La ley contra la trata abre otro frente entre el PSOE e Igualdad tras el choque en la ley trans

Los conflictos se superponen entre los socios del Gobierno con el Ministerio de Igualdad como punto de intersección. Tras el choque por la ley trans entre el PSOE y el departamento que dirige Irene Montero, amenazando con hacer descabalgar la norma en su tramitación parlamentaria, la ley integral contra la trata abre un nuevo frente. La tregua decretada por Pedro Sánchez para alejar la polémica del solo sí es sí ha quedado rápidamente enterrada, mientras se recrudece la fractura dentro del Gobierno por la batalla feminista.

Este martes se llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos, según ha anunciado Pedro Sánchez a mediodía durante un acto de homenaje a Almudena Grandes. Sin embargo, desde Igualdad matizan que todavía quedan flecos pendientes por cerrar en una norma por cuya autoría ya se pugnó con el Ministerio de Justicia.

Las cuestiones todavía pendientes de negociar, a pocas horas de que pase por la Mesa del Consejo de Ministros, son las relativas a los requisitos y la letra pequeña para obtención de residencia por parte de las víctimas de trata y los sistemas de acreditación. Los morados presionan para ampliar el catálogo de acceso a derechos, como vivienda o trabajo, pero también a los relativos a ayudas como el ingreso mínimo vital, y acotar los plazos para esta regularización administrativa.

Para Podemos es imprescindible fijar estos asuntos en la ley contra la trata antes de desbloquear la ley de abolición de la prostitución, impulsada por los socialistas en el Congreso. Una norma en la que pretenden plantear cambios para poner el foco en la industria proxeneta y sortear la prohibición a las mujeres que ejerzan la prostitución. La acumulación de pulsos con el telón de fondo de la bandera del feminista se está precipitando en los últimos días. La ley del solo sí es sí está en el aire, a la espera de la revisión de sentencias por parte del Supremo, mientras que la ley trans amenaza con encallar por la falta de acuerdo.

Los socialistas se niegan a retirar su enmienda para que el cambio de género en los menores de entre 12 y 16 años se supedite a una autorización judicial, uno de los puntos más polémicos del texto. Igualdad, por su parte, se opone a tocar este punto de la ley y avisa que su modificación solo podrá llevarse a cabo si los socialistas lo pactan con el PP. Esto últimos, sin embargo, no ven suficiente el cambio propuesto por el PSOE y reclaman que para el cambio registral sea preciso un diagnóstico médico previo.

Para el PSOE es una máxima dotar a la norma de “seguridad jurídica”. Como explicaba esta mañana la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el principal objetivo de sus enmiendas pasa por “preservar la seguridad jurídica de los menores”. Un punto en el que no pretenden ceder. Se trata de una cuestión “que a nadie se le escapa que es imprescindible preservar, cualquier otra consideración me parece fuera de lugar”, se encargaba de responder a la titular de Igualdad. Unas horas antes, durante una entrevista en TVE, Irene Montero alertaba que PSOE y PP "pueden intentar imponer un recorte de derechos" en esta norma.

La dirigente de Podemos subrayaba su preocupación acusando a los socialistas de llevar la ley a una tramitación "muy difícil". Desde el grupo socialista confían en desencallar este punto en el que todavía no hay acuerdo con sus socios, rechazando negociar con el PP. Las críticas de la ministra de Igualdad las enmarcan en un ánimo por mantener la tensión tras la ley del solo sí es sí y resaltar su liderazgo en su particular enfrentamiento con Yolanda Díaz respecto al papel de los morados en su futura plataforma electoral.

Se confía así en alcanzar un acuerdo para desbloquear la norma, que también ha dividido al movimiento feminista, antes de final de año. En lo que sí ha habido acuerdo es en los otros dos puntos enmendados por el PSOE. Los relativos a la reversibilidad y la equiparación de la violencia intragénero con la violencia machista. Para lo primero se incluye un apartado en el artículo 42 de la ley donde se estipula que "podrán volver a solicitar el cambio registral de dicha mención obteniendo aprobación judicial". En el caso de los menores, se elimina de la norma la parte del artículo 38 donde se recogía que "las personas menores de dieciséis años y mayores de catorce podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales".

Por otra parte, se busca eliminar de la ley la equiparación de la violencia intragénero con la violencia machista. El artículo 65, relativo a las medidas de protección, se limitaría a referirse a "la violencia en el ámbito familiar". Desde las filas socialistas defienden que sus enmiendas se centran en garantizar una mayor seguridad jurídica a la ley, sobre todo en lo referente a los menores, para evitar recursos de inconstitucionalidad. En esta línea, argumentan que no se toca la autodeterminación de género y "no se permite ningún retroceso". Precisamente, estos fueron algunos de los puntos que llevaron a los populares a recurrir en los tribunales la ley catalana de transexualidad, cuyo fallo se espera a corto plazo.