Sánchez desactivará la sentencia del 'procés' en Estrasburgo si rebaja la pena por sedición

En la Moncloa, el 'pactómetro' para los presupuestos generales arroja una mayoría holgada similar a la del año pasado, con 187 síes frente a 159 noes. Los socios de ERC, PNV y Bildu han vuelto a poner la alfombra roja y el jueves tumbarán las enmiendas a la totalidad de grupos como PP, Vox o Ciudadanos. En público, el discurso de nacionalistas vascos y catalanes es que queda mucho por negociar, pero en privado Pedro Sánchez sabe que logrará sacar adelante las cuentas en el último año de la legislatura.

Las contraprestaciones ya se han ido conociendo. En el caso del PNV, ha arrancado renovar el cupo en las mismas condiciones. Con ERC, el debate está en la reforma del Código Penal para rebajar a la mitad las penas por el delito de sedición, que en la actualidad van de 10 a 15 años o de ocho a 10. La voluntad por parte del Gobierno es llevarla a cabo, aunque el discurso pasa por desligarla de la negociación de los presupuestos. Fuentes del grupo socialista en el Congreso aseguran que hay consenso en sacar adelante el cambio legislativo, pero se trata de contar con la mayoría suficiente y medir los tiempos políticos. Con unas elecciones municipales y autonómicas en ciernes, hay presión por parte de los barones socialistas para evitar 'gestos' a los independentistas que acaben pasando factura en las urnas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, siempre ha sido muy duro por las alianzas de Sánchez con los republicanos.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez se asegura aparcar el referéndum de la negociación con ERC en año electoral

Iván Gil

¿Y por qué ERC también está dispuesto a alargar los plazos? Es evidente que la ruptura con Junts deja a Pere Aragonès a merced de los socialistas en el Parlamento catalán. Los necesita para lograr mayorías tanto como el presidente a ellos en Madrid. Pero además hay un interés mayor a largo plazo, que es el que persigue Oriol Junqueras. El líder moral de ERC ha centrado buena parte de su hoja de ruta tras salir de prisión en que en Europa quede desacreditada la sentencia del Tribunal Supremo que le envió a prisión.

Es parte de lo que llaman "desjudicialización" y que el Gobierno ha asumido con naturalidad en la mesa bilateral con la Generalitat. Fuentes jurídicas señalan a El Confidencial que si se reducen las penas por el delito de sedición, se estará desautorizando el fallo ante la Justicia europea. Para el independentismo, que Estrasburgo reconozca una vulneración de sus derechos sería una victoria en el relato y de cara a la celebración de futuros referéndums.

Cuando se revise la sentencia, las penas impuestas estarían desfasadas. Los cambios que se introduzcan en el Código Penal podrían conllevar una interpretación de "desproporcionalidad", lamentan fuentes del TS, que rechazan el mensaje que traslada Sánchez de la necesidad de equiparar el castigo a los estándares europeos, ya que afirman que los delitos en países vecinos son diferentes y por eso están tipificados con otros baremos. Asimismo, las fuentes citadas interpretan que cuando el Congreso apruebe por mayoría el cambio del Código Penal en Europa, se impondrá el relato del "abuso de unos tribunales franquistas" que han promovido durante estos años los condenados.

Desde el punto de vista práctico, afectaría al fugado Carles Puigdemont en sus intenciones de regresar a España

Tanto en el PSOE como en ERC dan por hecho que se acabarán rebajando las penas ahora o en unos meses. Magistrados consultados consideran que supondrá una "nueva afrenta" a la Justicia por parte del Ejecutivo. Con las heridas aún abiertas por la renovación del CGPJ y la dimisión del presidente del TS, Carlos Lesmes, el cuestionamiento político del fallo del 'procés', que cumplió el pasado 14 de octubre tres años, se interpretaría como un "varapalo" a uno de los procesos más importantes de España y con una gran repercusión internacional.

Desde el punto de vista práctico, afectaría al fugado Carles Puigdemont en sus intenciones de regresar a España. Con una rebaja de la pena del delito de sedición a menos de cinco años, siguiendo la línea de la tipificación de Europa, la prisión preventiva del expresidente catalán también se acortaría en el tiempo e incluso se podría no acordar. En estos momentos, al entrar en nuestro país y presentarse en el Tribunal Supremo, en un juzgado o en una comisaría, sería detenido y puesto a disposición del juez Llarena, que convocaría una comparecencia con las partes (abogado defensor, Ministerio Fiscal y acusaciones particulares) para decidir si mantiene la medida de prisión o de alguna manera la modifica. Con los delitos y el riesgo de fuga, lo lógico es que el magistrado le enviara a la cárcel inmediatamente a la espera de ser juzgado. Pese a estar acusado de rebelión, sedición y malversación, el precedente de la sentencia del Supremo a los otros procesados 'anula' el primero de los delitos, ya que el tribunal determinó que hubo sedición, pero no rebelión.