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Sánchez ultima el golpe final al poder judicial para forzar el vuelco progresista en el TC
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Nueva reforma legislativa

Sánchez ultima el golpe final al poder judicial para forzar el vuelco progresista en el TC

El Ejecutivo pretende poner un plazo de días al CGPJ para que, sin mayoría cualificada, designe a los dos candidatos que debe nombrar, y amenaza a los vocales con responsabilidades penales

Foto: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/José Manuel Pedrosa)
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/José Manuel Pedrosa)

El Gobierno prepara una nueva reforma que le permitirá despejar de un plumazo todos los obstáculos que aún se le plantean para lograr dar ya un vuelco progresista al Tribunal Constitucional. A través de varias enmiendas a la reforma del Código Penal que tramita en la actualidad el Congreso de los Diputados con el objetivo de eliminar la sedición, y que serán registradas este viernes por PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo pretende poner un plazo de unos días al Consejo General del Poder Judicial para que, sin mayoría cualificada, designe a los dos candidatos que debe nombrar. De forma paralela, despeja la posibilidad de que el TC rechace la entrada de los dos magistrados que ya ha elegido, forzando el nombramiento oficial e inmediato del exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, su otra seleccionada.

Como ha adelantado elDiario y ha confirmado El Confidencial, los de Pedro Sánchez preparan una batería de medidas que intenta no dejar nada al azar. Por una parte, provocará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para exigir que el Consejo proponga candidatos en un plazo máximo de cinco días y obligar a que, en tres más, se celebre el pleno para ejecutar los nombramientos, que se harán por mayoría simple. Los dos que más votos obtengan serían así los elegidos. Además, amenaza a los vocales con responsabilidades "penales" si no cumplen esos plazos. La advertencia se reflejará en un aviso en el que se advierte de que, en caso de incumplimiento, podrán incurrir en delitos de prevaricación o desobediencia.

Este viernes, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el portavoz del PSOE, Patxi López, ha defendido que esta reforma persigue "desbloquear la renovación de los órganos judiciales, garantizando el cumplimiento de la Constitución", devolver la "normalidad" a las instituciones, en las que se está produciendo un "bloqueo intolerable". Siempre, en respuesta al rechazo del PP a renovar el CGPJ: "Tenemos un PP fuera de toda realidad democrática", "un PP antisistema" y "sin sentido de Estado". López recordaba incluso que con su reforma suprimen "el trámite de verificación previa" en lo que toca a los candidatos propuestos por el Ejecutivo para el TC, porque "no tiene ningún sentido que los miembros de ese órgano tengan capacidad de bloquear los nombramientos que corresponden al Gobierno".

Incluso ha asegurado que Bruselas "no va a tener nada que decir de esto, más que aplaudir, en todo caso". Sus socios de Unidas Podemos, Pablo Echenique y Jaume Asens, secundaban esta actuación, y sólo Asens reconocía que el método escogido para tramitar estas reformas era mejorable: "Se podía haber hecho mejor y con más tiempo", asumía, justificando estas enmiendas afirmando que son "deberes pendientes que habían quedado ahí".

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Raquel Manzanares) Opinión

Esta reforma modificará la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para despejar el camino a la entrada directa de Campo y Díez. Elimina la necesidad de verificación previa por parte del propio TC de la idoneidad de los candidatos ante las dudas de que la mayoría conservadora no diera su luz verde y se garantiza también que puedan acceder sin esperar al nombramiento de los dos del Consejo, es decir, por sextos y no por tercios.

La nueva reforma que afecta al poder judicial, la tercera en el plazo de solo unos meses, se ha diseñado para forzar que el Constitucional se renueve y pase a contar con mayoría progresista y un presidente de ese mismo signo durante este mes de diciembre. El panorama que se planteaba tanto en el CGPJ como en el TC hacía temer al Ejecutivo nuevas dilaciones que no estaba dispuesto a permitir.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un homenaje a la escritora Almudena Grandes este lunes en el Ateneo de Madrid. (EFE/Zipi)

El redactado de las enmiendas no deja margen a la interpretación. Los vocales del Consejo propondrán a la presidencia "candidatos a magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional", en esos cinco días establecidos. Cada uno solo podrá proponer un candidato. Cerrado ese periodo y en tres días más, el presidente del órgano —ahora Rafael Mozo— “tendrá la obligación de convocar un pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados”. "Dicho pleno —añade la enmienda— se celebrará en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria", indica la redacción que ha reproducido elDiario.

En cuanto a lo que afecta al propio TC, el Ejecutivo plantea que se ejecute sin dilaciones "la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional". Con esta redacción, se garantizan la entrada directa de Campo y Díez. Además, deja en manos del Congreso, Senado, CGPJ y Gobierno la comprobación de la idoneidad de los candidatos, eliminando así el obstáculo del pleno que hasta ahora celebraba el Constitucional.

Foto: Pilar Llop, Isabel Rodríguez y Félix Bolaños en rueda de prensa. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Suprimir el delito de sedición ya ha sido polémico; abrirse a reformar el delito de malversación ad hoc, pensando en los dirigentes del procés, ha levantado ampollas incluso entre las filas socialistas, y ahora PSOE y Unidas Podemos se disponen a acometer estos cambios en la LOPJ a través de la proposición de ley que sustituye el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados.

Las enmiendas se añaden a la tormenta levantada en los últimos días por la eliminación de la sedición, por exigencia de ERC, y la rebaja de la malversación que se estudia aceptar por exigencia también de Esquerra. Todas las novedades se incluyen en el mismo trámite y se aprobarán en los próximos días, justo a las puertas de la Navidad.

Foto: Laura Díez en una imagen de archivo de 2020. (Pool/La Moncloa/JM Cuadrado)

Impulsar estos cambios a través de un proyecto de ley habría obligado a requerir los informes no vinculantes del CGPJ o el Consejo de Estado, entre otros organismos consultivos, y habría dilatado varios meses unos plazos que para el Gobierno, en particular para el PSOE, deben ser cortos, vista la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales y el previsible coste electoral de lo que la oposición, y varios barones socialistas, consideran una cesión ante los independentistas catalanes.

En octubre de 2020, PSOE y Unidas Podemos ya registraron una ley para rebajar las mayorías para que las Cortes Generales eligiesen a los vocales del CGPJ. Bruselas criticó entonces que pasaran de los tres quintos que marca la LOPJ a una mayoría simple (con apoyo de la mitad de los grupos de la Cámara) para elegir al órgano de gobierno de los jueces. Los socialistas, entonces, decidieron dar marcha atrás en lo que toca a la elección del CGPJ, pero sí tramitar las modificaciones que le restaban la capacidad de realizar nombramientos.

Foto: El pleno del Consejo General del Poder Judicial. (EFE)

Poco más de un año después de aprobar estos cambios, en junio de 2022, el Gobierno se autoenmendó para impulsar una nueva reforma que impusiera plazos para que el CGPJ nombrase a los dos magistrados del TC que le correspondían. El plazo venció en septiembre. Fuentes del Ejecutivo han reconocido desde entonces su impaciencia y su malestar por la parálisis del CGPJ, pero también lamentaron no tener más instrumentos para actuar. Si la reforma que propondrán este viernes ve la luz, los tendrán.

El Gobierno prepara una nueva reforma que le permitirá despejar de un plumazo todos los obstáculos que aún se le plantean para lograr dar ya un vuelco progresista al Tribunal Constitucional. A través de varias enmiendas a la reforma del Código Penal que tramita en la actualidad el Congreso de los Diputados con el objetivo de eliminar la sedición, y que serán registradas este viernes por PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo pretende poner un plazo de unos días al Consejo General del Poder Judicial para que, sin mayoría cualificada, designe a los dos candidatos que debe nombrar. De forma paralela, despeja la posibilidad de que el TC rechace la entrada de los dos magistrados que ya ha elegido, forzando el nombramiento oficial e inmediato del exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, su otra seleccionada.

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