El poder judicial alargará el bloqueo del TC y se encamina al choque con el Ejecutivo

A 24 horas del pleno en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería retomar los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional que tiene pendientes desde septiembre, la parte conservadora del órgano de gobierno de los jueces no está dispuesta a hacerlo. Un número suficiente de vocales mantiene bloqueadas las designaciones en un pulso con el Ejecutivo que ya roza el choque frontal. La Moncloa ha advertido de que no esperará más y activará la elección directa de los otros dos magistrados del tercio que está pendiente de renovar. Se avecina una nueva crisis con el poder judicial en el momento más delicado posible, en plena crisis legislativa por las consecuencias de la ley de libertad sexual y cuando se tramita ya la desaparición del delito de sedición pactada con ERC a cambio de su apoyo a los presupuestos.

Este mismo miércoles, los sectores progresista y conservador del Consejo reanudarán los contactos sin que se esperen avances. La nueva cita coincide con el desenlace, a manos del Tribunal Supremo, de la vía judicial abierta contra la designación de Rafael Mozo como presidente suplente. En la última fase de las conversaciones, los más cercanos a la derecha reclamaron un cambio de las reglas de la negociación, para que se prime la idoneidad de los candidatos en lugar del reparto uno a uno por preferencia ideológica.

El pleno del jueves lleva además una propuesta para que se censure la forma en que el Ejecutivo ha decidido eliminar el principal delito por el que se condenó a los políticos catalanes que impulsaron el procés. Un grupo de ocho vocales registró hace días un escrito en el que solicita votar si el órgano debe pronunciarse sobre la falta de petición de informe en relación con la reforma que elimina la sedición para sustituirla por unos desórdenes agravados. Los firmantes aseguran que "los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al poder judicial deben someterse a previo informe de los consejos de Justicia".

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Además, la resaca de la ley Montero sobrevuela también el ambiente. En la última reunión de la Comisión Permanente, el Consejo ya dejó clara su postura con un duro comunicado en respuesta a las descalificaciones a los jueces lideradas por Igualdad con acusaciones de machismo o instrumentalización de la norma que ha comenzado a provocar descensos de condenas ya impuestas.

De momento, solo el bloque progresista ha movido ficha tras elegir como su candidato único al magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, José Manuel Bandrés. Los conservadores tienen como favorito al juez instructor del procés Pablo Llarena y cuentan con un listado con otros aspirantes de peso, como el presidente de la Sala de lo Contencioso, César Tolosa, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS, e Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

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La dilación lleva tiempo impacientando al Ejecutivo. Antes del embrollo de la ley Montero y las críticas por la posible reforma de la malversación que demanda también Esquerra, el Ejecutivo estaba dispuesto a romper y designar ya sin esperar a los dos magistrados del TC que le corresponde nombrar. El argumento de la Moncloa, que adelantó este diario, es que la demora del Consejo "constituye una rebeldía" ante el mandato de la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, que modificaba los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo, sin dejar de estar en funciones, pudiera nombrar a los dos miembros del Constitucional que le corresponden.

Según el apartado 1.º del reformado artículo 599, los nombramientos del Consejo se tenían que haber producido antes del pasado 13 de septiembre para que, a su vez, el Gobierno designase a los suyos y el tribunal se renovase por tercios (cuatro de 12). En la actualidad, cuatro magistrados han agotado su mandato de nueve años, entre ellos, el presidente del órgano de garantías, Pedro González Trevijano, su vicepresidente, Juan Antonio Xiol Rius, y los magistrados Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez.