El CGPJ recaba informes para exigir al Gobierno que le deje hacer nombramientos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) busca un respaldo técnico que le sirva de ariete para exigir al Gobierno que derogue de forma completa la reforma legal por la que se le impide efectuar nombramientos para los altos tribunales al margen de los del Constitucional. La última reunión de la Comisión Permanente acordó la solicitud de una batería de informes con los que se pretende demostrar con datos expresos la delicada situación que atraviesa el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de Justicia y el Tribunal Militar Central.

La intención que no ocultan los vocales es la de forzar que el Ejecutivo dé marcha atrás y entienda que mantener la prohibición es insostenible en un escenario en el que todo apunta a que el órgano de gobierno de los jueces continuará en funciones durante meses o incluso años. Tras el abrupto final al que llegaron las conversaciones que mantenían el Partido Popular y el Gobierno, se da por hecho que no habrá renovación hasta, al menos, el fin de la actual legislatura. Durante los próximos meses, las vacantes no cubiertas que ya minan la actividad de los tribunales continuarán aumentando.

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La Comisión Permanente encargó tres informes. Ha pedido al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo que le detalle el "impacto" que tiene sobre cada una de las salas la imposibilidad legal efectuar nombramientos discrecionales, con especial atención en las Salas Tercera y Cuarta, las más afectadas. Se ha dirigido, además, a los TSJ para reclamar que le describan su situación actual y si cuentan con medidas de refuerzo para continuar funcionando o estas se están viendo denegadas por el Ministerio de Justicia.

Por último, ha pedido también detalles al Tribunal Militar Central que solo cuenta, en la actualidad, con un miembro de los cinco que lo componen habitualmente. Esta instancia se ocupa de juzgar los delitos cometidos en el seno del Ejército y de la Guardia Civil. El próximo diciembre, el único magistrado que lo integra ahora mismo, su presidente Francisco Luis Pascual, pasará a la reserva y el tribunal tendrá que echar el cierre.

Las vacantes

La historia interminable del CGPJ aboca a los altos tribunales al colapso. Casi cuatro años después de que venciera su mandato, el nuevo fracaso en la renovación y la prohibición de nombrar deja más de 60 nombramientos de la cúpula judicial bloqueados. En palabras del ya expresidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, la actual situación del Poder Judicial es "el estropicio" más grande "en toda la historia de nuestra democracia".

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El bloqueo en la cúpula judicial se remonta a marzo de 2021, cuando el PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante una reforma que impide al órgano realizar nombramientos para los más altos puestos mientras se encuentre en funciones. El Gobierno justificó esta medida como un aliciente para renovar el CGPJ, pero, 18 meses después, el retraso a la hora de resolver asuntos llega hasta tal punto que, según vaticinan fuentes jurídicas, algunos tribunales tardarán años en recuperarse.

Con una plantilla de 79 magistrados, el propio Supremo quedará con 17 plazas vacantes este octubre, una falta de efectivos que ya resulta insostenible para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social. En la primera hay 10 vacantes de un total de 33 plazas, mientras que la de lo Social alcanzará las cinco de un total de 13 este mismo mes, incluida la de su presidenta, Maria Luisa Segoviano. Ambas son las más afectadas y antes de final de año temen no poder constituir sus secciones de enjuiciamiento por falta de magistrados, pero la Sala de lo Civil (una de 10) y de lo Militar (dos de ocho) también han comenzado a sumar ausencias.

"Va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año", advertía un informe de la Sala de Gobierno del Supremo en octubre de 2021, cuando sumaban 12 vacantes. Un año después, el bloqueo se mantiene y este diciembre ya sumarán 18 ausencias en el tribunal.

En el caso de la Audiencia Nacional, destaca a su vez la presidencia de la Sala de lo Penal, que quedó vacante tras la marcha de la magistrada Concepción Espejel al Tribunal Constitucional hace un año. El magistrado Alfonso Guevara ocupa la presidencia en funciones desde entonces, pero la elección del sustituto definitivo para un tribunal que dirime los delitos de terrorismo o las macrocausas de corrupción política, entre otras cuestiones, depende de un CGPJ que sigue sin renovarse.

Otro de los principales perjudicados de este bloqueo es la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central. Este órgano es el encargado de juzgar algunos de los delitos cometidos en el seno del Ejército y de la Guardia Civil, pero, dada la falta de miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, a partir del 21 de diciembre no va a poder actuar. El CGPJ, de hecho, ya tuvo que asumir las competencias de la Sala de Gobierno de este tribunal en octubre de 2021 por el mismo motivo.

El bloqueo afecta a su vez a los más altos puestos de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades y a las audiencias provinciales. Según informó el expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado 7 de septiembre, durante la apertura del año judicial, 49 de las 116 presidencias de tribunales no están desempeñadas por un titular.