Remite una nota a los órganos consultivos

El Gobierno retira la polémica ley de libertad sexual para volver a cambiarla

La solicitud de retirada obedece a que se espera poder remitir "una versión más acabada del texto que incluya el criterio y las observaciones de otros Ministerios" ajenos a Igualdad

Foto: Irene Montero en la manifestación del 8-M de Madrid. (EFE)
Irene Montero en la manifestación del 8-M de Madrid. (EFE)
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El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que se convirtió en el centro de la primera gran crisis del Gobierno de coalición en la antesala de la pandemia, se encuentra paralizado. El Ejecutivo acaba de contactar con los órganos consultivos que debían elaborar informes sobre su contenido para informarles de que retira la petición de estudio que formuló hace un mes. Esta solicitud de retirada del texto enviado obedece, según indica una nota firmada por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, a que se espera poder remitir no la versión actual sino otra "más acabada del texto" que incluya "el criterio y las observaciones de otros Ministerios" ajenos al de Igualdad. La iniciativa legislativa fue el buque insignia del departamento que dirige Irene Montero al inicio de la legislatura. El proyecto sigue adelante pero sufrirá modificaciones.

Fuentes del Ministerio de Igualdad atribuyen este paso dado por el ministerio de Campo a un "error humano" de uno de los cargos de Justicia que, según explican, remitió el texto del anteproyecto que fue aprobado en marzo el pasado 14 de julio al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial. En ese momento, aún se encontraba a falta de las aportaciones de las secretarías técnicas de distintos departamentos. "No se retira la ley de ningún sitio, simplemente se equivocan al enviarlo", destacan desde el área de Montero. Por su parte, Justicia explica que la retirada del texto se ha debido a un "problema de coordinación" provocado porque entendió que esa tramitación que correspondía a Igualdad, ya estaba hecha. Los informes de las secretarías técnicas suelen realizarse antes de la aprobación del texto y no después.

El departamento de Campo entendió que ya procedía la petición de informe al CGPJ y el Consejo Fiscal, ya que Igualdad pidió el informe técnico de Justicia que, como Ministerio coproponente, es el último que ha de informar. No puede hacerlo, sin embargo, sin recabar previamente el criterio de los órganos antes citados, añade. "Se trata de un malentendido sin transcendencia práctica: cuando se complete por Igualdad la tramitación con los informes de los demás ministerios, se volverá a reiterar la petición de informe a CGPJ y Consejo Fiscal, que es la petición que se ha retirado por una mera cuestión de orden procedimental, y no de fondo", añaden las fuentes consultadas.

El anteproyecto se aprobó 'in extremis' en la antesala de la celebración del 8 de marzo. El Consejo de Ministros la avaló el martes 3 de marzo, a solo unos días de las marchas previstas por el Día Internacional de la Mujer. El empeño de Igualdad en sacarla adelante antes de esa fecha generó tensiones en el Ejecutivo. El Ministerio de Justicia elaboró un informe en el que se ponían de manifiesto numerosas inconsistencias técnicas y los de Montero interpretaron las observaciones como un intento por congelar la iniciativa. El propio Pablo Iglesias realizó unas declaraciones después de que trascendieran las alegaciones del departamento de Juan Carlos Campo en las que indicaba que detrás de ellas había "mucho machista frustrado".

El movimiento que ha ejecutado ahora el Ejecutivo es del todo inusual. Tras la aprobación de un anteproyecto de ley orgánica lo habitual es remitir el texto al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal para que los tres organismo examinen su redacción y den su criterio. La intención con este trámite es la de solventar carencias y enriquecer las iniciativas legislativas que, posteriormente, inician su andadura en las cámaras legislativas -Congreso y Senado- donde las leyes sufren nuevos cambios a través de la presentación y aprobación de enmiendas. En este caso, no obstante, el proceso se ha cortado antes de iniciarse. Las fuentes consultadas esperan que el texto definitivo que revisarán los órganos consultivos esté listo el próximo septiembre.

La nota en la que Justicia informa de la retirada, consultada por El Confidencial, aclara que el texto se envió hace justo un mes, el pasado julio. El proceso habitual quedó congelado a consecuencia de la expansión del virus y la imposición del estado de alarma. El argumento ofrecido para recuperar el articulado y entregarlo de nuevo modificado (que el resto de ministerios deben opinar) fue ya hace meses una de las principales críticas de la parte socialista del Gobierno a sus socios.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Senado. (EFE)
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Senado. (EFE)

Lo habitual en la elaboración de leyes es que el Ministerio que impulsa la iniciativa dé parte a sus homólogos de otras carteras con tiempo suficiente para que estos lo examinen y, si ven defectos, los comuniquen para su incorporación. Las prisas para que el anteproyecto viera la luz antes del 8-M cercenaron este trámite. Los ministerios no tuvieron tiempo material de analizar la propuesta de norma y, de hecho, Igualdad fue elaborando borradores con modificaciones hasta unas horas antes de su aprobación y adolecía de problemas técnicos.

Rebaja de penas por agresión grupal

Uno de los problemas que incluía el texto que levantó la inquietud de jueces y fiscales fue la inclusión de penas menores a las actuales para los nuevos delitos de agresión y violación. La agresión grupal, castigada con más o menos años en función de las agravantes afectaría a condenas en casos como el de la Manada. En uno de los borradores del anteproyecto.

El texto acababa con la distinción entre abuso y agresión sexual. En él se castigaban las violaciones con penas de cuatro a 10 años, que podían llegar hasta los 12 años con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes. Toda penetración sin consentimiento será considerada una violación, tal como establece el Convenio de Estambul aunque la denominación, es decir, el uso del término violación, era meramente simbólica, ya que en la práctica se preveían penas menores a las actuales.

No era este el único punto oscuro. Los juristas señalaban que el borrador del anteproyecto estaba invadido por un espíritu "sociológico" o "político" que no se corresponde con el de un texto legal. También que trataba de rectificar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo sobre asuntos como la valoración del acoso. Hasta el momento, se apreciaba este si la conducta suponía una perturbación grave de la vida de la víctima. Ahora se castigará con la pena de prisión de tres meses a dos años al que acose "de forma insistente y reiterada" de modo que altere "de cualquier modo" el desarrollo de la vida de la víctima.

Otra de las inconsistencias señaladas es la que afecta a actuales condenas por prisión permanente revisable. Pese a las críticas contra este tipo de condena desde las filas del partido al que pertenece Irene Montero, el borrador existente no solo desaprovecha la ocasión de eliminarla para los casos en los que se combina la agresión sexual con el asesinato sino que la redacción actual favorece la imposición de esta pena. El anteproyecto especifica que, si además del atentado a la libertad sexual se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, integridad moral o bienes de la víctima, "se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos".

Justicia fue de los pocos departamentos que sí revisó el articulado. Un total de 15 artículos de 61 y seis de las disposiciones finales de las 22 de las que dispone el anteproyecto que aún se encuentra bajo revisión fueron enmendados. El departamento de Campo criticaba a lo largo de casi 30 páginas que la ley propuesta era "una norma programática" e indicaba que no contenía "proposiciones imperativas" ni establecía "mecanismos suficientes para asegurar su aplicación". "No resulta adecuada la técnica legislativa empleada", decía el documento que reprochaba a Igualdad su forma errática de incluir regulaciones, saltando sin sentido aparente de los artículos a las disposiciones adicionales, o la introducción de contenidos que no requieren rango de ley y para los que bastaría un impulso de "política pública".

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