El PSOE se queda solo con las enmiendas a la ley trans: no atrae ni a Podemos ni al PP

Las enmiendas a la ley trans del PSOE no han convencido ni a sus socios de Gobierno ni a la oposición conservadora. Tampoco colman todas las expectativas del sector crítico dentro del partido, aunque facilita el consenso dentro de sus filas. El denominado feminismo clásico, con la exvicepresidenta Carmen Calvo como principal cara visible, forzó el bloqueo de la norma por su oposición a la autodeterminación de sexo. Los socialistas prevén introducir cambios para que el cambio de género en los menores de entre 12 y 16 años se supedite a una autorización judicial, uno de los puntos más polémicos del texto. Sin embargo, no es suficiente para llegar a un acuerdo con el PP, que demanda un diagnóstico médico como requisito para el cambio registral, con la oposición de Unidas Podemos. Con todo, fuentes parlamentarias de los morados avanzan que, con estos cambios, al PSOE "no le va a quedar otra" que "pactar con la derecha".

Desde el Ministerio de Igualdad evitan dinamitar los puentes hasta que oficialmente se registren las enmiendas y puedan valorarlas. De momento, se trata de preenmiendas trabajadas internamente entre los responsables de Igualdad dentro del grupo parlamentario socialista. En lo que sí ponen el foco estas mismas fuentes es en que se desbloquee la tramitación tras ampliarse el plazo para presentarlas. "Lo más urgente es cerrar un calendario de tramitación que permita culminar la ponencia el próximo 18 de noviembre para que la ley esté aprobada a finales de año", concluyen. Con todo, Irene Montero ya advirtió públicamente: "No vamos a aceptar ni un solo retroceso respecto a la ley pactada".

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Los socialistas ponen el foco de sus enmiendas en la reversibilidad del cambio registral y en la autodeterminación de género de los menores. En ambos casos se precisará de una autorización judicial. Para lo primero se incluye un apartado en el artículo 42 de la ley donde se estipula que "podrán volver a solicitar el cambio registral de dicha mención obteniendo aprobación judicial". En el caso de los menores, se elimina de la norma la parte del artículo 38 donde se recogía que "las personas menores de dieciséis años y mayores de catorce podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales". También quedaría fuera la parte donde se añade que "en el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras o representantes legales, entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor judicial".

La redacción definitiva, según la enmienda del PSOE, quedaría así: "Las personas menores de dieciséis años y mayores de doce podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo". En el texto aprobado por el Consejo de Ministros, la autorización judicial se limitaba a los menores de entre 12 y 14 años. Otro de los aspectos que los socialistas buscan eliminar de la ley es la equiparación de la violencia intragénero con la violencia machista. El artículo 65, relativo a las medidas de protección, se limitaría a referirse a "la violencia en el ámbito familiar". Desde las filas socialistas defienden que sus enmiendas se centran en garantizar una mayor seguridad jurídica a la ley, sobre todo en lo referente a los menores, para evitar recursos de inconstitucionalidad. En esta línea, argumentan que no se toca la autodeterminación de género y "no se permite ningún retroceso". En definitiva, "mejorar la ley y hacerla más robusta".

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Sin el apoyo de morados ni populares a estas enmiendas, la ley trans podría salir adelante en el Congreso, pero sin muchos de los cambios que defenderán los socialistas. Otros socios del Ejecutivo, como ERC o Más País, tampoco son favorables a elevar la edad de los menores que no necesiten autorización judicial para el cambio. Desde la formación liderada por Íñigo Errejón han promovido también una enmienda con el objetivo de incluir las terapias de conversión en el Código Penal. Se trataría así de convertirlas en un delito en lugar de una infracción administrativa, sancionada solo con multas.

El PP, en contra de despatologizar

Pese a que con su propuesta de enmiendas el PSOE endurecería la ley trans respecto a su redacción original, los socialistas siguen sin convencer al PP. Para el Grupo Popular, la clave de bóveda es el propio concepto de autodeterminación de género y su rechazo al "borrado de las mujeres", en línea con la corriente feminista más clásica. Pero entrando en los aspectos concretos de la norma, para el PP resulta fundamental "la falta de seguridad de los menores", un asunto en el que prometen "dar la batalla".

Para el PP es insuficiente que el cambio registral esté amparado por una decisión judicial, y exigen que exista un diagnóstico médico. "Los menores son menores por algo. No puede ser que un menor vaya a un médico a decir que quiere hormonarse y, al mismo tiempo, obligar a que ese proceso se despatologice, o que vaya al registro civil y cambie su inscripción y seis meses después vuelva y lo cambie sin consejo psicológico o médico", fijan. En el partido observan, además, que el plan del PSOE para exigir autorización judicial ante un cambio registral conlleva riesgos, ya que si se solicita una reversibilidad por un cambio de opinión "a los pocos meses", existirán más trabas para 'volver' al sexo original. A juicio de los populares, este punto es una "profunda equivocación" y no apoyarán la enmienda socialista.

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En suma, el PP avala que los mayores de 16 años puedan solicitar un cambio de sexo, pero siempre con la autorización de los progenitores y con un diagnóstico médico, al menos hasta que se alcance la mayoría de edad. En general, los populares enmendarán toda referencia a la "orientación de género" o "expresión de género" al discrepar sobre el uso de este tipo de terminología. Denuncian que se mezcle en el mismo proyecto de ley a personas trans con el colectivo homosexual cuando "no tienen la misma problemática". "El texto es caótico y poco jurídico", lamentan.

El único punto que sí parece acercar a PSOE y PP es el referente a la eliminación de la equiparación de la violencia intragénero con la violencia machista. Este y otros puntos llevó a los populares a recurrir en los tribunales la ley catalana de transexualidad, cuyo fallo se espera en el corto plazo. De resultar favorable, entienden en el PP que tendrían legitimidad para valorar un recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley Montero, con el que ya juguetean en las filas del partido. "Lo que la ley trans establece en torno a la categoría 'sexo' y las modificaciones en el registro civil son de un calado que el recurso parece obvio", sentencian, aunque las mismas fuentes reconocen que el asunto aún no se ha tratado con Feijóo. El líder nacional sí se ha comprometido a derogar la norma si logra llegar al Gobierno.