El pleno del TC aprueba la abstención de Conde-Pumpido para el 'procés'

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado este miércoles la abstención del magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón en todos los recursos relacionados con el 'procés'. El juez presentó hace unos días un escrito dirigido al presidente del tribunal, Juan José González Rivas, en el que comunicaba su intención de apartarse después de que el 'expresident' Carles Puigdemont le recusara con base en una conferencia ofrecida en el Congreso en abril de 2017 en la que —según defiende el huido— quedó cuestionada su imparcialidad al prejuzgar los hechos sucedidos en Cataluña durante la etapa del referéndum de independencia.

Los argumentos de Puigdemont se basaban en la duda de que Pumpido, hasta ahora encargado de coordinar todos los recursos del 'procés', pueda respetar las garantías de acceso a un tribunal independiente. Además, el 'expresident' le atribuye una relación de amistad y cercanía con uno de los fiscales del 'procés', Javier Zaragoza. Una vez expuestos sus argumentos, los condenados y el resto de fugados fueron sumándose a la solicitud hasta superar la decena de peticiones. Hace solo unas semanas, otro de los magistrados, Antonio Narváez, se apartó pese a considerar infundado el incidente planteado en su contra, en su caso por una conferencia impartida en Granada en la que dijo que lo ocurrido en Cataluña era un "golpe de Estado encubierto", más grave que el 23-F.

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Tras la decisión, los nueve magistrados restantes han comenzado a estudiar el primero de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' que aborda el tribunal de garantías, en respuesta al amparo presentado por Jordi Turull. Continuarán mañana deliberando sobre la cuestión.

La conferencia

En la conferencia pronunciada en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017, solo un día después de la que llevó a Narváez a la abstención, Pumpido repasó distintas sentencias del TC, algunas de ellas de enorme actualidad en aquel momento, como aquella en la que se declaraba la inconstitucionalidad de la ley de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación. "Al aprobar esta ley, se han alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español convocando a una fracción del pueblo catalán, en desafío a la unidad de la nación, a decidir la suerte del Estado común", dijo ante el Congreso Conde Pumpido en abril de 2017.

"Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia. Es decir, me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que —esta sí— ha sido mayoritariamente aprobada. En resumen, me preocupa que se invoque la democracia, en concreto, la democracia directa, para derrocar la Constitución", añadió.

Hace solo unas semanas, otro de los magistrados, Antonio Narváez, se apartó de la causa

A la vista de esta intervención, en la que el magistrado mencionó "el instrumento más contundente de que dispone el Estado de derecho, que es la pena", Puigdemont consideró que Conde-Pumpido apoyaba ya por entonces la existencia de indicios "para una imputación por los tipos penales de rebelión y de sedición". "Ya en aquel momento tenía formada una posición sobre la responsabilidad penal de los recurrentes en amparo que consideró oportuno expresar públicamente", sostiene en su escrito.

El magistrado del Tribunal Constitucional incidía en el escrito dirigido al presidente, en que adoptó la decisión "a fin de garantizar preventivamente el derecho a un proceso con todas las garantías de quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones cuestionadas". Fuentes jurídicas consultadas apuntan que ha pesado el riesgo de poner en peligro ante Estrasburgo unas resoluciones de tanta relevancia y el riesgo de alargar la resolución de los recursos pendientes. Algunos de los magistrados consideraban que debía quedar fuera.