El PP recurre al TC la ampliación de la ley catalana contra la violencia machista

El Partido Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra cuatro artículos recogidos en la modificación de la ley catalana de violencia machista de 2008, aprobada en diciembre del año pasado en el Parlament (ley 17/2020), y que incluía novedades respecto a las personas trans o la definición del “consentimiento expreso”. Dos de las cuestiones más polémicas también en el ámbito nacional, que han llevado a duros enfrentamientos entre PSOE y Unidas Podemos por las dos grandes leyes que prepara el Ministerio de Igualdad.

Los populares, a través del Grupo Parlamentario en el Congreso (al superar los 50 diputados, pueden recurrir leyes autonómicas al Tribunal Constitucional) presentaron la semana pasada su escrito, al que ha tenido acceso este diario, en el que denuncian que varios artículos de la ley 17/2020 —que modifica la ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista— “innovan o directamente contravienen” leyes orgánicas vigentes y competencias exclusivas del Estado. La reforma fue aprobada en la Cámara autonómica por unanimidad de los grupos parlamentarios y tiene su origen en una proposición de ley impulsada por En Comú Podem, el partido de Ada Colau, un año antes.

En concreto, los populares aseguran que el artículo 1 de la ley autonómica desnaturaliza el concepto 'sexo' presente en el ordenamiento jurídico, y que constituye un elemento esencial en la ley de violencia de género de 2004, e incluso en el Código Penal. La reforma de la ley catalana incorpora en su redacción que todas aquellas referencias a las mujeres previstas en la normativa “incluyen también a las que son transgénero: niñas, adolescentes y mujeres”.

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Según el PP, se establece “una distinción entre mujeres transgénero y mujeres que no lo son, diferenciación incompatible con nuestro ordenamiento jurídico”, apuntan. Insisten en que a día de hoy “las dos categorías sexuales que la Constitución reconoce de forma expresa son el hombre (sexo masculino) y la mujer (sexo femenino)”.

De ahí que el recurso ponga de manifiesto que “el sexo existe como realidad con protección jurídica”, sin perjuicio de que “la transexualidad ha sido reconocida como fenómeno social desde hace años” (tal y como recoge la ley 3/2007 que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas). Para el PP, la nueva ley catalana implica riesgos importantes, teniendo en cuenta que recoge con total claridad que su vocación es “reforzar y actualizar” la ley de 2008, así como "proteger los derechos de las mujeres transgénero y cisgénero, además de las personas no binarias".

El grupo que lidera Cuca Gamarra en la Cámara Baja asegura que esa pretensión de ampliar el espectro de protección a aquellas mujeres “que no hayan rectificado su sexo” conforme a las opciones actuales (un cambio en el registro cumpliendo unos requisitos) supone 'de facto' que puedan ser objeto de violencia de género “quienes registralmente sean, a todos los efectos jurídicos, hombres”.

El debate no es menor y lleva en la primera línea desde hace meses, también entre los dos socios de coalición en el Gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo lidera el ala más prudente del Ejecutivo frente a la ministra Irene Montero, cuyo departamento pretende impulsar una ley trans que abarca muchas similitudes a la de la reforma catalana, a instancias de los ‘comuns’. Precisamente, el PSOE considera que hay conceptos inasumibles para su partido y, como el PP en este recurso, “sin encaje en la legalidad vigente”. Calvo puso el foco en la capacidad de elegir el género “por mera voluntad o deseo”.

Precisamente, el PP recuerda en su recurso al TC que a la luz de la jurisprudencia en España “es sencillamente incontestable la eliminación del sexo como núcleo esencial de los sujetos activo y pasivo de la violencia de género y su sustitución por identidad de género”.

“Definición propia del consentimiento”

Dejando a un lado el debate trans, el segundo artículo que los populares consideran inconstitucional tiene mucho que ver con la otra ley que tiene preparada el Ministerio de Igualdad, conocida como la ley del sí es sí, y que la reforma catalana también incorpora. Y es lo que en el escrito del PP figura como “una definición propia del consentimiento sexual” que, a su juicio, también invade el ámbito de leyes orgánicas vigentes.

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El partido de Casado deja claro que el legislador penal ha tipificado como delitos “la acción del sujeto que atenta contra la libertad sexual de otro utilizando violencia o intimidación”, estableciendo en este supuesto particularidades que crean otros tipos delictivos, así como “la actuación de aquel que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona”. Es decir, continúa el escrito del PP, “la mención al consentimiento, sea expresa o tácita, no se configura a través de una definición específica, sino que lo configura como un concepto jurídico que debe concretarse por la jurisprudencia en la aplicación del caso particular”.

Eso sí, zanjan: “No es discutible que el consentimiento o su ausencia, para ser más precisos, sí se configura como requisito indispensable de los delitos en cuestión”.

El debate sobre el consentimiento también ha estado muy presente en el seno del Gobierno de coalición a raíz de la ley del ministerio de Montero. El CGPJ, de hecho, ya emitió un informe muy crítico a finales de febrero, discutiendo, entre otras cosas, “que una definición de consentimiento” no lograría evitar la victimización secundaria, “pues hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las circunstancias concurrentes”. El Consejo General del Poder Judicial, cuyo escrito no era vinculante, señalaba a fin de cuentas que la novedad legislativa podía perjudicar a las víctimas.

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Invasión competencial

El tercer artículo que el PP ve inconstitucional en la reforma aprobada por el Parlament de Cataluña se refiere al “vasto y extenso catálogo” de ilícitos incluidos en el nuevo texto legal, “en lo que pareciera una auténtica labor de tipificación jurídico-criminal” con pretensión, dice el recurso, “de independencia respecto a toda norma, incluso estatal y orgánica”, apartándose “desorbitadamente” de la esfera de competencias propias que corresponden al legislativo autonómico. “No solo lleva a cabo una explicación minuciosa y extrema de lo que considera la violencia de género tipificada (física y psicológica), sino que se introducen aspectos y términos que no pueden ampararse en el espíritu de las normas de protección penal”, como la denominada “violencia de segundo orden”.

El cuarto reproche se refiere al artículo 16 de la ley catalana, en el que "se establecen una serie de exigencias (creación de protocolos y planes internos e incluso reformas de estatutos internos) que inciden en el ámbito de la regulación de los partidos políticos". El PP recuerda que cualquier adición que afecte al régimen jurídico de las organizaciones políticas debe hacerse vía ley orgánica y, en ningún caso, a través de una ley autonómica.