El debate de la financiación: Feijóo sienta a ocho comunidades en defensa del coste por servicio

La entente formada por ocho autonomías de la España despoblada en defensa de una financiación que tenga en cuenta sus particularidades vuelve a reunirse para reforzar su alianza. Tras varias mesas de trabajo y encuentros formales, la ciudad de Santiago de Compostela será el escenario este martes de la última cita institucional al más alto nivel entre los presidentes de Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y Extremadura. En el horizonte, está el pulso que se mantiene con el Ministerio de Hacienda por hacer prevalecer la idea de que la financiación autonómica debe contemplar el coste de los servicios, la dispersión de la población y el envejecimiento. Según las regiones organizadoras, cuyo anfitrión será el popular Alberto Núñez Feijóo, este encuentro es un hito por la fotografía de unidad que esperan salga del encuentro, en el que participan comunidades gobernadas por el PP, el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria.

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La particularidad de la alianza, al igual que la que encabezan Andalucía y Valencia, pero con una propuesta completamente diferente, es que las exigencias planteadas trascienden los límites de las respectivas fuerzas políticas y se centran en la defensa de los intereses territoriales. Precisamente, el germen de la unión de la España despoblada se gestó en un encuentro en 2018, del que nació la 'Declaración de Zaragoza'. Ahora, Santiago de Compostela es el marco en el que los participantes buscan firmar otro acuerdo que refuerce el ya suscrito. Mientras las comunidades gobernadas por el PSOE insisten en que la reunión no supone la creación de un frente contra ninguna otra región, la imagen de ocho presidentes de distinta adscripción política unidos será el último acto antes de conocer la propuesta de la nueva financiación que está ultimando Hacienda. Los planes del ministerio que encabeza María Jesús Montero pasarían por poner más dinero encima de la mesa y también modificar las reglas del reparto, con las que saldrían beneficiadas las comunidades ahora perjudicadas, es decir, Andalucía y Valencia, que defienden que debe atenderse al volumen de población.

La unión de ocho presidentes

La fotografía de unidad al margen de los intereses partidistas es lo más llamativo de una reunión que baja al terreno técnico para explicar la infrafinanciación, según denuncian los participantes, que vive la España despoblada. En el caso de Aragón, por ejemplo, para hacer frente a las necesidades del estado de bienestar se calcula que se necesitan entre 400 y 600 millones de euros más. Y aun así habría déficit en la inversión debido a la extensión de una comunidad que supone el 10% de todo el territorio nacional.

De ahí que el acuerdo que se busca suscribir en la cumbre de Santiago de Compostela contemple el déficit de financiación de estas comunidades. Recuerdan que el último modelo se aprobó en 2009 y que caducó en 2014. Estas ocho autonomías insisten en que el coste real de los servicios, principalmente la sanidad o la educación, es mayor en territorios muy extensos, con pocos habitantes y con población envejecida, a lo que añaden las dificultades orográficas que otras regiones con más núcleos urbanos no tienen.

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En esta línea, el presidente aragonés, Javier Lambán, insistió hace pocos días en que el punto de partida de la nueva financiación autonómica, y, por tanto, del cálculo, debería ser “que nadie salga con menos dinero del que entró a la negociación”. Esta premisa para revisar el sistema supondría entre 17.000 y 18.000 millones de euros más para todas las autonomías. "O se toman medidas muy radicales o va a llegar un momento en que las comunidades autónomas no vamos a poder prestar ese servicio. Ese problema lo tenemos los poblados y no poblados", dijo Lambán.

Es precisamente el mensaje que más recalcan los dirigentes que participarán en la cumbre gallega: la España despoblada no busca un enfrentamiento, sino defender su postura para no salir perjudicada. Este lunes, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, rechazó la idea de que el encuentro suponga la creación de un “frente” contra el Gobierno, porque habrá tres partidos representados, PP, PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria, y las regiones participantes “representan a más del 60% del país”. Lo mismo dijo el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien defendió que el "espíritu" de la cita es el intercambio de "diagnósticos" para abordar los problemas que comparten las ocho autonomías. "No se hace contra nada ni contra nadie", zanjó.

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Al margen de estos discursos, lo cierto es que la cita llega precedida de cierta polémica. Unas declaraciones de Feijóo, en las que deslizaba que el encuentro serviría para defender los intereses de la España despoblada frente a Cataluña y garantizar que el presidente Sánchez no tenga un trato de favor hacia determinadas regiones, soliviantaron a algunos barones socialistas. De hecho, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, llegó a anunciar que no acudiría al encuentro, aunque finalmente sí que participará. La polémica además hizo que el PSOE intentase cerrar filas y pactar una postura común entre todos sus presidentes autonómicos, si bien no lo consiguió.

La propuesta de Montero

La cita de Santiago de Compostela es el último cónclave autonómico previsto antes de que el Ministerio de Hacienda hago pública su propuesta. Según anunció Montero, la idea que está urdiendo el Gobierno central podría presentarse a finales de este mismo mes. Una vez se conozcan los planteamientos del departamento, se abrirá un periodo de negociación entre las regiones y los grupos parlamentarios. Precisamente, según fuentes de una de las autonomías que van a participar en la cumbre de este martes, el objetivo es que la declaración que suscriban los participantes “se mantenga intacta durante la negociación con el ministerio y ninguna se desmarque por un interés partidista o por ventajismo territorial”.

Más allá de la pugna entre las autonomías de la España despoblada y Hacienda, la discusión es aún más compleja. Otras tres autonomías, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, optan por defender el criterio poblacional para optar a más financiación. Por otro lado, Baleares, Cataluña y Madrid formarían un tercer grupo, el de las que defienden el principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación.