El PSOE se jacta de forzar la renovación del TC: "Europa no va a tener más que aplaudir"
El PP confía en que Europa frene el "golpe" de Sánchez al Poder Judicial. Unidas Podemos deja en evidencia al PSOE y asegura que sí ha negociado con ERC la reforma del delito de malversación, mientras los socialistas lo niegan
La reforma de los partidos que sostienen al Gobierno para forzar la renovación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al CGPJ está impregnada de excepcionalidad en fondo y forma, incluso en lo que toca a su puesta en escena. Hasta el punto de que el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha llegado a negar este viernes, ante preguntas de los periodistas, que las instituciones europeas vayan a reaccionar para frenar estos cambios, como espera el PP. Según López, Bruselas "no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir, en todo caso".
Precisamente, la advertencia de Bruselas ya llevó a los socialistas a dar marcha atrás en la reforma que presentaron en la Cámara Baja junto a sus socios, para reducir, de los 3/5 del hemiciclo a la mayoría simple, el umbral para designar a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, en su puesta en escena de este viernes, en pleno puente de la Constitución y a las puertas de las vacaciones de Navidad, López ha aprovechado para desviar el foco de esta reforma, y de la modificación del delito de malversación que reclama ERC, para incidir en la creación de un nuevo tipo delictivo de enriquecimiento ilícito para cargos públicos, que podrá aplicarse a quienes no justifiquen su enriquecimiento por encima del umbral de los 250.000 euros, hasta cinco años después de culminado su mandato.
El nivel de teatralización era tal que López negaba incluso negociaciones con ERC sobre la malversación, a pesar de que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció el martes que los republicanos reclamarían una modificación de este delito —vía enmienda a la proposición de ley que suprime el delito de sedición—, que escasos días antes todas las partes enfriaban. Han sido el portavoz y el presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos, Pablo Echenique y Jaume Asens, quienes han desmentido al propio López, reconociendo que sus socios sí han negociado con Esquerra Republicana esta polémica enmienda.
Y, en lo que toca al sentido de la reforma, los socios de Gobierno cerraban filas, incidiendo en que está justificada por la necesidad de desbloquear órganos que el PP paraliza, demostrando que "no tiene ningún sentido de estado", "ni ninguna cultura democrática". Ni siquiera entre las filas de sus socios escondían la excepcionalidad de esta actuación.
Sin embargo, mientras López veía absolutamente procedente la "urgencia" con la que han tratado esta modificación —para alejarla de las elecciones municipales y autonómicas de mayo—, Asens reconocía que el procedimiento escogido es "mejorable". Están recurriendo a una proposición de ley —evitando así requerir informes al CGPJ, al Consejo de Estado y a otros órganos— para retocar el Código Penal, pero también para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). "Se podía haber hecho mejor y con más tiempo", asumía, asegurando que esta modificación estaba entre los "deberes pendientes" de ambos grupos.
El PP confía en que Bruselas frene a Sánchez
Por su parte, el Partido Popular ha advertido de que la batalla será total. Alberto Núñez Feijóo comunicaba a través de un tuit que no solo presentarán recursos de inconstitucionalidad para frenar la "deriva autoritaria" de Sánchez, sino que llevarán el "sometimiento" del Poder Judicial a Europa. Fuentes de la cúpula de Génova confían en que Bruselas frene el "golpe" del Ejecutivo, y recuerdan que la Comisión ya frenó el "primer intento de asalto" del Ejecutivo, cuando amagó con rebajar la mayoría parlamentaria suficiente para renovar el Consejo General del Poder Judicial ante el bloqueo de las negociaciones. "El Gobierno se echó atrás por las presiones de Europa", zanjan fuentes de la dirección, que ven plausible que Bruselas reaccione del mismo modo, al menos en lo que atañe a la Justicia.
Los populares recuerdan que la Comisión de Venecia exige a los Estados miembro la participación del Poder Judicial en todas las leyes que le afectan, un extremo que no se cumple en la intención de Sánchez de forzar la entrada de sus dos magistrados en el Tribunal Constitucional sin que este pueda opinar sobre los requisitos de idoneidad, así como la pretensión de forzar al CGPJ a que desbloquee el nombramiento de los dos candidatos que le corresponden para el órgano de garantías, una decisión que lleva meses bloqueada por la falta de consenso entre el sector conservador y el progresista.
Génova no ha decidido aún cómo se materializará esa batalla jurídica, y aseguran que esperarán a conocer el texto que resulte de las enmiendas de ERC, PSOE y UP para dar consistencia legal a su ofensiva. "La Unión Europea debe defender que en este país se siga defendiendo el Estado de derecho", resumía Cuca Gamarra este viernes. "El PSOE ha convertido al legislador en un mercader de la ley", reiteraba.
El primer partido de la oposición ha elevado significativamente el tono contra el Gobierno, hasta el punto de hablar ya de "deriva autoritaria" y de "crisis constitucional" tras la última y polémica maniobra del Ejecutivo. "Nunca nadie se atrevió a llegar tan lejos", remachaba la secretaria general del partido. Los populares han llegado a equiparar, incluso, la última acción de Sánchez con el fallido golpe de Estado en Perú, con la diferencia de que allí se pudo parar los pies a Pedro Castillo. "Hay una gran diferencia, y es que con la entrada en vigor de esta ley, Sánchez quedaría impune. En Perú ha podido actuar el Estado de derecho", defendía Gamarra, en alusión en este caso a la rebaja de la sedición.
La UE toma nota del anuncio
La Comisión Europea está al tanto de la situación, pero por ahora solamente toman nota del anuncio. Christian Wigand, portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, ha señalado que la institución no hace “comentarios sobre anuncios”. Ahora los equipos de la vicepresidenta Vera Jourová y del comisario de Justicia, Didier Reynders, estudiarán la medida.
Lo que sí hace la Comisión es subrayar lo que ya apuntó en los sucesivos informes del Estado de derecho sobre España y que viene repitiendo en los últimos meses, que es que debe “desbloquearse el Consejo General del Poder Judicial” como una “prioridad”.
Porque el mensaje general de Bruselas es claro: la prioridad es desbloquear el CGPJ y la tendencia debe ser a dar poder a los jueces en el nombramiento de sus órganos de gobierno, no la contraria. Sin embargo, la situación en España se ha hecho difícil de gestionar para el Ejecutivo comunitario. Los partidos españoles en la Eurocámara bombardean con cartas y preguntas parlamentarias y todo el mundo busca que la Comisión se decante por ellos en el pulso nacional. Las fuentes comunitarias han insistido durante meses en que las cuitas internas no les interesan y no quieren verse envueltas en ellas: lo que quieren es el desbloqueo urgente del CGPJ.
La semana pasada el Partido Popular amagó con elevar a Bruselas la cuestión de los nombramientos del exministro Juan Carlos Campo y la antigua alto cargo de Moncloa, Laura Díez, al Tribunal Constitucional. Pero la Comisión Europea lo atajó rápidamente. “No es el único país en el que se produce esta situación”, explicó Didier Reynders, comisario de Justicia, en declaraciones a Europa Press, tras lo que añadió que “primero” debe abordarse la renovación del CGPJ “que permita hacer todos los nombramientos en el Tribunal Constitucional”.
La reforma de los partidos que sostienen al Gobierno para forzar la renovación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al CGPJ está impregnada de excepcionalidad en fondo y forma, incluso en lo que toca a su puesta en escena. Hasta el punto de que el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha llegado a negar este viernes, ante preguntas de los periodistas, que las instituciones europeas vayan a reaccionar para frenar estos cambios, como espera el PP. Según López, Bruselas "no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir, en todo caso".