El PP buscará al PSOE para enmendar la ley trans y abrir otra brecha con Podemos

Casi un año después de que el texto entrase por primera vez en el Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado este lunes la nueva y polémica ley trans, que pasará ahora al Congreso de los Diputados para su correspondiente debate parlamentario, sin modificar un ápice el punto más controvertido: la introducción de la autodeterminación de género en la legislación española, que permitirá a una persona cambiar oficialmente de sexo a partir de los 16 años sin consentimiento paterno ni autorización médica. El cambio de liderazgo en el Partido Popular no ha traído consigo, al menos de momento, una modificación en el posicionamiento al respecto de una ley que, a su juicio, incentiva "el borrado de las mujeres" y enmendarán su contenido en las Cortes.

En el grupo parlamentario popular se mantienen firmes y abonarán su rechazo frontal a la autodeterminación de género en los términos esgrimidos por el Ministerio de Igualdad, una postura que sostienen en el amparo de asociaciones de médicos, colectivos feministas y del propio CGPJ, que el pasado mes de abril aprobó por unanimidad un informe crítico sobre el anteproyecto de ley impulsado por el departamento de Irene Montero. Voces autorizadas de los populares en el Congreso aseguran que su postura es compartida por importantes sectores socialistas, que advierten de que el texto de Irene Montero amenaza a la mujer como "sujeto político" y pone en peligro a los menores de edad.

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"Que se tomen decisiones que pueden ser irreversibles a una edad tan temprana puede tener graves consecuencias para los menores", insisten en las filas populares, donde las fuentes consultadas creen que la tramitación parlamentaria del proyecto abrirá una nueva brecha entre PSOE y Unidas Podemos. El planteamiento de los populares pasa por atraer a los socialistas hacia algunos de sus postulados para incorporar cambios en la ley vía enmienda, especialmente en lo relativo a la edad de los menores que pueden solicitar un cambio de sexo y en el consentimiento paterno, lo que abriría una nueva grieta en el seno de una coalición que ya ha librado tensas batallas internas por el debate sobre la autodeterminación de género.

En el primer partido de la oposición se alinean con el informe crítico que aprobó el CGPJ hace unos meses, en el que proponía, por ejemplo, elevar a los 18 años la edad mínima para solicitar la rectificación de la mención registral relativa a su sexo sin autorización paterna, y reclamaba un mayor control en el caso de los menores de 16. En el caso del proyecto de ley aprobado en la víspera del Día Internacional del Orgullo, los jóvenes podrán optar a un cambio de sexo sin testigos ni autorización a partir de los 16 años, pero el proceso puede comenzar a partir de los 12 años, aunque en ese caso sí se exigiría una intervención judicial.

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El órgano de gobierno de los jueces pedía, además, que se respetasen las terapias de conversión en situaciones en que se cuenta con el consentimiento del afectado —la ley trans las borra por completo—, y alertaba de la posibilidad de estar incurriendo en discriminación sobre las "mujeres no transexuales". El Gobierno no ha incluido finalmente las observaciones del CGPJ en el borrador final, cuyo objetivo final pasa por garantizar los derechos de las personas trans y evitar la discriminación del colectivo LGTBi, una norma que cuenta con el apoyo de esta última comunidad y con el rechazo frontal de sectores del feminismo clásico.

En la dirección nacional de Génova, aseguran que el PP debe hacer aún una "reflexión en profundidad" sobre los pormenores de una ley cuyo contenido aún no conocen al detalle, y mantienen la incógnita sobre si presentarán o no un recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de deshacer la nueva normativa del Ejecutivo. Hace un año, entonces bajo el mando de Pablo Casado, el PP 'congeló' toda acción judicial respecto a la ley trans y fio cualquier decisión al respecto a la propia evolución del debate parlamentario, convencidos de que la parte socialista del Gobierno enmendaría algunos de los puntos fundamentales que defiende Unidas Podemos y que genera importantes fricciones dentro del PSOE.

El PP mantiene su posición sobre el aborto

El PP ya ha enmendado en otras ocasiones políticas de un marcado corte social en los tribunales. Lo hicieron con la ley de matrimonio homosexual y, más recientemente, con la de eutanasia, al entender que iba en contra de la protección del derecho fundamental de la vida. Pero uno de los recursos más polémicos fue el que presentó el PP en 2010, cuando llevó ante el Tribunal Constitucional la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero y cuya sentencia lleva más de una década encallada por la falta de acuerdo entre magistrados conservadores y progresistas.

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Doce años después, el PP de Alberto Núñez Feijóo evita enmendar la posición que adquirió el partido entonces liderado por Mariano Rajoy y no retirará el recurso a la espera de que el tribunal de garantías se pronuncie. A la luz de la polémica sentencia del Tribunal Supremo de EEUU, que ha revocado la garantía sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, aseveró este lunes que el nuevo equipo popular "no ha cambiado" su posición respecto al aborto y avanzó que espera que "prospere" su recurso en el Constitucional contra la ley de plazos vigente que, entre otras cuestiones, contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo de forma voluntaria durante las primeras 14 semanas de gestación.

Sin embargo, consciente de que el asunto del aborto es especialmente delicado en el PP por las grandes divisiones internas que suscita el tema —Alberto Ruiz-Gallardón dimitió cuando Mariano Rajoy se negó a derogar la ley de plazos cuando llegó al Gobierno—, Pons evitó valorar la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y se desmarcó de la manifestación provida que se celebró el pasado domingo en Madrid, y que sí contó con la participación del presidente de Vox, Santiago Abascal. "El PP dio libertad a sus militantes para asistir o no a la manifestación", aseguró.