Moncloa carga a Feijóo la cuenta del bloqueo judicial: 1,3 millones de euros

La ministra de Justicia, Pilar Llop, cargó este martes al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, con la responsabilidad completa del coste económico extra que le ha supuesto al Gobierno el actual bloqueo de nombramientos en el Tribunal Supremo. La situación es el resultado combinado de dos factores: por una parte, la reforma del Ejecutivo por la que se prohibió al Consejo General del Poder Judicial suplir las vacantes del alto tribunal estando en funciones y, por otra, la falta de acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el órgano y acabar con esta situación.

Para la ministra, sin embargo, el culpable único es el PP. Tras el Consejo de Ministros, instó a los populares y en concreto a Feijóo a negociar la renovación y acabar con un bloqueo que ya va camino de los cuatro años. Indicó que la falta de nombramientos en el Tribunal Supremo ha provocado que tengan que destinarse 1,3 millones en refuerzos para el TS. No mencionó, sin embargo, que esta carencia de designaciones es resultado directo de su propia reforma.

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Pilar Gómez

"Este bloqueo está costando dinero a los españoles, está afectando directamente al bolsillo. Desde que llegué, por este bloqueo llevamos gastados 1,3 millones de euros en refuerzos para el Tribunal Supremo. En total, en el sistema de Justicia, llevamos más de 12,5 millones en refuerzos", dijo Llop, que reiteró que el PP está incumpliendo la Constitución al eludir alcanzar un acuerdo. "El PP y el señor Feijóo están poniendo miles de excusas, infinitas, para no renovar el CGPJ, y ahora la última que ha puesto es que quiere que se retire el nombramiento de los magistrados del Constitucional. Lo que le tengo que decir al señor Feijóo es que es una ley vigente y se tiene que cumplir", agregó.

La factura a la que se refiere Llop es resultado del llamamiento de socorro lanzado por el alto tribunal en los últimos meses. Las vacantes han comenzado a provocar efectos tangibles. El pasado junio, Justicia atendió la solicitud que le había formulado la Sala de Gobierno del alto tribunal y accedió a reforzar una de las salas más afectadas, la de lo Contencioso-Administrativo. Justicia designó entonces tres letrados coordinadores como parte de su "disposición" de "mejorar" el funcionamiento del alto tribunal. El TS había alertado en distintas ocasiones de que se encuentra al borde del colapso por la "extraordinaria carga de trabajo" y la jubilación de varios de sus magistrados.

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EFE

La situación implica ya un retraso en las sentencias, tiempos de respuesta mucho más largos y el atasco de dos de las salas del Supremo: la de lo Social y Contencioso-Administrativo. En la actualidad, el tribunal cuenta con 14 plazas sin cubrir (más del 15% de su plantilla de 79 magistrados), que se ampliarán a una veintena el próximo año, con la jubilación de nuevos magistrados. Según uno de los últimos informes, salvo en la Sala II (de lo Penal), a la que la falta de cobertura de vacantes no le afecta en el futuro inmediato, en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas vacantes. En la Sala III (de lo Contencioso-Administrativo) hay actualmente ocho vacantes sin cubrir.

Respecto a la Sala IV (de lo Social), con tres vacantes actualmente y otras dos previstas (incluida su presidenta) para antes de octubre de 2022, se resalta que es prácticamente un 40% menos de su plantilla de 13 magistrados, lo que sería absolutamente insostenible y podría llevar al colapso total, con 400 sentencias menos al año y una alta demora en la resolución de los asuntos.