Los conservadores del CGPJ alargarán el bloqueo en busca de neutralizar a Pumpido

La decisión del Gobierno de nombrar al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez para pasar a formar parte del Tribunal Constitucional ha sido recibida como una agresión en toda regla por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pese a esperar desde hace días que el Ejecutivo moviera ficha, el carácter político de la elección se considera una prueba de "la instrumentalización" para someter al poder judicial. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces son conscientes de que el paso dado por los de Pedro Sánchez incrementa un grado más la presión para que nombren ya a sus dos candidatos, pero, pese a todo, están dispuestos a alargar el bloqueo. Un parte de los miembros del Consejo busca ahora descabalgar al candidato oficial de los progresistas, José Manuel Bandrés, con el objetivo final de disminuir las posibilidades del magistrado Cándido Conde-Pumpido de alcanzar la presidencia del TC.

La renovación del órgano de garantías se convirtió hace ya tiempo en una batalla en la que hay bandos, estrategias y cálculos medidos. Los nombramientos están pendientes desde el pasado septiembre y las excusas para perpetuar la situación comienzan a acabarse. Para subir un poco más la tensión, la elección del Gobierno pone al Constitucional ante un dilema. Tanto los nombramientos del Gobierno como los futuros del CGPJ deben someterse a su visto bueno en un pleno en el que valora la idoneidad y, al presentarse de forma separada, abren el riesgo de un nuevo enfrentamiento. Una parte del TC defiende que no se puede dar luz verde a dos sin los otros dos, ya que la renovación debe hacerse por tercios completos. Otros magistrados respaldan, sin embargo, el nombramiento efectivo y separado de Campo y Díez, y aseguran que la actitud del Consejo es "golpista".

De momento, el TC se ha decidido por ganar tiempo. Fuentes del tribunal aseguran que esperarán la notificación formal del Gobierno con la propuesta y esperarán un tiempo prudente para que el CGPJ nombre a los suyos. Ese tiempo prudente se alargaría hasta el 22 de diciembre. A las puertas de la Navidad, se celebra el último pleno del año en el Consejo y tanto el Ejecutivo como el Constitucional quieren confiar en que sea el día en que los vocales elijan al fin a los dos que faltan.

Es precisamente en estas semanas cuando la parte conservadora desplegará a fondo la parte final de su estrategia sin que esté nada claro aún si conseguirán sacarla adelante. En resumen, consiste en tratar de descabalgar al candidato único del sector progresista, al que se considera impuesto "a dedazo" de la Moncloa, y forzar la elección de otro magistrado cercano a la izquierda pero alejado de la órbita de influencia del Ejecutivo: Pablo Lucas.

Creen que la resistencia de los progresistas por mantener a Bandrés esconde que Lucas no votaría a Pumpido como presidente del TC

Los conservadores ya han comunicado a Álvaro Cuesta, portavoz de los progresistas, que no votarán a Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Supremo, aunque sí a Lucas. Le apoyarían junto al magistrado de su elección, Pablo Llarena. Creen que la resistencia de los progresistas por mantener a Bandrés se debe a que este grupo es consciente de que Lucas no votaría a Conde-Pumpido como presidente del TC. A la presidencia aspira, además de Pumpido, la magistrada María Luisa Balaguer. Las posibilidades de uno y otra dependen de los nombres que salgan de la ecuación final. Cada voto cuenta.

Crisis institucional

La dilación llevaba tiempo impacientando al Ejecutivo. El argumento de la Moncloa, que adelantó este diario, es que la demora del Consejo "constituye una rebeldía" ante el mandato de la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, que modificaba los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo, sin dejar de estar en funciones, pudiera nombrar a los dos miembros del Constitucional que le corresponden. El ministro Félix Bolaños lo justificó como una decisión "obligada" por la situación de bloqueo. "El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión".

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Según el apartado 1.º del reformado artículo 599, los nombramientos del Consejo se tenían que haber producido antes del pasado 13 de septiembre para que, a su vez, el Gobierno designase a los suyos y el tribunal se renovase por tercios (cuatro de 12). En la actualidad, cuatro magistrados han agotado su mandato de nueve años, entre ellos, el presidente del órgano de garantías, Pedro González Trevijano, su vicepresidente, Juan Antonio Xiol Rius, y los magistrados Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez. Campo y Díez serán los encargados de sustituir a Trevijano y Narváez, los dos que en su día nombró el Gobierno del PP.

Alargar el bloqueo, por tanto, es jugar con fuego. En el caso de que la designación del Consejo se enquiste más allá del 22, el Ejecutivo activará la entrada oficial de sus dos elegidos en el TC y desencadenará otra crisis institucional de consecuencias aún no mensurables.