morados se quejan de su silencio.

A esto se unen, además, las fricciones generadas por la ley de vivienda —enmendada unilateralmente por UP— o la ley mordaza —en esta última, hay algunos avances, pero aún no se divisa su aprobación—, y las de materia de okupación que el PSOE registró a la ley orgánica de eficiencia organizativa en el servicio público de Justicia, que serán abordadas en la reunión de ponencia, el martes. Unas enmiendas contra las que el socio minoritario estalló públicamente, acusando a los socialistas de comprar el marco ideológico de la derecha, y que le generaron un profundo malestar, al considerarlas un mal presagio de cara al texto de vivienda.

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Fuera del Congreso, a esto se unen el retraso de la ley de familias, que según los morados debería haber logrado luz verde del Consejo de Ministros hace dos semanas, o los previsibles tiras y aflojas en el marco de la negociación del real decreto de medidas frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Un decreto clave para el socio minoritario, que lo concibe como una oportunidad de oro para aprobar nuevas políticas sociales temporales en materia de vivienda, y con el que espera arrancar a su socio la congelación de las hipotecas.

El rechazo al mecanismo voluntario para las entidades bancarias, formalizado por Nadia Calviño en un real decreto que recibirá el aval del Congreso el jueves, es compartido por Yolanda Díaz y el partido morado. Lo han exteriorizado en repetidas ocasiones y previsiblemente volverán a hacerlo de cara a la votación. El contexto, además, empujará a Díaz a posicionarse como némesis de la vicepresidenta primera, toda vez que está previsto que reciba el informe de los expertos que recomendarán una horquilla de valores para la subida del salario mínimo interprofesional esta misma semana. La pugna entre ambas vicepresidentas, con Díaz reclamando elevar el SMI hasta los valores máximos de esta horquilla, se da por hecha.

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Y esto es solo lo que tiene que gestionar la coalición de puertas para adentro. Le espera una semana marcada por distintas iniciativas de rechazo a la ley del solo sí es sí, desde la proposición no de ley de Vox reclamando la reprobación y destitución de Irene Montero a la moción consecuencia de interpelación urgente del PP a la ministra de Justicia, Pilar Llop. Además de desgastar a la titular de Igualdad a cuenta del medio centenar de rebajas de penas tras la aprobación de esta norma, la oposición trata de extender esa erosión a Llop o al propio Sánchez, como intenta hacer con la reforma de la malversación en lo que toca a la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada en excedencia. Todo ello se verá reflejado en preguntas parlamentarias y otras iniciativas.

Por si fuera poco, el jueves, el pleno votará la nueva ley del aborto, recientemente cuestionada por el CGPJ. El Consejo General del Poder Judicial dio a conocer su propuesta de informe sobre la norma este viernes, que aún debe ratificar, y que cuestiona la eliminación del consentimiento paterno en esta norma por afectar a la patria potestad. Con estos mimbres, la oposición hará acopio de munición para cargar contra la coalición, que a su vez debe sortear varias minas, y desactivar otras, si quiere que el Congreso no se convierta en un polvorín esta semana.