El Gobierno llevará al Congreso la reforma del delito de sedición que ya negocia con ERC

El Gobierno presentará una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, que afecta a los dirigentes fugados por el procés. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su respuesta a ERC durante el debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos de 2023. Aunque Montero no mencionó directamente este delito, fue clara al asegurar que "traeremos a esta Cámara", en relación con el debate sobre "la convivencia en Cataluña", "la voluntad del Gobierno de homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país". La Cámara, "soberanamente, tendrá que decidir sobre esta cuestión", avanzó para incidir en el compromiso de tomar la iniciativa y después buscar los apoyos necesarios. "Seguiremos empeñados en el diálogo", remachaba la ministra desde la tribuna.

Tras finalizar el debate, sin embargo, Montero se ha querido matizar asegurando que su intención no era "dar un paso más" y que no habría "completado la frase" en el "fragor del debate parlamentario". La reforma se traería a la Cámara solo cuando se aseguren las "mayorías" necesarias para sacarla adelante. "El compromiso es impulsarlo en el momento en que existan mayorías", quiso zanjar negando que "haya absolutamente ninguna novedad". Sobre supuestas amenazas del PP tras este anuncio que enturbiarían un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ, Montero dijo desconocer este extremo.

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El Ejecutivo habría pasado de resistirse a promover la propuesta de reforma del Código Penal exigida por ERC, argumentando que no existía una mayoría parlamentaria necesaria para aprobarla, a tomar la iniciativa. Un salto que posteriormente trató de rectificar la ministra. Si el propio Pedro Sánchez ya condicionaba el pasado viernes desde Bruselas la reforma a que tuviese los apoyos parlamentarios necesarios, el mensaje que se ha trasladado estos días tanto desde el Gobierno como desde Ferraz es que dicha mayoría no existía. Fuentes de ERC habían puesto en duda durante los últimos días esta justificación para congelar la reforma, mostrándose favorables a discutir la reforma y abandonando la petición de derogar el delito, como sigue reclamando Junts.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado en su voluntad de proceder a reformar el delito de sedición, expresada en su discurso de investidura, y lo ha separado de la negociación en curso con el PP para la renovación del CGPJ. En unas declaraciones recogidas por Europa Press desde Pretoria, donde se encuentra de visita oficial, ha dejado claro que una cosa es "la agenda legislativa", en la que entra la sedición, y otra el cumplimiento de la Constitución. "El acuerdo está listo, está preparado, falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiestan los grupos parlamentarios", ha incidido, respecto a la renovación del CGPJ.

"Números hay", señalaban este miércoles fuentes de la dirección del grupo parlamentario, en referencia al bloque de la investidura. Asimismo, se reconoce que los plazos están acotados, puesto que el próximo periodo de sesiones estará condicionado por las elecciones autonómicas y municipales, dificultando los acuerdos y, más, los pactos con independentistas que puedan ser leídos como concesiones. Hay prisas por el clima electoral y la mesa de diálogo también tiene marcados sus tiempos. Los técnicos están valorando como materializar este compromiso. De llevarse al Congreso a iniciativa de los grupos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se aceleraría su tramitación al evitar que antes deba pasar por el Consejo de Ministros.

Tras la matización de Montero, Unidas Podemos sumó fuerzas con ERC para elevar la presión a sus socios. A través del presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, defendieron que "es bueno que el debate llegue al Congreso" y que "hay los números suficientes para que salga". "Sobran las razones y sobran los apoyos, solo hay que convocarlos”, conminó el también portavoz de los Comuns a los socialistas.

La voluntad pasa por armonizar este delito con la jurisprudencia de otros países europeos. Se trataría de reducir las penas, aunque el socio minoritario también tiene la vista puesta en modificar la redacción para explicitar que tenga que darse una situación específica de violencia en lugar de alzamiento "tumultuario".

Desde ERC aseguran que se han intercambiado documentos, y la propia Montero avanzó que "trabajaremos en otro entorno que no es este debate". Una negociación que se está produciendo en la mesa de diálogo, cuya hoja de ruta pasa por la "desjudicialización" del procés. Una serie de "modificaciones legislativas", con el delito de sedición como principal caballo de batalla por parte de ERC. Según se han comprometido por escrito ambas delegaciones, estos cambios deberán materializarse "antes de finalizar el próximo periodo de sesiones".

La reforma del delito de sedición facilitaría la vuelta de los dirigentes independentistas fugados de la Justicia, al tener carácter retroactivo. Un grupo en el que, además del expresident Carles Puigdemont, se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Los delitos de malversación quedarían en otro plano, aunque el acuerdo "para superar la judicialización y reforzar las garantías" sellado este miércoles incluye compromisos como "preservar las máximas garantías" en procesos que "afecten al patrimonio de las personas". De hecho, el Tribunal de Cuentas ya ha devuelto la fianza de 2,1 millones de euros a la formación republicana en concepto de fianzas por el procés. De lo que no habría garantías es de evitar la inhabilitación política de estos dirigentes independentistas.

La reforma del delito de sedición se planteó al inicio de la legislatura de forma paralela a los indultos. Una forma de cerrar el círculo, al facilitar con ello que volviesen a España los políticos independentistas fugados tras haber concedido la medida de gracia a los políticos presos. Finalmente, se congelaron estos planes del anterior titular de Justicia, Juan Carlos Campo, por las reticencias de los soberanistas. Unos recelos que mantiene Junts, abogando por el maximalismo de la amnistía, pero que ha abandonado su sector mayoritario en el Congreso, convirtiéndolo en una prioridad.

El Gobierno y ERC también han intensificado las negociaciones para desbloquear la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, con la vista puesta por parte de los republicanos en aligerar las sanciones relativas a "desobediencia y desacato a la autoridad". Con ello, los republicanos pretenden englobar también a los acusados de estos delitos en protestas relacionadas con el procés. Lo que denominan “el resto de la agenda antirrepresiva”, incluyendo no solo a dirigentes independentistas, sino también a "todos los ciudadanos".