Un cambio de jueces en el Supremo abre un resquicio a los recursos contra los indultos

Nada de lo vinculado con los indultos que el Gobierno concedió hace meses a los presos del 'procés' es sencillo. Cuando el horizonte judicial de los recursos que distintos partidos y asociaciones presentaron ante el Tribunal Supremo en su contra parecía ya despejado, un asunto organizativo que afecta a la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha venido a complicarlo: las normas de reparto obligan a un cambio inminente en la composición de la Sección Quinta, cuyos integrantes rechazaron por mayoría todos los recursos. Afecta a uno de los cinco miembros de la Sección. Y al tratarse de una decisión que se adoptó por un estrecho tres a dos, el baile de un solo voto resulta fundamental.

La decisión del Tribunal Supremo que cerraba la puerta a la revisión de la gracia se adoptó el pasado 20 de enero con una profunda división de los cinco integrantes de la Sección. Para que el no acabara ganando, fue determinante el voto del presidente, Segundo Menéndez, quien se encuentra al borde de la jubilación y tendrá que abandonar el alto tribunal en solo dos meses. Junto a él, votaron en contra de admitir a trámite los recursos, la ponente Ángeles Huet y el magistrado Octavio Herrero.

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Sin embargo, las normas de reparto obligan a la próxima salida de Huet, que debe incorporarse a la Sección Primera o de Admisiones, cuyos integrantes se renuevan cada seis meses con la entrada cíclica de cuatro magistrados de la Segunda, la Tercera, la Cuarta y la Quinta.

Conforme a lo que dispone el artículo 90.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Sección está integrada por el presidente de la Sala, ahora César Tolosa, y por al menos un magistrado de cada una de sus restantes Secciones. "Con excepción del presidente de la Sala, dicha composición se renovará por mitad transcurrido un año desde la fecha de su primera constitución y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinará sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicará en la página web del Poder Judicial", dice la ley.

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Ese periodo de seis meses acabó el pasado 22 de enero y para el semestre en curso sale de esta sala 'rotativa' de Admisiones Inés Huerta, que pasará a sustituir a Huet en la Quinta. De este modo, los recursos de súplica que presenten los partidos y asociaciones que vieron rechazada su pretensión contra los indultos serán revisados, al menos sobre el papel, por una Sección de composición diferente a la original. El resultado es incierto, apuntan a El Confidencial fuentes jurídicas consultadas, que también destacan que un cambio de decisión resultaría perjudicial para la imagen del Supremo.

La Sala puede estudiar soluciones de urgencia para evitar un hipotético bandazo. Entre otras posibilidades, el presidente de la Sala tiene la posibilidad de decidir que estos recursos de súplica sean revisados de forma excepcional por los mismos cinco magistrados que adoptaron la primera decisión pese a la salida semestral de Huet. Además, el presidente tiene la posibilidad de presidir si lo requiere cualquier Sección aunque su irrupción en el asunto en este momento sería poco habitual.

Tres a dos

Menéndez, juez progresista y destacado miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, decantó la balanza del lado de Huet y Herrero, quienes defendían la tesis de la Abogacía del Estado de que ninguno de los siete recurrentes cuentan con la legitimación suficiente como para impugnar la gracia que otorgó el Gobierno a los condenados por sedición y malversación en aras de la "utilidad pública". Los otros dos miembros de la Sección, Fernando Román y Wenceslao Olea, sí veían legitimados a los diputados que integraron el Parlament cuando se produjeron los hechos y a las asociaciones ciudadanas que habían presentado recursos.

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Además del PP y Vox en calidad de partidos, recurrieron al Supremo los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra, los diputados y exdiputados del PP en el Parlamento de Cataluña Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán, dos asociaciones —Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén— y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló. La mayoría han anunciado ya que recurrirán en súplica y que llegarán al Tribunal Constitucional si es necesario.

Quedan aún semanas para que llegue ese momento. La argumentación del Supremo aún no se conoce ni tampoco los dos votos particulares anunciados. Una vez se notifique la resolución, se abrirá el plazo para la súplica y será ahí, en el momento en que deban deliberarse los nuevos recursos, cuando la nueva composición resultará determinante. Desde un inicio, la legitimidad del PP para recurrir era muy dudosa, pero levantaba mayores dudas si Vox, que fue parte en el proceso como acusación popular, podía tenerla. Lo mismo sucede con las agrupaciones de ciudadanos y los parlamentarios recurrentes.