El retraso del CGPJ amenaza los planes del Gobierno sobre la ley del 'sí es sí'

La Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como 'ley Montero' o ley del 'sí es sí', una de las primeras aprobadas por el actual Gobierno de coalición, va camino de ser una de las normas con más larga tramitación previa a su llegada al Parlamento. Pasó por primera vez por el Consejo de Ministros la segunda quincena de febrero y aún está pendiente de recibir los informes preceptivos antes de volver al Consejo para su remisión al Congreso.

Por el momento, la norma solo ha recibido la valoración del Consejo Fiscal, que informó a favor y por unanimidad el pasado 18 de diciembre. Ahora el proyecto está atascado en el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno considera que el plazo empleado por el CGPJ para remitir sus conclusiones es excesivo. La demora provoca malestar en el Ejecutivo, porque pretendía remitir el texto al Congreso coincidiendo con el 8 de marzo, de la misma forma que hace un año fue tramitado por primera vez en vísperas de la fecha emblemática del feminismo.

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El primer paso del anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros fue tormentoso por las discrepancias entre los departamentos de Igualdad y Justicia. Luego fue remitido antes del verano a los órganos consultivos para los informes y poco después fue retirado para introducir nuevas modificaciones. De este modo, el texto definitivo no llegó a los órganos consultivos hasta el pasado octubre.

Fuentes del CGPJ niegan cualquier tardanza artificial y aseguran que la previsión es que el informe estará listo este mes de febrero. Indican, además, que la norma es de gran complejidad, ya que provoca modificaciones en otras leyes que hay que analizar con cuidado. Ponen también de relevancia la importancia de la materia y el deseo del Consejo de que se alcance la mejor de las leyes posible. No será hasta que el órgano de gobierno de los jueces informe cuando lo haga el Consejo de Estado. A partir de ese momento comenzará la tramitación parlamentaria.

Nacida con polémica

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley en marzo de 2020, justo en el umbral de la expansión del coronavirus, que ha sido también uno de los factores que han influido en la dilación de este primer trámite de informes. La nueva ley salió adelante en medio de fuertes discrepancias entre los dos partidos de la coalición. Prevé penas menores para los delitos de agresión y violación y regula hasta tres tipos de acoso, entre ellos el ocasional que se castigará con penas de localización permanente —arresto domiciliario en domicilio distinto y alejado de la víctima— y trabajos comunitarios, hasta un mes, o multa.

El acoso se divide en tres tipos penales. En el delito de 'stalking' o acoso reiterado se elimina la previsión actual que exige que este altere "gravemente" la vida cotidiana de la víctima. Bastará con que existan seguimientos, contactos insistentes o uso de sus datos. En este caso subirán las penas de los tres a siete meses o multa a de seis a doce meses, máximo de 24 en los casos más graves, o multa superior. En el acoso sexual a secas, tipificado como "solicitar sexualmente en ámbito laboral, docente o de desigualdad provocando intimidación hostilidad o humillación graves", también subirán las penas y se incorporará una inhabilitación profesional o para el ejercicio de cargo, que hasta ahora no estaba prevista. Por último, se incluye el ya citado acoso ocasional, "no reiterado pero sexista o sexual".

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Sin embargo para los delitos de agresión y violación las penas previstas son menores. Tras acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual, se castigarán las violaciones con penas de 4 a 10 años, que podrán llegar hasta los 12 años con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes. Ahora, toda penetración sin consentimiento será considerada una violación, tal como establece el Convenio de Estambul. La violación con un agravante podrá ser penada con entre 7 y 12 años y, si se le suman dos, con entre 9 y 15 años, han informado fuentes de Igualdad. Uno de los motivos de polémica ha sido la calificación de los delitos grupales. Una de las inquietudes de la judicatura es que, en su redacción original, provocaría descensos de penas en casos como el de la Manada.

Otro de los puntos polémicos es el del consentimiento. El párrafo fue uno de los más polémicos de la iniciativa legislativa que se encuentra en la fase de informes de los órganos consultivos. La acción de consentir se bautizó desde el Ejecutivo como 'solo sí es sí'. En el anteproyecto figura que será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como reo de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. "Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto", fue la fórmula empleada.