Cuatro jueces rechazan ir al TC y obligan al CGPJ a ampliar su busca de candidato

Calabazas en cadena. El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está viendo rechazado por aquellos magistrados que podrían recabar apoyos indiscutibles en la próxima votación de los candidatos del órgano de gobierno de los jueces para integrar el Tribunal Constitucional. La falta de interés de hasta cuatro miembros del Supremo obligará al CGPJ a buscar opciones en otros ámbitos para encontrar aspirantes que conciten las adhesiones suficientes, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El Gobierno, por su parte, sigue muy de cerca la evolución de las conversaciones en el seno del Consejo, de las que depende su plan para renovar sin esperas el TC, dejando al margen un pacto con el Partido Popular (PP). Según aseguran las fuentes consultadas, el Ejecutivo está dispuesto a flexibilizar el tope temporal que fijó para que el órgano se decida. Su deseo es que sea el CGPJ quien elija en primer lugar para, a continuación, designar él a sus candidatos, entre los que, con total probabilidad, se encontrará el juez José Ricardo de Prada. Su paciencia, no obstante, tiene sus límites y activará la elección directa si la parálisis se alarga.

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Con el verano de por medio y reticencias de un grupo considerable, el bloque mayoritario del Consejo ha ido perdiendo a los perfiles más potentes. Su primera opción nunca fue viable. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, al que, como adelantó 'El País', propusieron presentar en el próximo pleno que debe celebrarse el 8 de septiembre, expresó su deseo de continuar en su actual puesto. No fue, sin embargo, el único. Su compañero de Sala Pablo Llarena también fue sondeado sin éxito alguno. Lo mismo sucedió con otro de los miembros de la Segunda, Antonio del Moral. La última negativa ha venido desde la Sala de lo Civil. La posibilidad de que el elegido fuera Ignacio Sancho se ha cerrado con un nuevo rechazo.

Así las cosas, algunos de los vocales del Consejo comienzan a valorar abrir el abanico y recomiendan renunciar al TS como fuente de aspirantes. La otra posibilidad es recurrir a juristas de reconocido prestigio que no sean, sin embargo, jueces. En la universidad existen perfiles capaces de suscitar los apoyos necesarios, al menos 12 votos. Es una posible salida para evitar el bloqueo que, a algunos, no les disgustaría, como reconocen varias fuentes en privado.

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El presidente del TS, Carlos Lesmes, convocó ese pleno extraordinario de septiembre después de que las Cortes aprobaran la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que devolvió atribuciones al Consejo en funciones exclusivamente para aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional, cuya designación corresponde al órgano. Debe realizarse, sobre el papel, en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior y, por tanto, antes del próximo 13 de septiembre.

Mientras los conservadores no acaban de encontrar a su candidato, los progresistas avanzan a buen ritmo. En su caso, todos los nombres propuestos suscitan respaldo y ven con buenos ojos esta supuesta promoción al TC. Entre los nombres barajados se encuentra la de la magistrada de Sala de Contencioso, Pilar Teso, su compañero José Manuel Bandrés, el presidente de lo Militar, Jacobo Barja de Quiroga, o la magistrada de lo Penal Ana Ferrer.

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En una última etapa ha saltado al debate de este grupo otro nombre: el de la magistrada Ángeles Huet, autora de la primera ponencia del TS por la que se rechazó admitir a trámite los recursos contra los indultos del 'procés'. Su argumentación, que recabó una mayoría muy estrecha, fue posteriormente corregida tras su salida de la sala y la entrada en su lugar de otra magistrada.

Retrasos

Con este panorama, crece el temor del Ejecutivo de un plante del ala conservadora. El pasado julio, un grupo de vocales forzó la celebración de un pleno en el que se aprobó, con división, un acuerdo crítico contra la reforma del Gobierno. Por 10 votos a favor, siete en contra y dos en blanco, el órgano de gobierno de los jueces acordó instar al Congreso a que les solicite un informe sobre el cambio legislativo y, de forma paralela, que recabe otro de la Comisión Europea. Según argumentaban, la reforma del Gobierno es "contradictoria e incoherente".

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La reforma modifica de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir ahora al CGPJ nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional. Mantiene, sin embargo, la prohibición de que el órgano de gobierno de los jueces realice nombramientos en otros tribunales como el Supremo o los tribunales superiores de Justicia. De esta forma, el PSOE se ahorra pasar por una negociación con el PP que podría dilatar las cosas y pretende acelerar el cambio en el TC para que este pase a contar con mayoría progresista y un presidente o presidenta de esta sensibilidad. El riesgo de que el CGPJ retrase o paralice completamente la elección de los dos magistrados que le toca designar es un hecho. El Consejo cumpliría la ley debatiendo candidatos, pero nada le obliga a alcanzar necesariamente un acuerdo. Si este no llega, el Gobierno tendría que nombrar a sus dos de forma independiente y su proyecto inicial fracasaría.