El Gobierno no contempla que el CGPJ no elija a sus magistrados para el TC: "La ley se cumple"

El Gobierno "no contempla" la "hipótesis" de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no cumpla con su obligación de designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) antes del 13 de septiembre. Es una "hipótesis" que no quieren contemplar, porque aseguran que en España "la ley y la Constitución se cumplen", si bien parte de los vocales del CGPJ, un órgano que lleva en funciones desde hace tres años y nueve meses, plantean hacer fracasar este nombramiento.

En el Ejecutivo, además, consideran "adecuadas" las palabras del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que este lunes se opuso a que la institución que preside "se declare en rebeldía". "Es nuestro deber: el cumplimiento de la ley y de la Constitución", apostilló. La norma que les obliga a realizar estos nombramientos en este plazo, la contrarreforma de una modificación del propio Gobierno para vetarles la opción de hacer nombramientos tras caducar su mandato, es el motivo de fondo de su rechazo. El Ejecutivo también nombrará a los dos vocales que le corresponde en tiempo y forma, y sostiene que, si alguien incumple la ley, será su responsabilidad explicarlo.

Esta es la posición del Gobierno con uno de los temas candentes, en una jornada marcada por el duelo parlamentario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, a partir de las cuatro de la tarde en el Senado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha defendido que el Ejecutivo tiene clara "su hoja de ruta", y que hoy el presidente intentará "contrastar de manera tranquila, pausada y haciendo pedagogía" su modelo energético, frente a la ausencia de propuestas que atribuye a Feijóo. Al líder de la oposición, además, le ha reclamado que retire, antes del debate, sus palabras en las que comparaba a Sánchez con el dictador del libro 'El otoño del patriarca' de Gabriel García Márquez. "Son indignas en un Estado democrático", apostillaba, exigiéndole "altura de miras", "responsabilidad" y que se fije en el "rumbo" que marca la Comisión Europea, a la que percibe alineada con el Gobierno.

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El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado, además, tres reales decretos, entre ellos el que garantiza el derecho a cobrar el subsidio por desempleo a las trabajadoras del hogar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado que la norma que reconoce el derecho a cobrar el paro a "las grandes olvidadas", "las mujeres trabajadoras más vulnerables", a través de una norma "transversal, inclusiva, feminista" y "social". "España es hoy un país mejor", aseguraba.

Ha sostenido incluso que, a su entender, es la norma "más importante" de las aprobadas por el Consejo de Ministros, al corregir una desigualdad histórica. El decreto reconoce "desde hoy mismo" su derecho a cobrar la prestación por desempleo, así como "todas las prestaciones asistenciales de todo el ordenamiento laboral"; las incorpora a la prevención de riesgos laborales ordinarias, o les garantizará la protección ordinaria en caso de despido.

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Según la vicepresidenta segunda, la norma tiene efecto compensatorio en las familias que necesiten contratar a estas trabajadoras; se mantendrán las reducciones y bonificaciones a los empleadores ya existentes, y se instaurará una nueva bonificación del 80% de las cotizaciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con el objetivo de no generar costes adicionales a las familias.

Díaz ha lamentado que este colectivo feminizado (un 95% son mujeres) ha tenido que esperar hasta el primer tercio del siglo XXI para ver reconocidos sus derechos. El 44% de estas trabajadoras son extranjeras, y el 60% trabajan a tiempo parcial, "de forma precaria". La norma, que debe ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un plazo de no más de 30 días, corrige una desigualdad histórica, en palabras de Díaz, y que es explicable por el hecho de que la inmensa mayoría de estas trabajadoras "son mujeres".

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Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha vuelto a reclamar un "debate" sobre el MidCat, el gasoducto que reclaman España, Portugal y Alemania, y que cuenta con el rechazo de Francia. La vicepresidenta tercera se pronunciaba después de que Bruselas rechazase financiar esta infraestructura, y avanzaba que será uno de los temas a tratar en la reunión de los ministros de Energía de los 27, este viernes.

"Si hay algún Estado miembro que considera que esa propuesta no es la mejor", sostenía, "es bueno que, con espíritu europeísta, lo puede plantear con total tranquilidad". Después de su alineamiento con Alemania a cuenta de esta infraestructura, y a pesar de los rechazos manifestados a este plan hasta el momento, el Ejecutivo no quería tirar la toalla.