El PP paraliza la renovación del CGPJ por la reforma del delito de sedición

Finalmente, la presión pudo más que la voluntad de acuerdo. El Partido Popular ha paralizado la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la intención del Gobierno de reformar el Código Penal y rebajar las penas del delito de sedición. Así lo ha comunicado la dirección del partido a través de un comunicado, previa conversación entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional", reiteran. Fuentes de Moncloa arremeten contra la decisión denunciando que a Feijóo "le han temblado las piernas" y poniendo acusándolo de no tener autonomía. "El acuerdo estaba hecho", aseguran estas mismas fuentes del Ejecutivo.

Los populares denuncian el "cambio de posición del PSOE" en lo relativo a la reforma del Código Penal, y subrayan que la Moncloa había asegurado en privado que no estaba entre sus planes acometer dicha modificación. La reforma formó parte del Plan Anual Normativo del Gobierno en 2020, pero no se incluyó en los siguientes. "Pese a las diferentes versiones trasladadas pública y privadamente por distintos miembros del Gobierno, esta tarde el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma, y en consecuencia no va a renunciar a su modificación", lamentan en Génova. En el PSOE replican que "la agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas". Y, en cualquier caso, concluyen que "no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española".

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno y el PP acuerdan limitar las puertas giratorias en la Justicia

Beatriz Parera Ana Belén Ramos

Para el PP es una "incongruencia insalvable" pactar "el reforzamiento del Estado de derecho" en el ámbito judicial "al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo". A su juicio, "reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España". Génova insiste en culpar al PSOE de la paralización del acuerdo por reincorporar a su agenda la reforma de la sedición, que afecta a los dirigentes fugados por el procés. "La decisión sólo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado, y que no parece convencer al Gobierno", zanjan.

En Ferraz no esconden su malestar. "A punto de cumplirse cuatro años de bloqueo de la derecha en la renovación del CGPJ, el PP ha vuelto a romper las negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado", denuncian los socialistas, que vinculan el cambio de postura de Génova con la "presión" por parte de "la derecha más reaccionaria". En los últimos días, tanto Vox como Ciudadanos habían mostrado públicamente su rechazo a la negociación y acusaban al PP de "blanquear" el independentismo con un eventual pacto del Poder Judicial. "Feijóo demuestra una absoluta falta de autonomía política", zanjan.

Los socialistas acusan al PP de Feijóo de prolongar una crisis institucional en un poder del Estado debido a una "actitud obstruccionista que es muy grave y está dañando el funcionamiento normal de la justicia, así como la reputación de nuestro país en la UE". En esta línea, desde Unidas Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, calificaba la suspensión del acuerdo como "la enésima excusa" con el objetivo de "mantener el golpe blando a la democracia en el CGPJ". Para los socialistas, "el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes".

La decisión de Génova de suspender las negociaciones del Poder Judicial implica un cambio de postura en el PP. A principios de semana, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, desvinculó públicamente la reforma judicial de la modificación del Código Penal. "Son dos cuestiones distintas, tenemos un papel diferente", aseveró la dirigente popular. Es la misma versión que mantenían en privado diferentes fuentes de la dirección del partido, al menos hasta hace unos días. Pero la presión pudo más. Diferentes sectores de los populares llevaban días advirtiendo sobre la "factura" que podía implicar para Feijóo aceptar que Sánchez pacte con la mano derecha el Poder Judicial con el PP y con la izquierda la sedición con partidos independentistas.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez recorta a la mitad la ventaja del PP en dos semanas: el 'efecto Feijóo' se diluye

Pilar Gómez Gráficos: Unidad de Datos Formato: EC Diseño

La primera en poner voz y rostro a esa corriente interna fue Isabel Díaz Ayuso. "Sánchez miente por sistema y no es de fiar", dijo la dirigente autonómica el pasado jueves, durante el foro 'España a examen', organizado por El Confidencial. Y el nerviosismo fue in crescendo en las filas del partido. "Mucha gente se pregunta qué hacemos ahí metidos", advertían diputados y senadores, sobre todo después de que Sánchez recuperase la pasada semana el compromiso de reformar el delito de sedición.

En un principio, Sánchez vinculó esta iniciativa a la consecución de los apoyos parlamentarios suficientes y congeló la propuesta para evitar que la negociación con el PP descarrilase. Este miércoles, sin embargo, María Jesús Montero se comprometió a llevar la propuesta de reforma a la Cámara Baja, aunque luego matizó sus declaraciones y aseguró que no había ningún avance en ese sentido. Sin embargo, fuentes de ERC confirman que ya ha habido intercambios de documentos con el Ejecutivo en este sentido. Y el asunto dinamitó la negociación.

Este jueves, el jefe del Ejecutivo dejó toda la presión en el tejado de Génova. Aseguró que "el acuerdo está listo, está preparado", y que sólo faltaba "dar una respuesta a a la voluntad política". No en vano, los flecos del documento de requisitos estaban casi cerrados. Y los nombres, pese al exabrupto de Victoria Rosell, ya planeaban sobre el documento final. Prácticamente sólo quedaba ordenar la fumata blanca. Pero el delito de sedición lo hizo saltar por los aires. "Nuestra vocación de acuerdo es tan firme como nuestra convicción de que no podemos seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo", insisten en el PP.

Otro intento fallido

Si algo han enseñado los casi cuatro años transcurridos desde que se iniciaron los contactos entre el Gobierno y el PP para renovar el Poder Judicial es que, para que los pactos políticos vuelen por los aires, solo hace falta una chispa. El éxito definitivo de la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial ha requerido de una dimisión, un cambio en el liderazgo del PP, cuatro ministros de Justicia y la experiencia acumulada en hasta tres fracasos anteriores.

La última de las ocasiones en las que se rozó el acuerdo fue febrero de 2021. Reventó entonces a consecuencia de las exigencias de Podemos. Al borde de anunciar la fumata blanca, el partido morado introdujo de nuevo el nombre del magistrado José Ricardo de Prada como condición para que saliera a delante y pidió vetar a alguno de los indispensables de los 'populares' si se le dejaba fuera. Esa fue, entonces, la chispa que sirvió para dar al traste con los avances. Todo se paralizó de nuevo.

TE PUEDE INTERESAR

El PP ve un "error" que Feijóo confronte con Casado por el CGPJ: "Hemos vuelto a picar"

Pilar Gómez

En las dos ocasiones anteriores también hubo chispas. En el verano de 2020, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaron a mantener contactos telefónicos para desatascar la situación. De nuevo se veía cerca. El motivo del parón fue, entonces, la salida de España del rey emérito Juan Carlos I y las críticas a la monarquía que su marcha produjo desde, otra vez, Podemos. El entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, llegó a pedir la abolición del sistema y al PP le resultó intolerable escenificar un acuerdo con el Ejecutivo en esas circunstancias.

La chispa más sonada se produjo en el primero de los intentos. Era 2018 y el Consejo, por entonces, acababa de finalizar sus cinco años de mandato y entraba en funciones. El acuerdo no fue entonces un intento. Se cerró hasta tal punto que los juristas escogidos por el PP y el PSOE llegaron a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso. Mientras tanto, desde el Gobierno se anunciaba que ambas partes habían escogido al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como candidato de consenso para la presidencia.

En un contexto de enorme exposición pública, el periódico 'El Español' difundió mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo de WhatsApp con compañeros de partido celebrando el "esperanzador" reparto para la formación del CGPJ. Explicaba que el PP lograba nueve vocales en el CGPJ más la presidencia del Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la Sala Segunda desde detrás". Marchena defendió entonces su independencia y se retiró como candidato.