Vocales conservadores del CGPJ niegan estar incumpliendo la ley del TC: "No es aplicable"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sobrepasado la fecha límite impuesta por el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional. La reforma legislativa del Ejecutivo los obligaba a nombrar a dos candidatos antes del 13 de septiembre, pero la posición de ocho vocales del bloque conservador ha impedido alcanzar un acuerdo antes de la medianoche de este miércoles. "Tienen que cumplir con la legislación vigente", advertía este mismo martes la ministra de Justicia, Pilar Llop, en rueda de prensa. Pese a ello, los miembros consultados por El Confidencial inciden en que la nueva ley "no es aplicable" a la actual renovación del tribunal. Aseguran también que, con la legislación vigente, la eventual infracción del plazo no produce ningún efecto jurídico.

Las fuentes consultadas precisan que la cuestión se trató incluso en el pleno celebrado el pasado día 8, en el que se fijaron las bases del procedimiento. Uno de los presentes cuestionó que la reforma afectara al actual proceso de elección por un defecto técnico que calificó como claro: la ley no incluía una disposición transitoria que permitiera su aplicación a un procedimiento que legalmente ya debía entenderse como iniciado.

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Se refirió a los tiempos seguidos por el Gobierno al reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La obligación de proponer a los candidatos antes de este miércoles se ha establecido a través de una modificación del artículo 599, que ahora señala que "tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior". Como el mandato de los magistrados del Constitucional que deben ser sustituidos llegó a su fin el 13 de junio, el Gobierno fijaba así en el 13 de septiembre la línea roja. La tesis de los que dudan de sus efectos es que la reforma llegó demasiado tarde.

Su razonamiento es simple y se centra en otra fecha: el 29 de julio, cuando la reforma entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Según argumentan, el proceso de renovación de los magistrados ya estaba en marcha al menos desde que expiró su mandato, el 13 de junio, por lo que la modificación del mencionado artículo, que marca unos tiempos distintos, carece de efecto, al no incluir esa disposición en la que se precisaran sus efectos retroactivos. En otras palabras: no puedes modificar las reglas de una renovación cuando la misma ya está en marcha.

La exposición del vocal se centró para ello en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: "Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del tribunal solicitará de los presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos magistrados que inicien el procedimiento para ello".

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Otros vocales consultados inciden a su vez en que el "incumplimiento de los plazos de la Administración es irrelevante, salvo a efectos de caducidad o prescripción", excepción que no se da en este caso, lo que, según argumentan, deja en papel mojado el 13 de septiembre como fecha límite. Hay quien apunta, también, que la propia norma no prevé consecuencias jurídicas si se produce un incumplimiento del plazo fijado.

Sin efectos

Más allá del propio CGPJ, otros juristas consultados también advierten de que saltarse esta línea roja carece de efecto. Tal y como destacan, el propio CGPJ también debe renovarse cada cinco años por parte de las cámaras legislativas y, pese a que el mandato de los actuales vocales caducó en diciembre de 2018, sus presidentes ni siquiera han iniciado el correspondiente trámite. "No va a pasar nada por el hecho de que no hayan nombrado antes del 13 de septiembre. Es una simple presión política", resumen.

Otros juristas, sin embargo, centran sus críticas precisamente en esa idea, en el hecho de que el Gobierno haya sacado adelante una "presión política" contra el CGPJ mediante una reforma legislativa, una argumentación que les lleva a cuestionar la legalidad de la misma. Señalan que el sistema constitucional español se basa en el equilibrio de poderes, no en el sometimiento, y recalcan que no existe subordinación de un poder sobre otro.

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El propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que siempre ha defendido la obligación de los vocales de culminar el procedimiento, destacó de forma pública hace una semana que un retraso no tendría relevancia alguna siempre que se acaben produciendo los nombramientos. También destacó la "dificultad" de cerrar designaciones que necesitan un apoyo tan amplio como este.

Por el momento, el CGPJ está cumpliendo las previsiones. Los contactos entre los dos bloques, conservador y progresista, han arrancado a ritmo muy lento. Tras una primera cita entre los sectores para sentar las bases de la negociación, representantes de ambas partes celebrarán un encuentro informal por videoconferencia el próximo viernes para medir las posibilidades de acuerdo.