El Constitucional examinará a Campo y Díez aunque el CGPJ alargue el bloqueo

Las aguas bajan más revueltas que nunca en el Tribunal Constitucional. La pasada semana ha agitado la sede del órgano de garantías atrapado en el dilema de permitir la entrada separada de los dos magistrados que ha propuesto el Gobierno —Juan Carlos Campo y Laura Díez— o dar carrete al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), atascado en la designación de los dos que faltan. Tras fijar un plazo de espera no exento de polémica, el TC se prepara para afrontar la posibilidad de que el Consejo siga sin nombrar el próximo 22 de diciembre, cuando tiene convocado Pleno.

Según informan fuentes jurídicas, el periodo de gracia que se ha dado al CGPJ no se alargará más allá del día 22. Los dos magistrados propuestos por el Ejecutivo deben someterse a un Pleno de habilitación en el que se comprueba su idoneidad y que representa el último paso para que tomen posesión de sus puestos. La discrepancia sobre si ese trámite se debe realizar ya o puede esperar unos días, provocó el miércoles un debate ante la diferencia de criterios. Tres magistrados progresistas pidieron sin éxito su convocatoria inmediata.

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Después de esa división de criterios, el momento del examen de Campo y Díez pareció quedar en el aire. Sin embargo, el TC no está dispuesto a dejar congelada la renovación de forma indefinida. El Pleno se convocará de forma inmediata y urgente tanto si el Consejo elige a sus candidatos como si no lo hace. Cosa distinta es el resultado de esa reunión de verificación. Si los elegidos por el Gobierno acuden a ella de forma independiente, muchos de los magistrados tienen dudas. Consideran inconstitucional que la renovación no se haga completa, es decir, por tercios, como indica expresamente la Carta Magna, y se avale ese recambio de solo dos, por sextos.

No hay nada que garantice que el Consejo nombre el día 22. Este pasado viernes los conservadores y progresistas rompieron su acuerdo inicial basado en que cada bloque elegiría por consenso a un candidato para someterlo a la consideración de todos los vocales. La idea inicial era la de buscar perfiles para favorecer el acuerdo global, ya que ni los más cercanos a la derecha ni los próximos a la izquierda cuentan con un número suficiente de votos para lograr la elección. Actualmente, el Consejo lo integran 18 vocales. Diez de ellos son conservadores y ocho progresistas. Para que la elección de un candidato salga adelante se necesitan 11 votos.

La discrepancia en la negociación ha girado en torno al candidato escogido por los progresistas, José Manuel Bandrés. Los conservadores se resistieron siempre a apoyarle por varios motivos. Por una parte, consideran que Bandrés viene impuesto por el Gobierno, que prefiere su perfil. Por otra, creen que si no le apoyan dificultarán el camino a la presidencia del TC de Cándido Conde-Pumpido. El acuerdo inicial se ha roto y el día del Pleno, cada vocal presentará candidatos individuales. Solo si dos de ellos logran 11 votos, la elección se completará.

El enfrentamiento

Mientras eso sucede, en el TC, una parte del grupo progresista quiere adelantar al máximo el examen de Campo y Díez. La pasada semana la propuesta por parte del Gobierno de designar al exministro de Justicia evidenció la existencia de interpretaciones distintas. La decisión coincidió con la convocatoria de un Pleno ordinario. En esa reunión del martes, el presidente Pedro González Trevijano propuso aplazar el estudio de la habilitación hasta comprobar si el 22 el Consejo salía de su atasco "por respeto institucional".

Esa premisa inicial solo aguantó 24 horas. El miércoles, Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán reclamaron que se convocara el pleno para mediados de diciembre a la vista de la fórmula empleada por el Gobierno para la publicación de los nombramientos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los tres magistrados defendían que el Ejecutivo instaba a la puesta en marcha urgente de la verificación. El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros hablaba de "comunicar al Tribunal Constitucional, por conducto del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dicha propuesta de nombramiento" a los efectos previstos en la ley. La propuesta del Ejecutivo incluía así una solicitud expresa, dirigida al tribunal, para que convocase el pleno de validación previsto en la ley, invocando de forma específica en la comunicación los artículos de la ley en los que se apoyaba su petición.

Pumpido, Sáez y Montalbán consideraban que el presidente Trevijano está obligado por el Reglamento a convocar un pleno que soliciten tres magistrados. En ese pleno específico tampoco tendría que procederse a la validación inmediata, sino debatir primero la cuestión central. Es decir, si "la negligencia de un órgano constitucional en el cumplimiento de su obligación constitucional de designar a sus magistrados impide a otro órgano constitucional cumplir sus obligaciones en plazo".