Vocales del CGPJ maniobran para apartar a la mujer de Pumpido de la votación sobre el TC

Las conversaciones entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para preparar el pleno de la próxima semana, en el que debe debatirse la designación de dos candidatos para el Tribunal Constitucional, se han reactivado esta semana. Aún con varias opciones sobre la mesa y sin apuestas claras, los miembros del órgano han comenzado a intercambiar opiniones. En ese marco, un grupo minoritario ha sondeado al resto en busca de apoyos para proponer que la vocal y magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, casada con el magistrado Cándido Conde-Pumpido, quede apartada de la decisión final.

No se trata de una propuesta oficial, sino de un tanteo exploratorio para comprobar las opiniones de los integrantes del Consejo. Los que cuestionan la participación de la jueza defienden que debería abstenerse "por la evidencia de su conflicto de intereses en el tema". No se trata solo de su apoyo a Pumpido, que se perfila como próximo presidente del TC, y al que, por tanto, votarían las dos personas que sean designadas, aseguran las fuentes consultadas. También influye la posibilidad de que el bloque progresista promueva para integrar el Constitucional al actual presidente de la sala a la que ella pertenece, la de lo Militar, Jacobo Barja de Quiroga.

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Los críticos con la intervención de Martínez de Careaga en el debate y votación del TC aseguran que la magistrada tendría muchas opciones de sucederle en la dirección de la Sala Quinta si este abandonara el Supremo y que esta circunstancia impediría su objetividad. La magistrada es vocal desde noviembre de 2013, cuando fue nombrada por el Congreso a propuesta del PSOE. Después de 21 años como magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior madrileño, en 2009 se convirtió en la primera mujer en incorporarse a la Sala de lo Militar.

Otro vocal del Consejo se encontraría también en riesgo de quedar apartado. Se trata de Enrique Lucas, hermano de otro de los magistrados del TS que suenan para el Constitucional, Pablo Lucas. Si su familiar entrara para propuesta y votación, no podría participar en ella.

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El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, convocó un pleno extraordinario que se celebrará el próximo 8 de septiembre después de que las Cortes aprobaran la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que devolvió atribuciones al Consejo en funciones exclusivamente para aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al órgano.

El Ejecutivo introdujo un límite temporal. La designación debe realizarse, sobre el papel, en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior y, por tanto, antes del próximo 13 de septiembre. Pocas fuentes de las consultadas apuestan por que los nombramientos se produzcan sin ningún retraso y ninguna da por cerrada la elección en la primera reunión convocada. El presidente, Carlos Lesmes, ha comunicado su empeño en cumplir la ley frente a la opinión de un sector que se resiste a obedecer sin más y al que le tienta alargar la decisión.

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El bloque conservador, al menos de momento, no acaba de encontrar a su candidato. Sus principales apuestas han transmitido que no quieren incorporarse al Constitucional y aún no se ha encontrado una opción clara que recabe todos los apoyos necesarios para salir adelante. Mientras tanto, los progresistas tienen muchas menos dificultades. Prácticamente todos los nombres propuestos reúnen respaldo. Ademas de Pablo Lucas y Barja de Quiroga, se barajan opciones como la del magistrado de lo Contencioso José Manuel Bandrés.

El peligro de retrasos

A pesar de las intenciones del presidente Lesmes, el Gobierno no olvida las reticencias de este grupo. El pasado julio, varios vocales forzaron la celebración de un pleno en el que se aprobó un acuerdo crítico contra la reforma del Gobierno. Por 10 votos a favor, siete en contra y dos en blanco, el órgano de gobierno de los jueces acordó instar al Congreso a que le solicite un informe sobre el cambio legislativo y, de forma paralela, que recabe otro de la Comisión Europea. Según argumentaban, la reforma del Gobierno es "contradictoria e incoherente".

La reforma modifica de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir ahora al CGPJ nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional. Mantiene, sin embargo, la prohibición de que el órgano de gobierno de los jueces realice nombramientos en otros tribunales como el Supremo o los tribunales superiores de Justicia. De esta forma, el PSOE se ahorra pasar por una negociación con el PP que podría dilatar las cosas y pretende acelerar el cambio en el TC para que este pase a contar con mayoría progresista y un presidente o presidenta de esta sensibilidad. El riesgo de que el CGPJ retrase o paralice completamente la elección de los dos magistrados que le toca designar es una variable que maneja el Gobierno, que no descarta, en ese caso, nombrar a sus dos de forma independiente y su proyecto inicial fracasaría.