Moncloa revisará la ley del 'solo sí es sí' antes de ser enviada al Congreso

Moncloa revisará el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí' o ley Montero, antes de llevarlo al Consejo de Ministros, según fuentes del Gobierno.

El propósito es estudiar si es necesario incluir algunas de las objeciones planteadas por los órganos consultivos en sus informes no vinculantes. Hasta ahora, el Consejo Fiscal hizo un informe favorable, aprobado por unanimidad y a pesar de que en este órgano hay mayoría conservadora, y el Consejo General del Poder Judicial ha hecho un informe muy crítico, pese a tener ponentes progresistas. Queda aún el informe del Consejo de Estado y luego tendrá que volver al Consejo de Ministros antes de ser remitido al Parlamento para su larga tramitación parlamentaria. Eso no ocurrirá antes del mes de abril.

Antes de eso, Moncloa prevé revisar el texto, de la misma forma que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hace en este momento con borradores procedentes del Ministerio de Igualdad antes de llegar al Consejo de Ministros. Esa revisión podría provocar un nuevo enfrentamiento entre ambas, pero Moncloa explica que no renuncia a la competencia de revisar los textos, pedir aportaciones de los ministerios afectados y, en este caso, verificar las objeciones de los informes de los órganos consultivos.

Calvo explicó el viernes públicamente que la ley se aprobará y seguirá su trámite, sin especificar si incluirá las propuestas de los órganos consultivos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que es jueza y fue vocal del CGPJ, aseguró el jueves que deben tenerse en cuenta las objeciones.

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El Ministerio de Igualdad ha dejado clara su voluntad de seguir adelante con el proyecto, en cuanto termine su tramitación y vuelva al Gobierno. Hasta ahora, ha sido una norma muy discutida que ha pasado por multitud de vicisitudes, que están alargando el trámite de manera insólita. Hay muy pocos precedentes. Su tramitación en el Consejo de Ministros hace casi un año supuso el primer enfrentamiento en el Gobierno entre el sector del PSOE y el de Unidas Podemos, porque los socialistas entendían que carecía de calidad legislativa, entre otras críticas. Y el sector de Pablo Iglesias llegó a tachar de machista al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que se opuso a la redacción inicial de la norma.

Una vez que pasó por el Consejo de Ministros, aún sufrió numerosas rectificaciones y llegó a ser retirada de los órganos consultivos, es decir, Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, para introducir más modificaciones. El Consejo General del Poder Judicial aprobó el jueves el informe crítico, agotando el plazo legal posible y, de hecho, llegó a pedir una prórroga al Gobierno que no le fue concedida.

El informe crítico considera que supone desproteger aún más a las víctimas de delitos sexuales, además de invertir la carga de la prueba, lo que puede ser inconstitucional. Señalaba, además, que “la creación en el artículo 178 del Código Penal de una única categoría delictiva de agresión sexual que aglutina lo que hoy constituyen dos tipos distintos, el de agresión sexual y el de abusos sexuales, conlleva una indiferencia valorativa de los medios comisivos que choca con el principio de proporcionalidad”.

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El informe del CGPJ se basaba en una ponencia elaborada por los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda. De las dos ponentes, una es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y la otra una abogada que lleva décadas dedicada a la defensa de víctimas de agresiones sexuales. De hecho, su valoración coincide casi punto por punto con el informe emitido por la Comisión Penal de JpD.

Ese informe de los jueces y juezas progresistas señala que “la actual regulación del Código Penal ya sanciona como delito cualquier acto sexual realizado sin consentimiento. En ningún caso la actual regulación exige que se haya emitido una negativa o se haya ofrecido resistencia por la víctima. El Código Penal ya sanciona todos esos casos”.

La parte de la ley relativa a la regulación de los delitos de prostitución presenta, según el Consejo Fiscal, problemas técnicos

Sobre la carga de la prueba, indica que “todo proceso penal exige que se parta de la presunción de que el acusado es inocente y, por tanto, de que la versión de la acusación no es cierta. El proceso se instrumenta así para verificar la verdad de la acusación sobre la base de la prueba que se practique en él. Por tanto, la acusación debe probar el hecho delictivo. No corresponde a la defensa acreditar que no cometió el hecho, ni cabe condenar al acusado por no haber acreditado que no lo cometió. Siendo así, es consustancial al proceso que la versión de la acusación sea cuestionada”.

“Es dudoso que la regulación normativa del consentimiento evite o reduzca los riesgos de victimización secundaria, puesto que el juicio podrá girar —cuando el debate se centre en si hubo o no consentimiento— sobre la conducta de la víctima durante el contacto sexual para indagar si expresó o no libremente el consentimiento y la concurrencia o no de los elementos validadores del mismo”, señala.

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Y concluye: “No compartimos que se deba sancionar igual a quien emplea violencia o intimidación en un ataque contra la libertad sexual que a quien no lo hace. Creemos que la propuesta lesiona el principio de proporcionalidad y puede generar un efecto preventivo general perjudicial, pues el agresor podría recibir sanciones análogas tanto si recurriera a la violencia como si no”.

Por su parte, el informe favorable del Consejo Fiscal proponía algunas mejoras. En el anteproyecto, figura que será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como reo de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. "Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto".

El Consejo Fiscal, de mayoría conservadora, prefiere un articulado en positivo y así lo recomendará en su informe

El Consejo Fiscal, de mayoría conservadora, prefiere un articulado en positivo y así lo recomendará en su informe. Propone así que se redacte expresando que solo se entenderá que existe consentimiento cuando la víctima haya manifestado libremente su voluntad expresa de participar en el acto. El órgano defiende que, con esta modificación, queda más clara la importancia de este sí expreso.

La parte de la ley relativa a la regulación de los delitos de prostitución presenta, según el Consejo Fiscal, problemas técnicos. Se considera que la redacción no ofrece garantías suficientes para la persecución de esos delitos y se hará una propuesta técnica más ambiciosa y que se considera más eficaz.