Sánchez ignora a los territorios y se niega a reformar la financiación esta legislatura

Es una de las reivindicaciones primordiales de los presidentes autonómicos, y también un quebradero de cabeza para las direcciones nacionales de los dos principales partidos políticos. El debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica ha vuelto a Moncloa de la mano de Alfonso Fernández Mañueco, Juanma Moreno y Alfonso Rueda, los tres líderes del PP a los que Pedro Sánchez dio audiencia este jueves. Los barones acudieron a su vis a vis con el jefe del Ejecutivo con la resaca de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que María Jesús Montero despejó las transferencias que recibirían las comunidades en 2023 con cargo al sistema de financiación ordinario, pero evitó abrir un melón que lleva enquistado desde hace años.

Los mandatarios de Castilla y León, Andalucía y Galicia se encontraron con un portazo por parte de Sánchez a sus reivindicaciones en materia de financiación: el Gobierno descarta abordar la reforma del modelo de reparto de recursos antes de las próximas elecciones generales. Fue la conclusión con la que se quedaron en las baronías populares tras la triple cita en Moncloa. Es el mensaje que confirman también en el Ejecutivo, donde se niegan a agitar un avispero en la recta final de legislatura que también abre importantes fisuras dentro de sus filas. En efecto, se trata de un conflicto que no entiende de ideologías y que divide las regiones en bloques en función de sus reivindicaciones y no de su color político. "El Gobierno no está ahora como para encima meterse en ese lío", reconocen en una autonomía del PP.

No es un análisis que vaya mal encaminado. El PSOE trata de calmar sus aguas internas después de que la profunda remodelación en Ferraz que Sánchez había proyectado para septiembre haya quedado ensombrecida por la sentencia de los ERE, que ha abierto un nuevo cisma en las filas del partido por el escenario aún hipotético de que el Ejecutivo conceda el indulto a José Antonio Griñán. En las baronías socialistas recelan de esa decisión y se desmarcan nuevamente de Moncloa ante una maniobra que, entienden, "nos puede hacer perder las elecciones". Con este contexto, Sánchez rehuirá todo debate que acreciente su desgaste y abra nuevas grietas en el PSOE. Y la financiación autonómica es una cuestión que pone en jaque la estabilidad interna de la formación.

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Moncloa no solo ha cerrado la puerta a abordar la compleja reforma en la presente legislatura, sino que también ha rechazado la solución intermedia y "temporal" con la que acudía el presidente de la Junta de Andalucía a Moncloa. Una de las iniciativas de su decálogo de 90 páginas pasaba por impulsar un "fondo transitorio de nivelación prorrogable" dotado de 1.700 millones —de los cuales solicita 824 para su región— para "nivelar" las comunidades infrafinanciadas —Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha— hasta la consecución de un nuevo modelo de financiación. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, rechazaba tajantemente la propuesta a última hora de la tarde. "La financiación autonómica no puede parchearse", avanzó.

Públicamente, el Gobierno se sacude la responsabilidad alegando que tanto PSOE como PP deben "ponerse de acuerdo" y "acercar posiciones" antes de que el Ejecutivo tome la iniciativa. Se escudan en este punto en el "récord" que se ha batido en las últimas entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que se ha disparado un 24% por el aumento de recaudación y alcanzará los 134.336 millones de euros en 2023. "El planteamiento del Gobierno no pasa por abordar de forma coyuntural el sistema de financiación. Se debe llegar a un acuerdo en todos los territorios, que pueda ser avalado en el Parlamento con una gran mayoría", subrayó Rodríguez.

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La de la financiación autonómica es una antigua reivindicación territorial incómoda para los dos grandes partidos por los enfrentamientos que genera en sus propias filas. En junio del año pasado, el popular Juanma Moreno y el socialista Ximo Puig se hicieron con la batuta pese a las reticencias internas, dejaron atrás las siglas y protagonizaron una cumbre para exigir un cambio normativo en el modelo de financiación, que lleva caducado desde 2014 y que, en estos momentos, perjudica eminentemente a Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. María Jesús Montero se comprometió hace meses a trabajar en un reequilibrio del modelo para responder a las demandas de estos territorios, que piden tener en cuenta el coste de sufragar servicios públicos primando el peso poblacional por encima de otros criterios.

En el otro lado de la balanza se han posicionado hasta ocho comunidades autónomas encabezadas por el hoy presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en noviembre de 2021 presidió una reunión alternativa en la que sentó a líderes de PP, PSOE y PRC. Galicia, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, La Rioja y Extremadura comparten la inquietud de que un ajuste en el modelo de financiación pueda hacerles perder recursos, e insisten en que, si se aprueba un nuevo sistema, deben priorizarse criterios como la orografía o la despoblación a la hora de repartir los fondos.

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Uno a uno, los tres barones del PP que este jueves pisaron Moncloa centraron sus críticas en la "falta de iniciativa" del Gobierno a la hora de liderar la reforma y los "privilegios" que atisban hacia comunidades como Cataluña para intentar parchear sus propias diferencias. En privado, y aunque lamentan que la demandada reforma quede congelada, reconocen que es un asunto "muy complicado" en el que ni siquiera ellos han llegado a un acuerdo. "Podemos hablar de población, sin duda, pero también debemos atender al envejecimiento de la población, del territorio", reivindicó Mañueco. "Los criterios de financiación no van a ser los mismos en Andalucía y en Galicia. Para nosotros, hay puntos irrenunciables", reconoció Rueda. "El Gobierno tiene que liderar una reunión para ir cribando propuestas hasta llegar a un borrador", propuso Moreno.

Los equilibrios de Feijóo

La cerrazón del Gobierno a abordar el complejo debate en la presente legislatura anticipa el escenario de que Feijóo recibirá la 'patata caliente' si logra llegar a Moncloa, como anticipan en este momento la mayoría de encuestas. Es una posibilidad que, de hecho, ya asumen en las filas populares. En materia de financiación, el líder gallego siempre ha defendido una postura que choca frontalmente con la de Andalucía, pero su nueva condición de presidente del PP le obliga a hacer equilibrios para contentar a todos sus barones y cerrar posibles heridas internas.

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El jefe de la oposición ha evitado abrir ese melón desde su salto a la política nacional. Desempolvó el asunto por primera vez la semana pasada en la Comunidad Valenciana, un territorio al que Génova ha dado el rango de prioridad máxima de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. A sabiendas de que los ajustes en el modelo de reparto de fondos es una de las mayores reivindicaciones de un territorio que el PP aspira a reconquistar, el líder popular dio forma por primera vez al compromiso para reformar el sistema, aunque manteniendo el equilibrio que le demanda su nueva condición de líder de la oposición: instó a primar el criterio de reparto por el "coste efectivo de los efectivos que prestan" en cada autonomía, y reconoció la infrafinanciación que padecían en el suroeste español. "Es un hecho objetivo", dijo.

Pese a la primera incursión en el controvertido debate, lo cierto es que Feijóo aún no ha reunido a sus líderes autonómicos para explorar una posición común con la que presionar al Gobierno para que haga lo propio con sus territorios. La máxima a la que se aferran en Génova es que Moncloa lidere el proyecto y "siente" a todos los presidentes autonómicos alrededor de una mesa, negociar propuestas, aunque sea "duro", y avanzar en la renovación del nuevo modelo.