La 'ley trans' de Montero se atasca por el freno del PSOE y las reticencias de los aliados

El proyecto de 'ley trans' impulsado por el Ministerio de Igualdad se está topando con reticencias tanto dentro del Consejo de Ministros como entre los socios de investidura en el Congreso. Unas trabas que apuntan a un largo y complejo proceso de tramitación, ya que el texto deberá negociarse primero con el sector mayoritario del Gobierno, el PSOE, que duda de su seguridad jurídica, principalmente en lo relativo al cambio de sexo sin necesidad de informes médicos, y después con los distintos grupos parlamentarios para conseguir el respaldo necesario en el Congreso.

Varios partidos, consultados por El Confidencial, plantean dudas legales o se muestran favorables a negociar cambios a través de enmiendas, ralentizando todavía más el proceso. La intención del departamento dirigido por Irene Montero de iniciar su tramitación en la primera quincena de febrero, tras haber elaborado el polémico borrador, y llevarla al Consejo de Ministros antes del 8-M se ha frenado a la espera de los informes de Justicia y Sanidad, mientras que su ratificación definitiva se extendería varios meses más de lo previsto.

Desde el PP, ya han avanzado que no consideran necesario este proyecto, mientras que otros grupos, como Ciudadanos o PNV, se suman a las dudas sobre la falta de garantías jurídicas expresadas por los socialistas respecto al borrador. Fuentes del grupo nacionalista vasco mantienen en el aire su posición y reconocen la necesidad de estudiar en profundidad el borrador por la polémica generada. En cualquier caso, relajan los plazos marcados desde el ministerio controlado por Unidas Podemos y entienden que todavía es pronto para determinar su posición. Falta negociación. En la formación naranja, que ya registró su propia 'ley trans' el pasado mes de noviembre, reclaman evitar "inseguridad" a las personas trans y antes de entrar en el fondo de la ley piden que se produzca un acuerdo previo entre los socios de la coalición.

Otros grupos como ERC o Más País, que avanzan su apoyo al proyecto, matizan la necesidad de introducir cambios en la ley. Fuentes de Esquerra apuntan a cuestiones como la vivienda, los ancianos trans o la empleabilidad que quieren trabajar con el Ejecutivo para "mejorar" la norma. En su caso, meten prisa al Gobierno, conscientes, dicen, de que tiene problemas internos para tramitarla, y desconfían de que el PSOE quiera frenar el debate sobre esta ley hasta pasar el mes de octubre, fecha en que celebrarán su congreso federal. En la formación liderada por Íñigo Errejón, avanzan ya que negociarán y presentarán enmiendas cuando el texto llegue al Congreso y al Senado, y aunque su posición es de partida favorable al proyecto, prefieren ser cautos hasta que se apruebe en el Consejo de Ministros.

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El Ministerio de Igualdad ya ha mantenido reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para avanzarles sus proyectos, y se les han trasladado tanto las claves de la 'ley trans' como de la LGTBI. Desde este departamento, confían en un respaldo generalizado de los grupos apoyándose en la ponencia de la 'ley trans' presentada por el PSOE y aprobada en la comisión de Justicia en 2019, y que finalmente decayó al convocarse elecciones generales.

Entonces, subrayan, todos los grupos firmaron una ponencia que recogía precisamente los aspectos que el PSOE ahora pone en duda: lo relativo a los menores trans, la autodeterminación de género o la despatologización. El PP solo votó en contra del punto que hacía referencia a la posibilidad de dejar en blanco la mención del sexo del recién nacido, de mutuo acuerdo de los progenitores, si el parte facultativo indicara la condición intersexual, aceptándose por todos los grupos que la solicitud de rectificación registral de la mención de sexo no precisa de más requisitos que la declaración expresa. Asimismo, se incluyó como novedad respecto al texto de 2007 que "las personas de entre 12 y 16 años podrán efectuar la solicitud por sí mismas o con sus representantes legales".

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Pese a las coincidencias, el PSOE se ha desvinculado desde el primer momento del borrador elaborado por Igualdad y sus dudas han calado en otros grupos parlamentarios. Desde la vicepresidencia primera del Gobierno, que dirige la socialista Carmen Calvo, se reconocen las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. "Hay disparidad de criterios", aseguran, haciendo énfasis en la necesidad de dotar la ley de seguridad jurídica y que "queda mucho trabajo por delante", principalmente por parte de los ministerios de Justicia y Sanidad, poniendo en duda el calendario previsto por Igualdad.

Unos argumentos similares a los que se utilizaron desde el sector socialista con la ley de libertades sexuales, conocida como ley de 'solo sí es sí'. Al igual que ahora, se visibilizó un choque que tiene mucho que ver con quién se hace con la hegemonía del feminismo, pero también con los contenidos, debido a las distintas tradiciones que representan socialistas y morados. Los primeros siempre señalaron a Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer, como responsable de que el Ministerio de Igualdad se hubiese apartado de la línea del feminismo clásico, dejando entrever sin embargo unas divergencias que tienen como trasfondo que este ministerio del PSOE pasase tras la coalición a manos de Unidas Podemos.

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El PSOE abordó esta cuestión en la ejecutiva federal del partido celebrada este lunes en Ferraz, con la conclusión de ajustar la norma al plano de la constitucionalidad ante la posibilidad de que pueda ser recurrida al Tribunal Constitucional. Según recalcó tras la reunión el secretario de Organización, José Luis Ábalos, se trata de "un tema delicado, complejo y muy sensible que no se puede abordar a la ligera ni atajar en términos que pueden abrir la puerta a otros debates que afecten a la igualdad de las mujeres, algunos en los que nuestro partido está en contra, como los vientres de alquiler, o todo lo derivado de no encajar con rigor este proyecto".

Las diferencias de PSOE y Unidas Podemos se enfatizan ya al inicio de la legislatura en lo referente a la llamada teoría queer, y los socialistas llegaron a advertir sobre su temor de que las leyes impulsadas desde Igualdad, en manos de Irene Montero, acaben "desdibujando" a la mujer. A través de un argumentario difundido el pasado mes de junio, se criticó que la teoría queer va "ganando terreno en el mundo académico y activista" y "niega la existencia del sexo biológico, por lo que desdibuja y difumina la realidad de las mujeres". Desde la Federación Estatal LGTB, se manifestó su "más absoluto rechazo y condena al argumentario tránsfobo del PSOE y sus posteriores intentos de justificación por parte de algunas de sus responsables". En clave más política, Ábalos reprochaba este lunes que "parece que la batalla por la igualdad se hace a costa de las mujeres, y debe ser transversal". Las leyes de igualdad, sin embargo, siguen siendo una de las principales batallas en el seno del Gobierno de coalición.