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El Gobierno bonifica a las familias la subida de cuota para el paro del servicio doméstico
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La factura del nuevo derecho

El Gobierno bonifica a las familias la subida de cuota para el paro del servicio doméstico

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el derecho a paro de las empleadas del hogar, lo que implica también un incremento en las cotizaciones que será bonificado

Foto: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
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El Gobierno ha aprobado este martes la prestación de desempleo para las trabajadoras del hogar, lo que pone fin a una discriminación histórica de la legislación laboral española, tumbada por la Justicia europea. Este aumento de la protección para este colectivo también implica un incremento del gasto público, ya que cerca de 400.000 personas quedarán protegidas ante situaciones de desempleo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta medida el lunes, pero no explicó quién pagará la factura de este nuevo derecho, que es siempre la parte negativa de cualquier medida de gasto público.

Finalmente, ha decidido que serán los contribuyentes quienes financiarán el coste de las cotizaciones a las familias con servicio doméstico. En concreto, las familias empleadoras contarán con una bonificación del 80% en la cotización para generar el derecho de desempleo y también en la aportación al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), de modo que las familias tendrán que sufragar el 20% de este coste. En los próximos seis meses el Gobierno "formalizará un nuevo reglamento para estudiar las tipologías familiares para el despliegue de esa bonificación", ha explicado la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz. De esta forma, abre la puerta a restringir la bonificación a una parte de los hogares, algo que no está en el texto actual.

Foto: Las trabajadoras de hogar están en un régimen especial sin derecho a paro en España. (EFE)

Esta nueva protección a las empleadas del hogar conllevaría una importante subida de las cotizaciones que pagan las familias en términos de contingencias comunes, profesionales y de aportación al Fogasa. Este incremento del coste del servicio doméstico podría provocar despidos masivos de estas trabajadoras o incluso que sean desplazadas a la economía sumergida. La mayor parte del coste de cotización recae sobre las familias empleadoras, y deja una parte mínima para la trabajadora. En definitiva, la norma que busca proteger a estas mujeres podría terminar desprotegiéndolas.

El Gobierno ha decidido aliviar de este coste a los hogares empleadores, pasando la factura a los contribuyentes y los cotizantes, que serán quienes financien este nuevo derecho, esto es, se pagaría entre las cuentas del Estado y las de la Seguridad Social. Las familias con servicio doméstico tendrán una importante bonificación para mantener a estas trabajadoras. Será un nuevo coste sobre las maltrechas cuentas públicas que el Ministerio de Hacienda pretende corregir con subidas de impuestos.

“Gobernar es elegir, y eso tiene un coste”, afirmó Sánchez el lunes, cuando anunció la nueva medida. “Ponemos fin a una injusticia totalmente inaceptable”, insistió el presidente. "Es una norma que corrige la discriminación que el legislador español acometía con una parte de las trabajadoras", ha explicado la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El Gobierno le da plenos derechos en la protección social a las trabajadoras: desde hoy mismo, tendrán derecho a la prestación por desempleo y a todas las prestaciones asistenciales que están vigentes".

Foto: Manifestación organizada por el sindicato de Justicia. (EFE/Víctor Lerena)

La nueva norma también protegerá a las trabajadoras del hogar frente al 'despido libre' que está vigente en la actualidad. Este tipo de contrato puede romperse unilateralmente por el empleador alegando desistimiento (cuando ya no necesita sus servicios), pero esta figura desaparecerá con la reforma, salvo en casos excepcionales en los que las familias no tengan los recursos económicos suficientes para mantener el puesto de trabajo. Las trabajadoras quedarán equiparadas al Régimen General, de modo que tendrán una indemnización por el despido correspondiente, desde el objetivo hasta el improcedente.

Se termina así con esta discriminación que soportaban las trabajadoras del hogar respecto al resto de asalariados, ya que soportan actualmente una incertidumbre total sobre sus ingresos futuros. En cualquier momento pueden perder su empleo y quedarse sin prestación sin tener margen alguno para cambiar esta decisión, una situación a la que no está sometido ningún otro asalariado.

El Gobierno ha aprobado este martes la prestación de desempleo para las trabajadoras del hogar, lo que pone fin a una discriminación histórica de la legislación laboral española, tumbada por la Justicia europea. Este aumento de la protección para este colectivo también implica un incremento del gasto público, ya que cerca de 400.000 personas quedarán protegidas ante situaciones de desempleo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta medida el lunes, pero no explicó quién pagará la factura de este nuevo derecho, que es siempre la parte negativa de cualquier medida de gasto público.

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