Podemos presiona para que la reforma del 'sí es sí' esté el 8-M sin esperar a la sedición

Una reforma amplia del Código Penal que incluya en un mismo paquete cambios en los delitos de sedición y rebelión junto a nuevas tipificaciones en los delitos sexuales, para incluir el 'solo sí es sí', o dos iniciativas de ley diferenciadas. Estas son las dos opciones que se están debatiendo en el seno del Gobierno de coalición, con los socialistas inclinándose mayoritariamente por proponer todas las reformas penales en un mismo proyecto de ley y los ministros de Unidas Podemos decantándose por diferenciar las reformas previstas del Código Penal en dos leyes distintas.

Esta divergencia de opiniones está retrasando la aprobación en el Consejo de Ministros de la ley contra las violencias sexuales, que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero se planteó como urgente y avanzó que sería una de las primeras medidas que sacaría adelante el departamento. Sin embargo, y pese a las urgencias, fuentes conocedoras del debate aseguran que una vez se consensúe la decisión, se defenderá y desarrollará de forma unitaria, al margen de las posiciones iniciales de cada formación.

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Entre los elementos de análisis, más allá de la idoneidad de no trocear por capítulos las reformas previstas en la legislación penal, destacan que los apoyos parlamentarios a una y otra medida serían distintos, además de que se quiere llegar a las movilizaciones feministas del 8-M con los deberes hechos en lo que respecta al compromiso firmado en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, al menos como anteproyecto. En el pacto programático se apostaba por "garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice sí, todo lo demás es no. Es decir, 'solo sí es sí".

Mientras se cierra el debate, los ministerios de Igualdad y Justicia avanzan en la redacción de la reforma para blindar que solo sí es sí, situando el consentimiento de la víctima en el centro de la tipificación de los delitos sexuales. Una redacción que, según la formación morada, introducirá elementos que mejorarían la propuesta que llevaron en su programa electoral y la que presentaron en el Congreso en julio de 2018. En esta última, se planteaba también castigar con multas a quienes realicen proposiciones intimidatorias a las mujeres en la calle o crear juzgados especializados en violencias sexuales.

En la primera entrevista televisiva de Pablo Iglesias tras salir adelante la investidura, el vicepresidente segundo del Gobierno ya apostaba por que la primera medida que debería sacar adelante el Ejecutivo era blindar el 'solo sí es sí'. "Corre prisa y lo tenemos que hacer pronto", afirmaba para añadir que sería una cuestión que abordaría "el próximo Ministerio de Igualdad".

En unos términos similares se manifestaba hace unos días la titular de Igualdad, Irene Montero, quien insistía en que la ley contra las violencias sexuales es "para ya" y concluía que sería "lo primero que con carácter ley" aborde su departamento. Sobre si la reforma de los delitos sexuales debería realizarse conjuntamente con la de los delitos de sedición o rebelión, Montero era tajante durante una entrevista en Onda Cero sobre la "especificidad" del 'solo sí es sí', apostando por sacarla adelante de forma separada. Asimismo, dejaba recaer el amplio "consenso social" que acompañaría a esta reforma concreta, a diferencia de las otras reformas. "Entidad propia" e "importancia" que destacan también desde su departamento.

Calvo: "Afectará a diferentes materias"

La vicepresidenta Carmen Calvo, en cambio, defendía este fin de semana la opción contraria. En una entrevista con el diario 'El País', avanzaba que "la reforma saldrá de un proyecto del Gobierno que tiene que afectar a diferentes materias: la protección de la libertad sexual, la protección de los animales, los nuevos delitos medioambientales... Muchas cosas. Y también a tipos penales que son instrumentos muy anticuados para defender al Estado". Sobre el caso concreto de la sedición, argumentaba que "no tenemos tipos y penas adaptados a una sociedad moderna, que ejerce las discrepancias, las desobediencias, y un montón de situaciones que no están acompasadas. Buscamos poner al día la realidad con la capacidad sancionadora del Estado".

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La portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, fue la primera en apuntar en esta dirección. Su pretensión es que se realice una reforma amplia "que recoja nuevos delitos como la aporofobia, el consentimiento expreso cuando se trata de delitos sexuales, la protección de los menores de abusos y, por supuesto, los delitos de sedición, rebelión y demás". El argumento generalizado para esta reforma, que en principio tendría carácter de proyecto de ley al ser impulsada por el Gobierno, es que el Código Penal necesita modernizarse y adaptarse a los tiempos, así como homologar la legislación penal a otros países.

La reforma del Código Penal es la primera discrepancia de calado en el seno del Gobierno de coalición. Una circunstancia que desde el entorno del ministerio morado afectado se enmarca en la normalidad y se concluye que pese a la existencia de diferentes voces se actuará con una sola palabra. El objetivo compartido pasa por superar las discrepancias que inevitablemente irán surgiendo sin estridencias ni conflictos, como en estas tres primeras semanas de cogobierno. Su relación, según destacan, es de "plena colaboración y de respeto a la realidad de que el Ejecutivo está compuesto por dos partidos distintos" pero remando en la misma dirección.

Protocolo de resolución de discrepancias

De la buena sintonía mostrada hasta ahora entre los miembros de diferentes colores dentro del Gobierno deja constancia que se esté avanzando de un Ejecutivo con compartimientos estancos a un 'sottogoverno mixto'. En esta línea, Pedro Sánchez ha cambiado la reunión de 'maitines' de los lunes por la mañana con los pesos pesados del Gobierno y el partido, por una con Iglesias y las otras tres vicepresidentas en la que se define la hoja de ruta del Ejecutivo para la semana, con especial atención al Consejo de Ministros del día siguiente. Asimismo, se ha decidido crear en el plazo de un mes un total de tres órganos paritarios para coordinar ministerios del PSOE con los de Unidas Podemos, y Sánchez ha comenzado a compartir con Iglesias buena parte de la información y a anticiparle movimientos y decisiones al mismo tiempo que a su núcleo más cercano de colaboradores.

El protocolo de coordinación y funcionamiento firmado entre PSOE y Unidas Podemos para "garantizar la estabilidad del Gobierno de coalición progresista" prevé ya cómo actuar en caso de que se produzcan discrepancias. Los desacuerdos entre PSOE y Unidas Podemos serán "objeto de debate" para la búsqueda de posibles soluciones en la mesa permanente. Las divergencias menores, que no afecten al programa conjunto, podrán ventilarse en la comisión de seguimiento parlamentario. En este documento, socialistas y morados señalan que la búsqueda del consenso y del diálogo será la receta básica, sobre todo cuando haya discrepancias. No obstante, si las diferencias fueran insalvables, al menos se acordará en la mesa permanente "su alcance y la publicidad que los socios darán" a las mismas, tanto en sede parlamentaria como ante los medios. Todo con el fin de "mantener la estabilidad del Gobierno y no erosionar la confianza de la coalición".