HISTORIA DE la CRISIS del 'solo SÍ ES SÍ'

Los ministros jueces del PSOE se plantaron ante el borrador que Montero llevó en mano

Todo comenzó en la finca de Quintos de Mora, donde Pedro Sánchez reunió a sus ministros el pasado 8 de febrero e Irene Montero aprovechó para entregrarle el borrador a Juan Carlos Campo

Foto: Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, e Irene Montero, ministra de Igualdad. (EFE)
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, e Irene Montero, ministra de Igualdad. (EFE)
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Las discrepancias han sido y siguen siendo de fondo y de forma. El anteproyecto de la ley orgánica de garantía de la libertad sexual promovida por el Ministerio de Igualdad ha abierto una brecha en el Gobierno de coalición que amenaza con extenderse. Al menos así lo trasladan en privado desde uno y otro lado, transformando la buena relación manifestada hasta ahora en una hostilidad poco reprimida. El enfrentamiento está siendo protagonizado por varios ministerios socialistas, con Carmen Calvo (vicepresidencia primera) y Juan Carlos Campo (Justicia) a la cabeza, y los miembros de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Si los socialistas acusan a los morados de inexperiencia, de precipitarse por la presión del calendario y de perpetrar una "chapuza" jurídica, los segundos arremeten directamente contra la número dos de Pedro Sánchez al considerar que todo se debe a que "no asume todavía que Irene Montero tenga Igualdad", competencia que la vicepresidenta desempeñó en la pasada legislatura.

Los ministros jueces del PSOE se plantaron ante el borrador que Montero llevó en mano

Todo comenzó en la finca de Quintos de Mora, donde Sánchez reunió a sus ministros el pasado 8 de febrero en el primer encuentro informal del Gobierno de coalición. Irene Montero aprovechó para entregarle a Campo, en mano, la versión que consideraba definitiva del anteproyecto de ley. Lo habían redactado las catedráticas de Derecho Penal María Acale y Patricia Faraldo, junto a María Naredo, ex directora general en Prevención y Atención frente a la Violencia de Género de Madrid, y la jueza en excedencia Victoria Rosell, ahora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

En enero, Irene Montero había tenido una conversación con el presidente y el ministro de Justicia para concretar que la ley se aprobaría antes del 8-M y todos estuvieron de acuerdo. El Ejecutivo no podía permitirse llegar a esta efeméride con una promesa incumplida. En ese momento ya se había resuelto el debate de que la reforma del 'solo sí es sí' en el Código Penal se haría por separado, sin esperar a la reforma anunciada sobre los delitos de sedición y rebelión. Calvo, que defendía que fuesen en un mismo paquete, había perdido.

La impresión de Campo tras un primer vistazo al anteproyecto no fue nada buena. Posteriormente, su equipo detalló numerosos errores técnicos, además de deficiencias, carencias y contradicciones. Justicia llegó a corregir un tercio del articulado en un durísimo informe. "Se ruega encarecidamente su estudio de nuevo de forma sosegada", llega a decir el documento.

El miércoles siguiente a la reunión de Quintos de Mora, 12 de febrero, coincidiendo con el pleno del Congreso, se juntaron allí los ministros de Justicia, Interior (Fernando Grande-Marlaska) y Defensa (Margarita Robles) para analizar el texto. Los tres jueces del Gobierno. Todos ellos coincidieron en que se trataba de una "especie de conferencia” o “tormenta de ideas” y que había que revisarlo en profundidad.

Los ministros censuraron que el borrador no establecía tipos agravados, de tal forma que en la práctica se reducían las penas por agresión sexual


Entre los errores que destacaron, se encontraban algunos como confundir disposiciones finales y adicionales, problemas que afectaban a otras leyes (entre ellas, la ley integral de violencia de género o la ley de infancia que prepara la vicepresidencia segunda) o que invadían competencias autonómicas. Pero principalmente criticaron que incurría en un error considerado más grave, el de no establecer tipos agravados, de tal forma que en la práctica se reducían penas por agresión sexual, lo que se entendía como injustificable. De aquel cónclave de jueces del Gobierno, quien acusó una mayor "chapuza" fue la ministra Margarita Robles.

Reunión del Gobierno de coalición, con Pedro Sánchez a la cabeza, en la finca toledana de Quintos de Mora, el pasado 8 de febrero. (EFE)
Reunión del Gobierno de coalición, con Pedro Sánchez a la cabeza, en la finca toledana de Quintos de Mora, el pasado 8 de febrero. (EFE)

Tras las conclusiones de este primer sanedrín, fue Carmen Calvo quien tomó el mando para limar las deficiencias detectadas por los ministros socialistas. Lo hizo después de que el propio presidente, Pedro Sánchez, diese orden a los ministerios afectados, un total de ocho, para que acelerasen el proceso y se pudiese aprobar el anteproyecto en el Consejo de Ministros celebrado este martes, el último antes del 8-M. Ese mismo viernes, 14 de febrero, celebraron una comida en el comedor redondo del Ministerio de Justicia Juan Carlos Campo e Irene Montero. Un almuerzo en el que revisaron y discutieron sobre las pegas que se habían puesto al anteproyecto.

Calvo tomó el mando para limar las deficiencias detectadas. La espera se hizo larga para Podemos, que denunció la demora. La presión surtió efecto

La revisión del texto se prolongó más del tiempo esperado por Unidas Podemos, hasta el punto de que temieron que no estuviese listo para aprobarlo en este Consejo de Ministros, como se había comprometido públicamente Igualdad. Cuando faltaban poco más de tres semanas para el 8-M, desde Igualdad se criticó que Justicia estaba "bloqueando" la iniciativa. "Se está esperando hace semanas, y este último [en referencia al ministro de Justicia] se niega a hacerlo alegando generalidades de procedimiento, sin concretar", afeaban fuentes del ministerio liderado por Montero a este diario. Insistían en que "hay un acuerdo de gobierno de que la Ley de Libertades Sexuales terminada hace días debía iniciar su tramitación antes del 8 de marzo, y lo único que falta para que se empiece a tramitar y llegue a tiempo es que el ministro de Justicia dé el OK".

Desde la vicepresidencia primera del Gobierno se respondía que no había ningún veto a ninguna iniciativa pero que, "como todas", debía pasar por el filtro de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que preside la mano derecha de Pedro Sánchez. El pasado 20 de febrero, tras el primer choque, hubo una tregua. Llegó en forma de comunicado lanzado por la Secretaría de Estado de Comunicación: "La Ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo". Unidas Podemos se hacía con la victoria tras dar la batalla y mostrar su discrepancia con los planes de los socialistas. Sin embargo, la crisis no estaba cerrada.

La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE)
La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE)

Las idas y venidas del texto continuaban de ministerio a ministerio y llegaron a peligrar los plazos. Hasta las horas previas a llevarse el anteproyecto al Consejo de Ministros se seguían haciendo retoques y modificaciones. Contrarreloj, desde la vicepresidencia primera se asumía la tarea de "pulir" el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual y contra las Violencias Sexuales.

La crisis saltó de los ministerios a la prensa. El sector socialista deslizaba los problemas técnicos que había en la ley y el de Podemos replicaba señalando a Campo: "A este ministro de Justicia hay que obligarle para hacer avances feministas, esta va a ser una de las peleas de Igualdad esta legislatura". Eso da cuenta de que solo se trata de una primera batalla dentro de un conflicto de más largo alcance. Y no solo con Justicia. Estas mismas fuentes acusan también a la vicepresidenta primera de intentar recortar la ley de libertades sexuales con la "excusa" de los problemas técnicos. Una oposición que enmarcan en términos más generales y con fricciones que ya habrían surgido desde el primer día.

Las discrepancias llegaron hasta la misma sala del Consejo. Montero, Calvo y Campo hicieron un aparte durante la reunión para discutir puntos

Las discrepancias se reprodujeron en privado en la misma sala del Consejo de Ministros celebrado este martes. Irene Montero, Carmen Calvo y Juan Carlos Campo hicieron un aparte durante la reunión para seguir discutiendo algunos apartados del texto. El anteproyecto definitivo no ha sido facilitado ni por Igualdad ni por vicepresidencia —ni siquiera los ministros tuvieron disponible la última versión en la reunión del Gabinete de este martes—, más allá de un resumen ejecutivo con las líneas maestras [aquí en PDF]. La discusión todavía no está cerrada: a la espera de los informes del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, el texto deberá pasar de nuevo por el Consejo de Ministros y completarse mediante trámite parlamentario. "No es una ley de Igualdad, ahora es del Gobierno", se deslizaba desde el gabinete de Calvo, como luego repitió la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros

Una vez que el texto fue visto por el Consejo de Ministros, Pablo Iglesias caldeó los ánimos socialistas. "En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado", afirmó a la prensa en el Senado, en una referencia poco velada a las modificaciones que realizó Justicia sobre el texto. Las palabras generaron irritación entre los socialistas, mientras que desde el entorno de Calvo se defendía que a la vicepresidenta "no le tienen que buscar trayectoria en el feminismo".

En Podemos, se recordaba que los roces con Calvo vienen de antiguo. La vicepresidenta ya se resistió a participar en el acto de traspaso de carteras. Finalmente, siempre según la versión de fuentes moradas conocedoras de lo sucedido, fueron las gestiones del propio presidente Pedro Sánchez lo que habría propiciado un cambio de actitud para asistir a dicho acto protocolario.

Dos concepciones distintas del feminismo

Las brechas que ha generado la ley conocida como de 'solo sí es sí' todavía siguen abiertas y la agenda feminista del Ejecutivo continuará siendo un punto de fricción entre los socios de la coalición. Al menos así lo asumen desde el sector de Unidas Podemos en el Gobierno: “Esta vez hemos ganado la batalla, pero para cualquier otra ley feminista, habrá que volver a seguir peleando con todo”. Paradójicamente, el mayor desgaste entre los socios de Gobierno no ha venido desde el flanco económico, sino desde el de los derechos sociales. Las diferentes formas de entender el feminismo y de categorizar qué sujeto lo conforma que tienen Calvo y Montero son públicas y notorias. "Para ser feminista no hace falta pedigrí, sino un corazón democrático", enfatizaba en un acto anoche Calvo.

Carmen Calvo e Irene Montero, el pasado 13 de enero. (EFE)
Carmen Calvo e Irene Montero, el pasado 13 de enero. (EFE)

Desde Ferraz, devolvían la pelota a Unidas Podemos: "Nos intentan dejar en evidencia. Nos han intentado dejar en mal lugar". Asumen que sigue habiendo una competición entre partidos en varios frentes, pero principalmente en Igualdad, donde "el pulso es a muerte". Además de la medalla de votos, convergen dos posiciones distintas sobre el feminismo.

Más allá de la letra pequeña, era una cuestión para la que ambas partes estaban prevenidas. El PSOE aún confía en seguir puliendo el anteproyecto, antes de que inicie su tramitación en la Cámara Baja y pase el filtro de los diversos organismos consultivos, como el CGPJ o el Consejo Fiscal. El primer choque público entre los socios del Gobierno continúa.

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