La reducción de la pena por sedición, una medida a la carta para salvar a Marta Rovira

La reforma del delito de sedición ha vuelto al calendario político después de haber quedado descartada durante meses. Lo hace a las puertas de la aprobación de los próximos presupuestos generales y tras la insistencia de ERC, que viene clamando desde hace meses por una "desjudicialización" que implica, en su opinión, aligerar la pena principal del 'procés'. Un recorte a la mitad de las condenas no salvaría del todo a Carles Puigdemont ni afecta al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ya indultado, salvo para favorecer su vuelta a la política. Ambos están vinculados a un segundo delito, el de malversación, que impide la rebaja que implicaría la reforma. Los mayores beneficiados no son ellos, sino la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, acusada únicamente por sedición y fugada a Suiza en los inicios del recorrido judicial sobre el 1-O, indican fuentes jurídicas consultadas.

La medida parece hecha a propósito para Rovira. La secretaria general de ERC mantiene un indudable peso en la formación nacionalista y participa de forma continua y activa en las reuniones de estrategia y posicionamiento de Esquerra, a las que se conecta de forma telemática. Un ejemplo es el último encuentro del consejo nacional celebrado en septiembre. Sin embargo, se encuentra fuera de España desde que, en marzo de 2018, escapara cuando había sido citada por el Tribunal Supremo. El trato dispensado a otras fugadas que han vuelto, como Meritxell Serret o Anna Gabriel, no es aplicable en su caso, ya que estas dos estaban acusadas de desobediencia y ella, sin embargo, de sedición.

El Gobierno baraja un notable descenso de la pena por este delito y se plantea, además, rebajar los plazos de prescripción. Desde hace tiempo, la idea que maneja el Ejecutivo es introducir un subtipo en la actual redacción del delito en que se atenuarán las condenas previstas para el caso de que el alzamiento no fuera violento, sino destinado a la celebración de un referéndum pacífico. La pena prevista para el caso concreto del 1-O rondaría así los cuatro años. La reforma mantendría la actual redacción para los casos más graves, que impliquen el uso de armas: de ocho a 10 años para los principales autores y de 10 a 15 años, si los acusados fueran personas constituidas en autoridad.

Además, fuentes jurídicas consultadas confirman que, con el descenso, disminuirán también los años que deben transcurrir para que el delito no pueda ser perseguido. Pasarían así de los 15 en vigor en la actualidad a cinco que comenzarían a contar desde que se produjo la última de las medidas activas del procedimiento. En el caso de Rovira, se produjo en 2018, cuando el Supremo trató de que le fuera entregada por las autoridades suizas y se encontró con una negativa rotunda. La combinación de la reducción y la prescripción facilitaría su regreso a España en 2023. ERC no oculta que lleva trabajando con ese fin varios meses.

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Pilar Gómez

Sin reforma de la sedición, Rovira tiene el ejemplo de lo sucedido con el resto de políticos catalanes que sí comparecieron a la citación a la que ella no acudió. Se la emplazaba a una comparecencia junto a los entonces diputados Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. También tenían que acudir Carme Forcadell y Dolors Bassa, que acababan, como ella, de renunciar a su escaño. El juez Pablo Llarena les había procesado a todos y les emplazó para revisar su libertad. La de ERC nunca apareció. El resto fue enviado a prisión provisional. Ninguno de ellos recuperaría la libertad hasta la concesión del indulto.

Desde entonces, han cambiado muchas cosas, pero las penas por los hechos de los que se la acusa permanecen igual. La sentencia del 'procés' no solo sirvió para establecer la responsabilidad penal de los que se quedaron, sino también para demostrar que el Supremo piensa aplicar el Código Penal en todos los casos y se opone al indulto que después concedió el Gobierno. No habrá un trato distinto para Rovira.

Al regreso de Serret y Gabriel le precedieron actos judiciales que las empujaron a volver. Serret no lo hizo hasta que tuvo claro que no se la acusaría de malversación, ya que ese delito se ha reservado para aquellos 'consellers' que dirigían áreas relacionadas con el referéndum. Gabriel esperó a comprobar que miembros de su partido en similar situación, como Mireia Boya, eran absueltos. Sin poder acogerse a ninguno de estos precedentes, a la secretaria general de ERC solo le queda la reforma para eludir la cárcel.