El Tribunal Supremo admite ahora los recursos contra los indultos del 'procés'

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha revertido este martes su decisión inicial sobre los recursos contra los indultos de los presos del 'procés' y ha admitido a trámite los que presentaron varios partidos políticos y asociaciones en contra de la gracia, informa a El Confidencial fuentes jurídicas. En un inicio, esa misma sección, con otra composición, rechazó de plano resolver sobre las decenas de impugnaciones que se presentaron. La entrada de una nueva magistrada ha sido clave para cambiar ahora las cosas. La resolución, adoptada de nuevo por un estrecho tres a dos pero en sentido contrario a la inicial, abrirá un nuevo frente al Ejecutivo en su momento de mayor tensión con los partidos independentistas catalanes, a los que pertenecen la mayoría de los condenados.

La Sala estima todos los recursos excepto el interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, que se rechaza por unanimidad. El tribunal ha ordenado la continuación de los procedimientos y pospone al trámite de sentencia el pronunciamiento sobre la falta de legitimación de los recurrentes planteada por la Abogacía del Estado en todos los recursos. La admisión a trámite no predetermina el sentido de la sentencia final, que no se adoptará hasta dentro de varios meses. Sin embargo, sí tendrá el efecto político de aumentar la tensión de ERC en plena crisis por el espionaje de Pegasus. El líder de la formación, Oriol Junqueras, recuperó la libertad el 22 de junio de 2021, aunque se mantuvo su inhabilitación política. Sigue, pese a todo, siendo una figura de referencia en la línea de Esquerra y el riesgo de un hipotético regreso a la cárcel incrementará, aún más, el malestar de la formación.

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Hace cuatro meses, el rechazo se adoptó en una sala de cinco magistrados por un estrecho tres a dos. El presidente, Segundo Menéndez; la ponente Ángeles Huet, y el magistrado Octavio Herrero forzaron la inadmisión en bloque de todos los recursos contra el criterio de otros dos magistrados, Wenceslao Olea y Fernando Román, que sí veían necesario admitirlos. No obstante, poco después se produjo un cambio en la composición de la Sección Quinta. La magistrada Huet fue sustituida por Inés Huerta, cuyo criterio difiere. Por su parte, Segundo Menéndez se jubiló. El nuevo criterio de la magistrada Huierta supone un vuelco de aquella decisión inicial en la fase de los recursos de reposición.

Tres a dos

La decisión de la Sección Quinta se adoptó en enero gracias al voto decisivo de Segundo Menéndez, que ahora se ha jubilado. Juez progresista y destacado miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, decantó la balanza del lado de Huet y Herrero, quienes defendían la tesis de la Abogacía del Estado de que ninguno de los siete recurrentes cuenta con la legitimación suficiente como para impugnar la gracia que otorgó el Gobierno a los condenados por sedición y malversación en aras de la "utilidad pública". Los otros dos miembros de la sección, Román y Olea, sí veían legitimados a los diputados que integraron el Parlament cuando se produjeron los hechos y a las asociaciones ciudadanas que habían presentado recursos.

Además del PP y Vox en calidad de partidos, recurrieron al Supremo los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra, los diputados y exdiputados del PP en el Parlamento de Cataluña Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán, dos asociaciones —Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén— y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló.

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Los tres magistrados, cuya tesis fue mayoritaria, ponían en duda el interés legítimo de todos los recurrentes, un total de 63. En el caso de las asociaciones civiles, mencionaban que sus intereses son "difusos", mientras que sobre los partidos PP y Vox apuntaban a la "abrumadora" jurisprudencia que rechaza su interés legítimo en este tipo de casos. Ninguno de ellos, afirmaban, son víctimas directas del delito. Frente a ellos, los dos discrepantes reprochaban la "inmunidad" que se confiere al Gobierno con esta decisión.

Wenceslao Olea y Fernando Román cuestionaron que la sala se limitara a rechazar esa legitimación en esta primera fase procesal "sin explicar quién pudiera ostentar dicha legitimación". Aseguraban estos dos magistrados que no es oportuno en este momento procesal dar por cerrada la legitimación completa para impugnar los indultos. "Esa declaración requiere una depuración probatoria más profunda y una decisión con argumentos más serenos y determinantes. En consecuencia, no nos parece oportuno que el debate se cierre con una resolución interlocutoria como la indicada", indicaban.

"Sostenemos que no cabe negar la posibilidad de que haya sujetos que puedan haber sido afectados en sus derechos o intereses de manera relevante y que, sin embargo, no hayan participado en el proceso penal, ni hayan sido aludidos nominalmente en la sentencia condenatoria. Esto no es imposible, sobre todo cuando —como sucede en este caso— los sujetos pasivos de los delitos cometidos son todos y cada uno de los ciudadanos españoles, y los delitos objeto de la condena revisten características tan singulares en su forma de comisión como los que fueron en este caso objeto de la condena y, después, del indulto", decían en su voto.