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El CGPJ advirtió a Montero de que su ley reduciría las penas de los agresores sexuales
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El pasado febrero

El CGPJ advirtió a Montero de que su ley reduciría las penas de los agresores sexuales

Igualdad tachó la valoración como "regresiva" e indicó que el gobierno de los jueces siempre pone trabas a las normas feministas

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de que la ley bautizada como del 'solo sí es sí' recogía penas menores a las de la anterior regulación y provocaría, por tanto, revisiones a la baja de condenas ya impuestas. Esta misma semana, el abogado a los miembros de la Manada anunció su intención de solicitar una rebaja de los 15 años a que fueron condenados sus clientes en aplicación, precisamente, de la nueva legislación aprobada hace solo unos días por el Consejo de Ministros.

El riesgo de posibles reducciones no era una novedad para el departamento de Irene Montero. En el informe elaborado sobre la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que aprobaron por unanimidad todos los vocales, tanto progresistas como conservadores, el Consejo destacaba que el cuadro de penas contemplado "supone una reducción del límite máximo de algunas penas". Destacaba varios ejemplos, como el del tipo básico de violación, en el que se prevé una pena de cuatro a 10 años, mientras que actualmente se castiga con entre seis y 12 años.

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Mariscal)

Lo mismo sucede, decía ese informe del Consejo que fue emitido el pasado febrero, con los tipos agravados. En el caso de la agresión sexual, la pena es de dos a seis años ahora, mientras que antes era de cinco a 10. "El tipo agravado de violación pasa de 12 a 15 años, equiparable a un homicidio doloso, a una pena de siete a 12", advertía el gobierno de los jueces. Aquel informe, crítico también con otros aspectos de la ley, hablaba de las posibles consecuencias de esa regulación. Especificaba que la reducción de los límites máximos de las penas "comportará la revisión" de aquellas impuestas conforme a la regulación vigente. Esta circunstancia va mucho más allá de casos específicos como el de la Manada y afecta a multitud de condenas impuestas en los últimos años. Juristas consultados señalan que la violación de los Sanfermines no será la única que podría revisarse.

La reacción desde el Ministerio de Igualdad a aquella advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consistió en desacreditar el origen. Por ejemplo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tachó de "regresivo" el informe. El departamento anunció que el ministerio seguiría "adelante" con la ley sin cambios, como finalmente ha sucedido.

Foto: La fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato. (EFE)

Tras el anuncio del abogado de la Manada, también se produjo un rechazo frontal a su tesis. Rosell la achacó a un intento de desprestigiar la norma y "asustar a las mujeres". Estas palabras, publicadas en la red social Twitter, fueron secundadas por la ministra Montero. La delegada esgrimió además una instrucción de la Fiscalía General del Estado dictada en 2015 —siete años antes de la ley del 'solo sí es sí'— en la que el Ministerio Público sostenía que no es posible revisar una condena cuando sea posible imponer una similar con la nueva regulación. La Fiscalía es una parte del proceso penal, pero sus opiniones no son vinculantes, ya que la última palabra la tienen los jueces.

Como adelantó este diario, la argumentación que maneja el abogado de los condenados de la Manada se basa en que el mínimo legal de la pena que se les impuso es ahora más bajo que antes. Y en el hecho de que la sentencia del Supremo que les condenó especificó en concreto que la pena se imponía por estar "muy próxima" a este mínimo, que antes era de 14 años y tres meses y ahora es de 13 años.

Nuevas tensiones

El rechazo del ministerio a los informes del órgano de gobierno de los jueces ha vivido esta misma semana un nuevo episodio, en este caso provocado por el estudio sobre la ley del aborto. El departamento rechazó la petición del Consejo para ampliar el plazo inicial de 15 días para elaborarlo y el Ejecutivo lo envió el martes al Congreso para iniciar el trámite parlamentario sin esperar, tras aprobar su tramitación urgente. La ministra Montero justificó su postura indicando que el CGPJ siempre ha cuestionado las leyes "feministas" y ha puesto trabas. Desde el CGPJ, consideran injustas estas acusaciones y afirman que el análisis que efectúan es complejo y requiere de un tiempo del que no se ha dispuesto.

El informe de febrero sobre la ley del 'solo sí es sí' incorporaba otros avisos críticos. Consideraba innecesaria la definición de consentimiento efectuada y señalaba que desplazaba la carga de prueba, amenazando la presunción de inocencia al obligar al acusado a demostrar que ese consentimiento existió. La fusión del abuso sexual y la agresión no fue tampoco vista con buenos ojos por los vocales, entre otros motivos, por la reducción de penas señalada.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de que la ley bautizada como del 'solo sí es sí' recogía penas menores a las de la anterior regulación y provocaría, por tanto, revisiones a la baja de condenas ya impuestas. Esta misma semana, el abogado a los miembros de la Manada anunció su intención de solicitar una rebaja de los 15 años a que fueron condenados sus clientes en aplicación, precisamente, de la nueva legislación aprobada hace solo unos días por el Consejo de Ministros.

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