PSOE y Podemos sitúan al juez De Prada entre los magistrados de consenso para el TC

Con la reforma exprés para forzar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) ya apuntalada, a falta solo de su ratificación definitiva en el Senado la próxima semana, los socios del Gobierno buscan cerrar la lista de nombres que volcará el alto tribunal hacia una mayoría progresista. Dentro de la cuota del Ejecutivo, a quien corresponden dos nombramientos, el juez José Ricardo de Prada se erige como principal candidato de consenso entre PSOE y Unidas Podemos. Los morados niegan que se trate de su candidato o que su nombre se baraje a propuesta suya, pero sí reconocen que es el más factible de consensuar dentro del Ejecutivo. Los socialistas no lo descartan, pero niegan que los magistrados estén ya decididos.

De lo que no hay duda es de que uno de los dos nombres para renovar el TC será de mujer. El Gobierno quiere que haya paridad en su cuota, además de perfiles de reconocido prestigio y una carrera en la judicatura sin manchas. Entre las magistradas que se barajan, en todas las quinielas se repiten cuatro nombres: Pilar Teso, Ana Ferrer, Susana Polo y Yolanda Gómez. Todas ellas, con una dilatada trayectoria y, evidentemente, de tendencia progresista. Teso ha sonado en ocasiones anteriores como favorita para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Ferrer fue la primera mujer miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia; Polo, especialista en violencia de género y mujer, fue la ponente de la sentencia de la Manada en el Supremo, que marcó un hito en cuanto a la interpretación de las violaciones grupales, y Gómez es actualmente directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

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El nombre de De Prada, que es el que suena con más fuerza por ser una propuesta de consenso entre los socios del Gobierno, ya estuvo sobre la mesa en anteriores negociaciones fallidas con el PP. Estos últimos lo vetaron. Redactor de la sentencia de la Gürtel, los populares lo han asociado históricamente a la principal causa de la moción de censura que acabó con el mandato de Mariano Rajoy y llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. De Prada siempre fue uno de los magistrados que los morados vieron con buenos ojos, y en las últimas semanas han presionado para tener algo que decir en la renovación. De hecho, en un primer momento se desvincularon de la reforma exprés propuesta por la parte socialista.

El Gobierno ha acelerado los plazos para la renovación a través de una enmienda a la reforma de la ley, como adelantó este diario, para que el CGPJ designe a los magistrados que le corresponden "en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior". Esto es, antes del 13 de septiembre. Al órgano de poder de los jueces le corresponde proponer otros dos magistrados. Decididos por mayoría de tres quintos, uno será de tendencia conservadora y otro progresista. Desde el pasado 12 de junio, está pendiente la salida de dos jueces propuestos por el Gobierno, Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, y dos por el CGPJ, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares.

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La renovación se producirá tras volarse los puentes entre PSOE y PP, cuyas negociaciones dirigían el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional de los populares, Esteban González Pons. Desde Génova, reclamaban retirar la reforma exprés, sacada adelante con la recompuesta mayoría de investidura, que facilitará los cambios para pactar el desbloqueo en la renovación del CGPJ, también pendiente y cuyo mandato caducó hace más de tres años y medio. Este mismo miércoles, Bruselas urgía a renovar este órgano constitucional. Todo ello en un contexto en el que el Constitucional tiene pendientes de resolver cuestiones como la ley del aborto, el recurso a la ley de eutanasia o dilucidar si la reforma de la ley del CGPJ, que impidió hacer nombramientos a los vocales por tener el mandato caducado, es constitucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludía a algunas de estas cuestiones durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación, dirigiéndose a los populares: "La ley de eutanasia, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por citar solamente dos, están recurridas en el Tribunal Constitucional por quienes siempre han votado en contra de estos avances", criticaba. Tras ello, se preguntaba: "¿Por qué no retiran estos recursos?, ¿por qué bloquean la renovación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial?, ¿a qué intereses obedecen?". Para el PP, sin embargo, era una "línea roja" para negociar que se retirase la reforma exprés del Poder Judicial. Una vuelta de tuerca a la reforma impulsada ya hace un año, pues impedía que el órgano de gobierno de los jueces pudiese hacer nombramientos mientras siguiese en funciones.

La renovación del Constitucional se espera ahora para antes del 13 de septiembre, salvo sorpresas en el CGPJ, que se ha mostrado contrario a la reforma. Antes de optar por la iniciativa aprobada este jueves en el Congreso, el PSOE coqueteó con la idea de nombrar de forma directa a sus dos candidatos sin esperar al Consejo, pero, para ello, tendría que contar con la aprobación del TC, que debe avalar cualquier nombramiento en un pleno prescriptivo. La mayoría actual, conservadora, no estaba dispuesta a permitirlo y preveía rechazar los nombramientos o, directamente, optar por no convocar esa reunión obligatoria sin la que los escogidos no podrían tomar posesión.