Más dinero para las CCAA, pero con reparto diferente: el sudoku que ultima Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará el paso de intentar consensuar un nuevo modelo de financiación para las comunidades. Todavía no hay fecha para la prometida presentación de la 'arquitectura' de un sistema renovado de distribución de recursos, pero todo parece indicar que se producirá una vez aprobados los presupuestos generales del Estado (PGE), en la primera quincena del mes de diciembre. Los socialistas buscarán en el Parlamento el respaldo del Partido Popular, pues necesitan una mayoría absoluta para sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca).

Montero ha arrancado el voto favorable de Compromís a las cuentas del año que viene con la promesa de que la Comunidad Valenciana será una de las beneficiadas del nuevo modelo. Así lo explicó Joan Baldoví en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. "El Gobierno ha entendido una cosa que han dicho reiteradamente los expertos, que hay un déficit de 16.000 millones en el sistema para paliar las diferencias entre autonomías", explicó. "Han entendido que sin poner más dinero, el acuerdo sería improbable. ¿Nos hubiera gustado más? Sí, pero podemos llegar donde podemos llegar", aseveró.

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Las declaraciones de Baldoví causaron sorpresa en los territorios afectados por la financiación porque Montero guarda silencio sobre los ejes básicos de su propuesta. La ministra ha declarado públicamente que trabaja en una revisión del concepto de población ajustada, es decir, el criterio poblacional ponderado por factores correctores como envejecimiento, dispersión geográfica o población educativa, que condicionan el coste de los servicios. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el pasado domingo en la clausura del congreso del PSPV-PSOE, en Benidorm, a tratar de negociar y aprobar un nuevo modelo y, en caso de no lograrlo, a proporcionar "los recursos necesarios" a la Generalitat valenciana.

Pero, por ahora, ni Sánchez ni Montero han concretado si, además de modificar el criterio de reparto, inyectarán más dinero en el sistema. Esta es, precisamente, la clave de bóveda que podría abrir la lata del consenso territorial. Fuentes de Compromís aseguran que en las reuniones de Baldoví con el gabinete de la ministra, Hacienda ha mostrado su intención de inyectar más recursos verticalmente con el objetivo de que ninguna autonomía pierda dinero en términos absolutos, aunque se corrijan los desequilibrios para que las perjudicadas, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, puedan escalar posiciones y se reduzcan las diferencias relativas.

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Ahora hay hasta 700 euros de diferencia por 'habitante ajustado' entre la mejor financiada, Cantabria, y la Comunidad Valenciana. El pacto entre el PSOE y Compromís se produce a pocos días de la manifestación convocada en Valencia para este sábado en defensa de una nueva financiación, a la que asistirán todos los partidos excepto Vox, incluyendo al PSPV-PSOE de Ximo Puig.

Fuentes del Ministerio de Hacienda evitaron llegar tan lejos como Compromís en la explicación de por dónde irá el nuevo sistema. Pero sí admitieron que lo que se ha trasladado "es que el próximo modelo mejorará la financiación" y que la idea es que haya una "mejoría general", es decir, que todos los territorios ganen. Esto solo es posible hacerlo poniendo más dinero en la cesta, tal como han recomendado los expertos de las autonomías y también organismos independientes como Fedea.

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La expectativa de poner encima de la mesa más recursos para las autonomías, y hacerlo además en el plazo de pocas semanas, puede explicar la resistencia del Gobierno a aceptar la reclamación de los ejecutivos regionales de que Hacienda prorrogue el fondo covid que puso en marcha en 2020 y en 2021 para contratar a personal sanitario, docente y de servicios sociales. El ministerio ha vetado la enmienda presentada por Junts para extender un ejercicio más la aportación extra, con 9.400 millones de euros.

Administraciones territoriales como la Generalitat valenciana, la Junta de Andalucía o la de Castilla y León han pintado en sus cuentas del año que viene ingresos millonarios que no tienen garantizados sin el respaldo del Estado para sostener la continuidad del gasto generado por la pandemia. Son partidas que dispararán el déficit y que tendrán que ser asumidas por el Gobierno vía Fondo de Liquidez Autonómica.