El Gobierno convierte el Constitucional en el tribunal más político de su historia

Llueve sobre mojado en la renovación del Tribunal Constitucional, aunque, ahora, las primeras aguas de hace un año se han convertido en tormenta. El camino hacia la politización sin tapujos del órgano de garantías se completó este martes con la elección por parte del Ejecutivo de dos de sus miembros. La designación del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de Laura Diez, ex alto cargo de la Moncloa, supone un paso más en la progresiva polarización del órgano. Nunca antes un Ejecutivo había seleccionado a personas tan ligadas a la Moncloa. "Han roto una barrera", asegura el ala conservadora de la judicatura.

La decisión se suma a la de hace un año, cuando tanto el PSOE como el PP se decidieron por perfiles muy políticos para cubrir los últimos cuatro puestos, esos sí, pactados con la oposición. Las dos partes colocaron en el Tribunal de Garantías a señalados magistrados de la Audiencia Nacional, precisamente aquellos que habían simbolizado de forma histórica las posturas progresista y conservadora. Mientras desde el Ejecutivo incluyeron entre sus candidatos al juez Ramón Sáez Valcárcel, afín a Podemos y propuesto por los morados, el PP promovió a la presidenta de la Sala Penal, Concepción Espejel. También accedieron al Constitucional la jueza del TSJ andaluz Inmaculada Montalbán Huertas y el catedrático Enrique Arnaldo.

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Es inevitable comparar el caso con el polémico nombramiento como fiscal general del Estado de la exministra de Justicia Dolores Delgado. El Ejecutivo parece reproducir la misma actuación que entonces. Para tratar de justificar el movimiento, en la Moncloa señalan que no fueron ellos, sino los populares los que en el pasado se saltaron este tipo de prevenciones. Aseguran que el partido de Feijóo eligió hace años a un exdiputado, Andrés Ollero, y aupó a la presidencia a Francisco Pérez de los Cobos, militante del partido. En la parte contraria ven, sin embargo, un nuevo gesto dirigido a "colonizar" la Justicia. "Nadie duda de que los dos seleccionados tendrán hilo permanente con Pedro Sánchez", aseguran fuentes de los de Feijóo.

"Nadie duda de que los dos seleccionados tendrán hilo permanente con Pedro Sánchez", aseguran fuentes de los de Feijóo

El TC lleva meses siendo una prioridad absoluta para el Gobierno. La posibilidad de cambiar las tornas y establecer una mayoría progresista en el órgano tras años de dominio conservador ha sido durante el último periodo motivo de muchas de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. La última de ellas, la contrarreforma legislativa por la que el Ejecutivo se corrigió a sí mismo para permitir al Consejo General del Poder Judicial realizar los dos nombramientos que deben sumarse a los dos anunciados. El TC se renueva por tercios y ahora toca reemplazar de forma conjunta a cuatro magistrados salientes.

Son varios los asuntos pendientes de relevancia. La ley del aborto, recurrida por el PP hace más de una década, la de la eutanasia, la última reforma educativa liderada por la ministra Celaá y la propia reforma de la ley del Poder Judicial, que mantiene al Consejo sin capacidades para poder designar magistrados para el Supremo y los tribunales superiores de Justicia, son solo algunos de ellos.

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Con el gesto de este martes, en la Moncloa también evidencian que se han hartado de esperar al Consejo. La decisión de los vocales sigue embarrancada y, tras las últimas reuniones entre los dos bloques, progresista y conservador, el horizonte quedó fijado para el 22 de octubre. Este último sector sigue sin definir un candidato aunque apoya al instructor del procés Pablo Llarena. Mientras, los más cercanos a la izquierda han propuesto al magistrado del Supremo José Manuel Bandrés.

Con la renovación, el actual presidente, Pedro González Trevijano, abandonará el TC con su mandato finalizado y tendrá que ser sustituido. Por primera vez en años, los números darán mayoría al sector más cercano a los postulados de izquierda. De 12 miembros, al menos siete serán progresistas, sumando a los actuales los dos que nombre el Gobierno y uno de la cuota del CGPJ. Como es tradicional, aspiran a presidir aquellos magistrados que se encuentran en el último tercio de sus mandatos, situación que comparten los dos principales aspirantes a la nueva presidencia: Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Gran parte de las posibilidades de uno u otro dependerán de los cuatro nombres de los magistrados que accedan al TC y de si deciden decantarse por ella o por Pumpido.