Justicia contradice a Igualdad y no ve urgencia legislativa en la ley del 'sí es sí'

Ha pasado un año y la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como 'ley Montero' o ley del 'sí es sí', vuelve a protagonizar roces en el seno del Ejecutivo. En este caso, la discrepancia se encuentra en la distinta valoración que realizan los departamentos que dirigen por un lado Irene Montero y por otro Juan Carlos Campo, al frente de Justicia, respecto a la urgencia de impulsarla. Para Igualdad, resulta prioritario iniciar su tramitación parlamentaria coincidiendo con el 8-M. Para Justicia, no tanto.

Como adelantaba El Confidencial este fin de semana, desde Igualdad, valoran con malestar el retraso en la aprobación del informe que debe hacer sobre la norma que ha sido el buque insignia del ministerio el Consejo General del Poder Judicial. Tenían un mes para hacerlo e irá para tres meses. La falta de este estudio del órgano de gobierno de los jueces frustra su plan de tener encarrilada la tramitación legislativa de la ley de cara al Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, según afirman fuentes cercanas al CGPJ, y ante la imposibilidad de llevar el informe al pleno celebrado el pasado 28 de enero, el Consejo ofreció hace unos días a Justicia adelantar la aprobación de esta valoración y organizar para ello un pleno extraordinario en febrero en función de la "urgencia legislativa" del Ejecutivo. Justicia agradeció la propuesta, pero no vio necesidad de anticipar unos días el debate siempre que este no se retrase más allá del pleno ordinario, que se celebrará el 25 de febrero.

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Desde el CGPJ se niega, además, que la tardanza sea deliberada. Achacan el tiempo destinado a estudiarla a la complejidad del asunto que, lejos de actuar como una ley independiente, provocará modificaciones en otras leyes de enorme relevancia como son la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal o la Ley de Violencia de Género. También han influido los cambios que ha introducido tras la aprobación del anteproyecto el propio Ejecutivo. El primero de los textos remitido fue retirado para hacer cambios y la versión definitiva no estuvo sobre la mesa del Consejo hasta el pasado octubre. Desde entonces, el CGPJ ha solicitado dos prórrogas y, solo hace unos días, la tercera que lleva hasta el citado pleno de finales de mes. El Consejo Fiscal emitió su informe en menos tiempo. En este caso, todos los vocales aprobaron unánimemente un texto que validaba el anteproyecto de Igualdad, con algún matiz para mejorarlo.

Fuentes del departamento de Justicia coinciden con el CGPJ en la complejidad de la materia. "El CGPJ, a la luz de la magnitud del proyecto, ha solicitado una nueva prórroga, debido a la imposibilidad de concluir su informe para el pleno ordinario de 28 de enero. El Ministerio de Justicia, en atención a la entidad del informe del CGPJ sobre esta materia, consideró oportuno conceder dicha prórroga, por el plazo legalmente establecido", de 15 días en aplicación del artículo 561.2 de la LOPJ, indican las fuentes consultadas. También recuerdan que, en cualquier caso, es al CGPJ a quien corresponde, exclusivamente, la decisión de convocar o no plenos extraordinarios de la institución.

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Los vocales del Consejo General del Poder Judicial encargados de elaborar la propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley Integral de Libertad Sexual no tienen aún lista la ponencia. Roser Bach, Pilar Sepúlveda y Juan Manuel Fernández —dos de ellos, del ala considerada progresista— deben acaban el texto que luego es remitido a sus compañeros para que realicen observaciones si lo consideran oportuno.

Uno de los puntos que levantan más reticencias es la regulación del consentimiento expreso. En el anteproyecto, figura que será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como reo de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. "Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto", fue la fórmula empleada.

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La norma ya nació con polémica y provocó discrepancias desde su origen entre Justicia e Igualdad. Las observaciones que realizó el departamento de Campo, que dudaba de la corrección técnica de gran parte del articulado de la ley, no fueron bien recibidas por el departamento de Montero. Incluso el vicepresidente, Pablo Iglesias, intervino en el tira y afloja y llegó a acusar al ministro Campo de "machismo". "En las excusas técnicas, creo que hay mucho machista frustrado", reprochó. Fue el primer enfrentamiento serio entre los dos sectores del Gobierno, el del PSOE y el de Unidas Podemos.

Y este verano, el proyecto de ley fue retirado de los órganos que deben emitir informes no vinculantes, porque Justicia lo remitió sin consultar con Igualdad que, a su vez, pretendía hacer más modificaciones antes de someterlo a consulta. En el Ministerio de Igualdad, atribuyeron este paso dado por el ministerio de Campo a un "error humano" de uno de los cargos de Justicia.