Sánchez se asegura aparcar el referéndum de la negociación con ERC en año electoral

El Gobierno defendió el desarrollo de la mesa de diálogo con la Generalitat como el mejor modo de normalizar las relaciones institucionales y, como consecuencia, neutralizar el unilateralismo del independentismo que llegó a su máxima cota con el 1-O. Casi tres años después de que Pedro Sánchez pactase con ERC en su investidura reactivar este foro, el Govern no solo ha asumido por escrito el abandono del rupturismo, sino que también ha dejado en un plano secundario la máxima a la que aspiraba: la negociación de una salida al "conflicto político" que pasase por un referéndum. Amnistía y autodeterminación eran los dos marcos en los que la delegación catalana, encabezada por Pere Aragonès, centró la primera reunión de esta legislatura en Barcelona. Ahora, con los Presupuestos en el horizonte y a ocho meses de las elecciones, la hoja de ruta se centra en la "desjudicialización" del 1-O y la "protección del catalán".

El referéndum, aunque sigue siendo la aspiración del independentismo, ha salido de los grupos de trabajo de la mesa de diálogo para priorizar otras vías más pragmáticas. Al menos de momento, lo que asegura a Sánchez dejar aparcado un controvertido referéndum de cara al proceso electoral del próximo año. Principalmente, para sus barones, de cuya reedición de los gobiernos autonómicos el próximo mes de mayo depende también que el presidente del Gobierno llegue con suficiente oxígeno a las generales de finales de 2023.

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, exigía, durante la comparecencia del presidente del Gobierno esta semana en el Congreso, poner fin a la "represión" antes de entrar a negociar los contenidos de los Presupuestos. La reforma del delito de sedición, aunque los republicanos evitan mencionarla en público, es una de las principales vías, y Rufián hacía también mención a las penas de inhabilitación que pesan sobre los políticos indultados.

Fuentes de la Moncloa aseguran que no hay avances en esta materia y que la discusión se encuentra en el mismo punto que antes del verano, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avanzaba este viernes en los micrófonos de Catalunya Ràdio la voluntad de reformar este tipo penal, especialmente de su espacio político. "Este país se merece repensar los tipos penales. Estos de los que me habla [en referencia a la sedición y a la rebelión] están desacoplados con las normativas de nuestra legislación comparada y si me pregunta '¿debemos hace esto?', yo le diría 'claro que sí'", respondía aun evitando marcar plazos para la reforma.

Líneas rojas

Para el Ejecutivo, tanto la autodeterminación como la amnistía eran líneas rojas. Al mismo tiempo, para el independentismo no podría producirse una salida al "conflicto político" que no pasase por las urnas. El propio 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, advertía en una conferencia en Madrid a principios de año, respecto a los resultados de la mesa de diálogo, que el actual Gobierno de coalición no tendría "una segunda oportunidad" si no consensuaba una salida que pasase por las urnas. "No estamos dispuestos a aceptar una renuncia al derecho a decidir, el Estado debe atreverse a las urnas", defendió en un discurso que siguieron desde la primera fila la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el ministro de Universidades, Joan Subirats. "Si no aprovechamos esta oportunidad, seguiremos adelante", concluyó.

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Tanto las formas como el fondo han variado por completo, como quedó patente en la hoja de ruta pactada en la última reunión mesa de diálogo celebrada antes del verano. A cambio de avanzar en reformas legales tratando de revertir procesos judiciales que afectan a líderes independentistas desde el 1-O, el Ejecutivo ha logrado rehuir el debate territorial, alejándolo del contexto electoral. Para Moncloa, donde ya se ha activado el modo electoral tras los cambios en Ferraz, es una barrera infranqueable asumir posiciones de desgaste en materia territorial, coincidiendo con el arranque del ciclo electoral. Un debate que penaliza a los socialistas, aunque las cesiones a los independentistas son ineludibles para evitar golpes en la mesa y con ello alejar a ERC de su necesario apoyo a los Presupuestos.

La contrapartida exigida por el Ejecutivo en la mesa de diálogo para activar el proceso de desjudicialización es que "se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas de juego democráticas". Esto es, un compromiso de que no vuelva a repetirse la convocatoria de un referéndum unilateral. Asimismo, cualquier reforma legislativa para favorecer esta "desjudicialización" deberá enmarcarse "dentro ordenamiento democrático vigente" y "avaladas por una amplia mayoría social", según recoge el documento ratificado por ambas delegaciones.

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Los compromisos que sí deberán materializarse "antes de finalizar el próximo periodo de sesiones" (por estas Navidades) tienen que ver con una serie de "modificaciones legislativas", con el delito de sedición como principal caballo de batalla por parte de ERC. Una reforma que barones del PSOE como el castellano-manchego Emiliano García-Page ya cuestionaron en su día, antes de que se congelase esta iniciativa. Los cambios en la tipificación de este delito en el Código Penal facilitarían la vuelta de los dirigentes independentistas fugados de la Justicia, como es el caso del expresidente Carles Puigdemont. Una puerta que no cierra el Ejecutivo, al defender la necesidad de "armonizar" estos preceptos con la jurisprudencia de otros países europeos, pero llamando la atención sobre la falta de mayorías parlamentarias.

La carpeta catalana ha ido desinflamándose a lo largo de la legislatura hasta llegar a las puertas del nuevo ciclo electoral, permitiendo a Pedro Sánchez reducir el coste en las urnas por sus pactos con los independentistas. La reactivación de la mesa de diálogo acordada con ERC a cambio de la investidura ha sorteado las concesiones en materia de encaje territorial para acabar centrándose en la denominada "desjudicialización", con el hito previo de los polémicos indultos a los presos del 'procés'. Una decisión amortizada a la vista de cómo la agenda territorial ha ido descendiendo peldaños en la jerarquía del debate político. El unilateralismo ha quedado enterrado, el referéndum se ha aparcado y el conflicto se ha ido durmiendo. Una desescalada de la que hace gala el Ejecutivo y que le evita amortiguar el desgaste por sus alianzas a la hora de acudir a las urnas, a la espera de cómo se traduzca la mencionada "desjudicialización".