El Gobierno se "harta" del CGPJ y nombrará ya a sus dos magistrados en el Constitucional

El Gobierno no está dispuesto a seguir esperando. El plazo de "cortesía" concedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden —como parte del tercio que designa junto a otros dos candidatos del Ejecutivo— está a punto de expirar. Fuentes jurídicas y gubernamentales indican a El Confidencial que Pedro Sánchez precipitará en las próximas semanas la elección directa de los dos nuevos integrantes del órgano de garantías. Lo hará sin esperar a que el Consejo tome una decisión en caso de que ese trámite se alargue.

Los nombramientos se examinarán en el próximo pleno del órgano de gobierno de los jueces que se reúne el 24 de noviembre. De momento, solo el sector progresista ha presentado a su candidato oficial, el magistrado de la Sala Tercera del Supremo José Manuel Bandrés. Los conservadores tienen previsto hacer lo propio a partir de la próxima semana. El instructor del procés, Pablo Llarena, parte como favorito.

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Las fuentes consultadas aseguran que, si el CGPJ dilata la decisión y no nombra a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden (artículo 159.1 de la CE) en el citado pleno, el Gobierno no esperará más tiempo y procederá a designar los suyos. Fuentes gubernamentales consideran que la demora del Consejo "constituye una rebeldía" ante el mandato de la ley orgánica 8/2022, de 27 de julio, que modificaba los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo, sin dejar de estar en funciones, pudiera nombrar a los dos miembros del Constitucional que le corresponden.

Según el apartado 1.º del reformado artículo 599, los nombramientos del Consejo se tenían que haber producido antes del pasado 13 de septiembre para que, a su vez, el Gobierno designase a los suyos y el Tribunal se renovase por tercios (cuatro de 12). En la actualidad, cuatro magistrados han agotado su mandato de nueve años, entre ellos el presidente del órgano de garantías Pedro González Trevijano, su vicepresidente Juan Antonio Xiol Rius y los magistrados Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez.

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El problema que surge es que la renovación del Tribunal Constitucional debe producirse por tercios, cada tres años (de cuatro en cuatro), para un mandato de nueve. Este es la previsión explícita del artículo 159.3 de la Constitución. Según entiende el Gobierno, la demora del Consejo está trabando ilegalmente su facultad de nombrar a sus dos magistrados, de tal manera que, ante esta situación, el Ejecutivo —"harto" según las fuentes consultadas— justificaría los nombramientos y la renovación a sextos y no a tercios del TC, entendiendo que la “rebeldía” del Consejo permite una interpretación “amplia” de la Constitución.

Dictámenes jurídicos

Fuentes gubernamentales aseguran que cuentan con dictámenes jurídicos y opiniones técnicas que avalarían no solo el nombramiento de sus magistrados sin esperar a los del Consejo, sino que el Constitucional no podría rechazarlos en un juicio de idoneidad que debe solo “verificar” que cumplen los requisitos establecidos en la ley para desempeñar el cargo, sin poder impedir su incorporación al órgano de garantías. Efectivamente, el artículo 10 i) de la Ley Orgánica del TC atribuye al pleno de este organismo la función "de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional".

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Esta interpretación, tanto de la renovación a sextos y no a tercios, como la del alcance del examen de la idoneidad de los designados, no la comparten ni una buena parte de los actuales magistrados del Tribunal ni la mayoría de los académicos y constitucionalistas consultados por El Confidencial. Y advierten también de la grave colisión que podría producirse entre el Gobierno y el TC si el Consejo de Ministros no reconoce que el pleno del Constitucional dispone de la facultad de vetar a los dos magistrados gubernamentales sin esperar a los dos del Consejo y dicta cuatro reales decretos por los que se nombrarían a sus candidatos y se cesaría a dos de los cuatro magistrados que han agotado el mandato.

Si los dos magistrados nombrados por el Gobierno accediesen al Constitucional, se produciría la correspondiente votación para elegir de entre sus miembros al presidente del órgano de garantías porque el actual, González Trevijano, cesaría. El candidato del sector progresista es, por el momento, Cándido Conde-Pumpido, pero la magistrada María Luisa Balaguer conserva posibilidades de disputarle la presidencia porque podrían votarla, además de los magistrados conservadores, varios de los progresistas.

Opinión

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Por fin, si se diese el caso de que el Gobierno nombrase a sus dos magistrados sin esperar al Consejo y estableciese el criterio de que la “verificación” del pleno del TC se debe limitar a la constatación de los requisitos que exige la ley para ser nombrados, pero sin posibilidad de rechazarlos, la mayoría del organismo sería progresista en una proporción de siete a cuatro, ya que no hay perspectivas de que los grupos parlamentarios socialista y popular acuerden en el Senado el nombramiento del magistrado que sustituya a Alfredo Montoya que renunció por razones de edad y cuyo mandato vencía en 2026.

Desde el Ejecutivo, no se oculta la impaciencia. Hace solo unos días el presidente del Gobierno corroboró de forma pública que el Ejecutivo se considera legitimado para llevar a cabo esta designación directa. En rueda de prensa, Sánchez afirmó que el Ejecutivo "cumplirá con la Constitución" más pronto que tarde y nombrará a sus dos magistrados. Dejó una puerta abierta para evitar el enfrentamiento directo con el Consejo, confiando en que el Consejo será escrupuloso con la ley.

El Consejo, en lucha

Una decisión de estas características provocaría, sin embargo, un nuevo enfrentamiento entre poderes tras dos meses de tensiones. Si el Gobierno procede a la elección sin esperar, generará una brecha más y armará de razón a aquellos vocales que consideran que acceder a llevar a cabo los nombramientos supone dejarse instrumentalizar por el Ejecutivo, aseguran jueces consultados.

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La herida de la limitación de funciones del órgano aún está abierta. El CGPJ está autorizado a nombrar para el TC, pero sigue teniendo vetado realizar otros nombramientos para altos tribunales como el Supremo o los superiores de Justicia. Desde el Consejo se ha incrementado la presión en las últimas semanas para reclamar que esa prohibición acabe. Los vocales apuntan que, sin un horizonte claro para la renovación, es insostenible continuar sin cubrir las plazas que van quedando vacantes. El TS ya se encuentra en una situación insostenible que solo puede empeorar, indican.

Desde el sector conservador del Consejo son, sin embargo, conscientes de que las reticencias con las que abordaban los nombramientos han saltado por los aires tras la dimisión de Carlos Lesmes y el fracaso rotundo de la última intentona del Gobierno y el PP para renovar el CGPJ. "No tienen más remedio que nombrar", aseguran las fuentes consultadas, que señalan que la dilación de casi dos meses debe terminar de forma inmediata.