Menos pena para agresión y violación y un delito de acoso ocasional: la ley de Montero

La nueva ley de libertad sexual y contra las violencias sexuales que ha aprobado el Consejo de Ministros en medio de fuertes discrepancias entre los dos partidos de la coalición prevé penas menores para los delitos de agresión y violación y regula hasta tres tipos de acoso, entre ellos el ocasional que se castigará con penas de localización permanente —arresto domiciliario en domicilio distinto y alejado de la víctima— y trabajos comunitarios, hasta un mes, o multa.

Según informan a El Confidencial fuentes conocedoras de la reforma, el acoso se dividirá en tres tipos penales. En el delito de 'stalking' o acoso reiterado se elimina la previsión actual que exige que este altere "gravemente" la vida cotidiana de la víctima. Bastará con que existan seguimientos, contactos insistentes o uso de sus datos. En este caso subirán las penas de los tres a siete meses o multa, a de seis a doce meses, máximo de 24 en los casos más graves, o multa superior.

En el acoso sexual a secas, tipificado como "solicitar sexualmente en ámbito laboral, docente o de desigualdad provocando intimidación hostilidad o humillación graves", también subirán las penas y se incorporará una inhabilitación profesional o para el ejercicio de cargo, que hasta ahora no estaba prevista. Por último, se incluye el ya citado acoso ocasional, "no reiterado pero sexista o sexual".

Además del 'stalking' o acoso continudado, el anteproyecto incluye el acoso ocasional, "no reiterado pero sí sexista o sexual"

Sin embargo para los delitos de agresión y violación las penas previstas son menores. Tras acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual, se castigarán las violaciones con penas de 4 a 10 años, que podrán llegar hasta los 12 años con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes. Ahora, toda penetración sin consentimiento será considerada una violación, tal como establece el Convenio de Estambul. La violación con una agravante podrá ser penada con entre 7 y 12 años y si se le suman dos, con entre 9 y 15 años, han informado fuentes de Igualdad.

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En la modificación del Código Penal relativa a los delitos sexuales se introducirá además la agravante de que la agresión sexual haya sido precedida o acompañada de violencia y grave daño y también se matiza la agravante de parentesco para dejar claro que se debe incrementar la pena en caso de que la víctima sea la esposa o expareja del agresor.

Voluntad expresa

También castigará con entre 1 y 4 años de cárcel los delitos contra la libertad sexual de las personas sin su consentimiento expreso, unas penas que irán subiendo en función del tipo de delitos —por ejemplo la violación— y de la existencia de agravantes. Sobre el consentimiento, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar
en el acto.

Fuentes cercanas a Igualdad precisan que este descenso en la pena para agresión y violación responde a una simplificación de los tipos penales. Indican que en algunos casos hasta aumentan las penas como el caso del acoso. "Si hay consentimiento no hay delito, si no hay consentimiento hay delito", dice. También destacan que la desapareción del abuso que provoca que siempre sea agresión. "Las penas son más proporcionales, para dar más margen para apreciar las diferentes circunstancias concurrentes en el delito. "No bajan las penas máximas, no se va a revisar ninguna pena por violación ni por las 'manadas'", destacan.

La adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul para que el consentimiento sea la clave para determinar una violación y no dependa de la intimidación y la violencia es el aspecto más conocido de la ley. El objetivo es, en palabras de Irene Montero, "ampliar el foco" con un "marco normativo integral que reconozca como formas de violencias machistas todas las conductas que impliquen la vulneración en cualquier forma del derecho a decidir acerca de la vida sexual".

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Agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, extorsión y engaño pederasta —también cuando se lleven a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación— o infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual son algunas de ellas. La ley también conllevará la creación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada, con "centros de crisis" que atiendan a las víctimas de delitos sexuales las 24 horas del día. Y la sensibilización y la prevención serán pilares básicos de su funcionamiento.