Moncloa justifica su "derecho" a maniobrar en el Constitucional y ataca al CGPJ por el bloqueo

El Gobierno ha justificado el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a Laura Díez, ex alto cargo de la Moncloa, dentro del cupo de dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional, por la situación del "bloqueo" en el Consejo General del Poder Judicial. Una decisión "obligada", pese a que no ha esperado a que el CGPJ nombrase a los dos que le corresponden. "Estamos en diciembre, han pasado demasiados meses" desde que caducó el mandato el pasado mes de junio, apuntaba el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños reconocía que al Ejecutivo le hubiese gustado una renovación conjunta, como marca la Constitución, pero defendiendo que "el Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión". Al mismo tiempo, ha urgido al CGPJ a que siga sus pasos y ha cargado contra los magistrados conservadores del órgano de poder de los jueces acusándolos de "no cumplir la ley ni la Constitución".

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El titular de Presidencia asegura "no tener duda" de que la decisión es constitucional. Según su interpretación, la Constitución obliga tanto a renovar por tercios el órgano de garantías como a que el Ejecutivo realice sus nombramientos. Bolaños reconocía que "se podrá interpretar", pero escudándose en una sentencia del TC de noviembre de 2016, que resolvió que, cuando un órgano tenga la obligación de realizar nombramientos, estos no se pueden retrasar. Se refiere a una sentencia en la que se avaló a que el Congreso hiciese los nombramientos que le correspondían para el CGPJ sin que lo hiciese al mismo tiempo el Senado.

El paso adelante del Ejecutivo, tras venirse aplazando esta decisión, supone una renovación por sextos en contradicción con el artículo 159.1 de la Constitución que la prevé por tercios. No es la única polémica de estos nombramientos, puesto que los elegidos generan dudas jurídicas sobre si tendrían que abstenerse en los recursos de inconstitucionalidad de las leyes del Gobierno o, por lo menos, en las que participaron ostentando sus cargos, como serían la ley de eutanasia o la reforma laboral.

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Para Bolaños, sin embargo, los nombramientos cumplen con los requisitos legales y técnicos marcados y se trata de perfiles "acreditados". La decisión del nombramiento de Campo incluso se ha calificado como "absolutamente idónea". La misma idoneidad, según remarcó, que la de los dos anteriores magistrados nombrados por el PP a los que ahora se sustituye: Pedro González Trevijano y Antonio Narváez.

La iniciativa del Gobierno para voltear ya las mayorías en el órgano de garantías hacia el lado progresista amenaza con generar una crisis institucional si el TC, como ya ha advertido, convoca un pleno para examinar la idoneidad de los nombrados. Se podría entender que no son idóneos para tomar posesión de su nueva responsabilidad si no lo hacen de forma simultánea con los que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial. Una hipótesis que desechan desde el Gobierno, confiando en que el Tribunal de Garantías se limite a "verificar formalmente" que los nombres propuestos "cumplen con los requisitos de idoneidad que la ley pide".

El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, se ha desmarcado de estos nombramientos. Se considera un nombramiento unilateral por parte de la parte socialista del Ejecutivo, sin avisar a sus socios de Gobierno, y cuando son dos perfiles claramente vinculados al PSOE. Fuentes de Unidas Podemos han criticado que conocieron los dos nombres de madrugada, y han afeado a sus socios que propongan a un exministro de Justicia (Juan Carlos Campo) y a una ex alto cargo en la Moncloa (Isabel Díez), cuando en su día vetaron la propuesta de UP para que Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, fuera vocal del CGPJ.

El Gobierno confía en que el TC se limite ahora a "verificar formalmente" que los nombres propuestos "cumplen con los requisitos"

Desde el PP han cargado contra la elección del Ejecutivo. "No es que tenga sesgo o ideología, es que son miembros de un poder del Estado haciendo entrismo en otro poder del Estado", criticaba el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, precisamente el negociador al que Alberto Núñez Feijóo encargó desatascar con el Gobierno la renovación del CGPJ, un intento que, de nuevo, saltó por los aires. Durante una entrevista para Onda Cero, el dirigente popular ha advertido que la Unión Europea va a "explorar" lo que ha calificado como un nuevo "golpe" a la "separación de poderes". El titular de Presidencia ha defendido que la decisión cumple la Constitución y que los miembros elegidos son "idóneos".

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Las tensiones entre los socios se avivaron este martes a las puertas de la celebración del Consejo de Ministros. Tanto por las diferencias en leyes que se han aprobado como en las que han sido retiradas a última hora del orden del día. Hasta última hora de anoche se estuvo negociando el texto del anteproyecto de la ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Sin éxito. El Ministerio de Justicia, proponente de la norma, no aceptó incluir la mayoría de las propuestas del Ministerio de Igualdad, según fuentes del departamento que dirige Irene Montero.

Tras este infructuoso intercambio de documentos, el Ministerio de la Presidencia retiró a última hora del orden del día el anteproyecto de la ley de familias. Rematada la reunión, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha acusado al PSOE de boicotear leyes “de avances sociales”, y se ha mostrado preocupado por estos “bloqueos”, deslizando que pueden obedecer a un “cálculo electoral”. “Estamos viendo demasiadas señales de que, tras la aprobación de los presupuestos, el PSOE está llevando a cabo bloqueos de una serie de leyes de avances sociales que son importantes para la ciudadanía y el Gobierno”, afirmó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.