Una parte del CGPJ se resiste a obedecer al Gobierno y amenaza la renovación del TC

Sin perspectivas de acuerdo. Las últimas horas antes de la semana clave para el impulso de la renovación del Tribunal Constitucional han transcurrido sin grandes novedades y, por tanto, sin avances. La desgana parece haber hecho presa de un Consejo General del Poder Judicial en el que una parte se muestra reticente a asumir sin más el mandato del Gobierno de activar los dos nombramientos que le corresponden al órgano para el TC. Un número considerable de los vocales no quiere participar en lo que tachan como "el plan de Pedro Sánchez". Todo apunta a que el pleno convocado para el día 8 transcurrirá sin acuerdo.

Pese a ello, el presidente, Carlos Lesmes, trabaja para activar posibles pactos. En la actualidad, el órgano está integrado por 19 miembros. Ocho de ellos pertenecen al bloque considerado progresista y el resto, 11 en total, al conservador. Para lograr que cualquier candidatura salga adelante se necesitan 12 apoyos, es decir, tanto los de un lado como parte de los del otro deben dar luz verde al aspirante propuesto. De momento, los números no salen.

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En la práctica, no será hasta horas antes de la reunión cuando se trate de forma activa de impulsar las conversaciones. Los vocales se han citado el próximo martes, dos días antes del pleno, en un encuentro que se prevé de sondeo. El diálogo entre bloques es, hasta ahora, nulo. Los sectores han hablado entre sí, pero no con el contrario, y de este modo no hay opciones de éxito. A esta incomunicación se une la falta de candidatos idóneos del ala conservadora. Hasta cuatro magistrados del Supremo le han dado calabazas al TC y ningún otro convence sin paliativos.

Con este panorama, la escena que plantean varios vocales convocados para el pleno del 8 es de simple toma de temperatura. Entre los miembros del Consejo hay posturas para todos los gustos. Algunos quieren sacar la elección adelante sin sobresaltos, otros se inclinan por votar en blanco por no tener claro su apoyo a uno u otro aspirante y hay quien se inclina por manifestar de forma extrema su rechazo, declararse en rebeldía y no votar.

Un puente frágil

Al menos tres de los integrantes de las filas conservadoras se encuentran en situación de actuar como puente. El presidente Lesmes, que ha repetido por activa y por pasiva que el CGPJ debe cumplir la ley, le guste esta más o menos, y los vocales Olea y Guilarte. Pese a ello, con ellos tres los votos se quedan a uno de lograr sacar adelante una candidatura y, además, nadie descarta que se produzcan 'descuelgues' o bien votos convencidos pero infructuosos por falta de apoyos.

Para tratar de conciliar lo irreconciliable, el presidente Lesmes tiene un instrumento con el que podrá reducir el desacuerdo. El reglamento del Consejo regula las normas que deben seguir los debates y las votaciones y especifica que es él quien se ocupa de "la dirección y ordenación". Por ello, en lugar de abrir la posibilidad de que se planteen diversos candidatos que dispersen un voto ya complicado, sopesa centrar el tiro en un candidato único por bloque, dos en total.

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Este reglamento también indica que cuando en las votaciones para la provisión de cargos judiciales ninguno de los votados alcance el apoyo necesario, se celebrará una nueva votación entre los dos que hubieren obtenido mayor número de votos. Si ninguno de ambos alcanzase la mayoría expresada, después de tres votaciones consecutivas, se entenderá denegada la propuesta, que se devolverá al órgano competente para que formule otra nueva.

Lesmes convocó este pleno extraordinario después de que las Cortes aprobaran la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que devolvió atribuciones al Consejo en funciones exclusivamente para aprobar los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al órgano. El Ejecutivo introdujo, además, un límite temporal. La designación debe realizarse, sobre el papel, en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior y, por tanto, antes del próximo 13 de septiembre.

¿Retraso?

A pesar de las intenciones del presidente Lesmes, el Gobierno tiene muy presentes las reticencias de este grupo. El pasado julio, varios vocales forzaron la celebración de un pleno en el que se aprobó un acuerdo crítico contra la reforma del Gobierno. Por 10 votos a favor, siete en contra y dos en blanco, el órgano de gobierno de los jueces acordó instar al Congreso a que le solicite un informe sobre el cambio legislativo y, de forma paralela, que recabe otro de la Comisión Europea. Según argumentaban, la reforma del Gobierno es "contradictoria e incoherente".

La reforma modifica de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir ahora al CGPJ nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional. Mantiene, sin embargo, la prohibición de que el órgano de gobierno de los jueces realice nombramientos en otros tribunales como el Supremo o los tribunales superiores de Justicia. De esta forma, el PSOE se ahorra pasar por una negociación con el PP que podría dilatar su objetivo y pretende acelerar el cambio en el TC para que este pase a contar con mayoría progresista y un presidente o presidenta de esta sensibilidad. El riesgo de que el CGPJ retrase o paralice completamente la elección de los dos magistrados que le toca designar es una variable que maneja el Gobierno, que no descarta, en ese caso, nombrar a sus dos de forma independiente, con lo que su proyecto inicial fracasaría.