Más dinero por menos política: Sánchez ‘descatalaniza’ la financiación regional

El actual modelo de financiación autonómica se publicó en el BOE en diciembre de 2009 y debía haber sido revisado cinco años más tarde. Es decir, en 2014. Han pasado 12 años desde aquella fecha y la “revisión quinquenal”, como lo denomina la ley, no ha llegado. Y es probable que no lo haga hasta bien entrado el año 2022. Entre otras razones, porque por medio se ha colado una crisis de Gobierno que incorpora cambios fundamentales.

La más importante, en esta área, es la salida de Miquel Iceta, que supone, como sostiene uno de los expertos elegidos por Hacienda para proponer la reforma fiscal, “descatalanizar” el nuevo modelo de financiación. O lo que es igual, elimina de un plumazo el sesgo que introduce en una negociación muy compleja, con 15 territorios afectados (País Vasco y Navarra quedan fuera), el hecho de que el cargo de ministro del ramo coincida con el de primer secretario de los socialistas catalanes, claramente partidario de alimentar el pacto con los independentistas. A cambio, el PSC controlará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, con diferencia el más potente en términos de inversión pública.

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Es decir, lo que parece sugerirse desde Moncloa es que la financiación territorial se hará más en clave de política nacional, lo que ayudará a compensar el desgaste de los indultos y el pacto con ERC, pero Cataluña, a través de la nueva ministra del ramo, Raquel Sánchez, dispondrá de una posición preferente a la hora de repartir fondos en asuntos tan relevantes como el arco mediterráneo. El PSC, cabe recordar, ya ha situado a tres de sus dirigentes, Maurici Lucena, Marc Mutra y Jordi Hereu, respectivamente, al frente de Aena, Indra e Hispasat. En todos los casos, con gran tracción inversora.

Iceta, como se sabe, ha reivindicado en muchas ocasiones una especie de federalismo asimétrico. Es decir, una fórmula políticamente correcta de justificar que Cataluña pueda salir del sistema de financiación del régimen común, aunque lejos del modelo foral del País Vasco y Navarra, cuyo anclaje legal es la propia Constitución española. Es decir, se rompería la llamada ‘cláusula de statu quo’, que históricamente ha sido uno de los caballos de batalla en todas las negociaciones, toda vez que garantiza recursos suficientes para atender las competencias que han ido asumiendo.

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La sucesora de Iceta, de hecho, la exalcaldesa de Puertollano Isabel Rodríguez, tiene un perfil muy distinto al del exministro de Política Territorial y ni siquiera tiene que verse concernida por los plazos comprometidos por su antecesor y por Hacienda, el otro departamento afectado, que pasan por que antes del 31 de diciembre el Gobierno disponga ya de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Al ralentí

El compromiso se plasmó el pasado 15 de abril tras una moción presentada por el grupo parlamentario plural en el Congreso, en particular, por el diputado de Compromís Joan Baldoví, pero desde entonces, y han pasado tres meses, poco o nada se ha avanzado. De hecho, la fecha del 31 de diciembre se refiere a la presentación del documento, pero no se marca ninguna otra para que esté operativo el nuevo modelo de financiación. Esas discusiones, ahora, están funcionando solo al ralentí a través de un grupo de trabajo de escaso peso político formado por segundos niveles de las distintas administraciones. Sus trabajos, en todo caso, están muy condicionados por las reuniones de los expertos designados por Hacienda para proponer una reforma del sistema fiscal, y cuyas labores se encuentran todavía en fase muy embrionaria.

Parece que con un equipo nuevo en Política Territorial, eso significa meter sordina en un proceso de negociaciones que está más que verde

Estos expertos deben presentar sus conclusiones antes del 28 de febrero del año próximo, y aunque no tienen mandato alguno para adentrarse en la reforma autonómica, es evidente que están obligados a prestar mucha atención sobre las consecuencias que tendrían sus propuestas respecto de los ingresos de las regiones. De hecho, en la mecánica de discusión que se han dado, los expertos están obligados a calcular el impacto que tendrían sus propuestas sobre la financiación autonómica.

Hay que tener en cuenta que cada año, al margen de los impuestos estatales sobre los que las CCAA tienen derecho a un porcentaje superior al 50% en IRPF o IVA, disponen para su financiación de la recaudación de los impuestos cedidos sobre medios de transporte, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, además de los tributos sobre el juego y las tasas afectas a los servicios transferidos.

El cambio de titular de Política Territorial permite a Moncloa, incluso, zafarse de la presión que ejercen las comunidades autónomas más inquietas con el actual sistema de financiación, y que son, precisamente, las más perjudicadas. En particular, la Comunidad Valenciana y Baleares, cuyos gobiernos autonómicos —ambos gobernados por socialistas— celebraron hace menos de una semana una cumbre para exigir al presidente Sánchez que cambie las reglas de distribución de los fondos que Hacienda pone a disposición de las comunidades autónomas. Y parece evidente que con un equipo nuevo en Política Territorial, eso significa meter sordina en un proceso de negociaciones que está algo más que verde. De hecho, ni siquiera la mesa de diálogo entre la Generalitat catalana y el Gobierno de la nación, que se reunirá pasada la Diada del 11-S, ha echado a andar más allá de declaraciones huecas de contenido, aunque políticamente muy relevantes.

Parámetros objetivos

No hay que olvidar que el Gobierno, en la moción aprobada en abril, garantiza a sus socios parlamentarios que los sistemas que se puedan habilitar para hacer posible la financiación autonómica se ejecuten “con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia, y permitiendo que las comunidades autónomas atiendan, en el marco de su autonomía política y financiera, el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a los servicios públicos fundamentales”.

No parece que un nuevo equipo en Política Territorial, recién aterrizado, sea capaz de garantizar esa 'diligencia'. Y mucho menos unas negociaciones fluidas con los independentistas catalanes, que han sido los primeros sorprendidos por la salida de Iceta. No en vano, la nueva ministra no se ha cansado de repetir que su proyecto está pensado para el conjunto del país y no para un territorio concreto. En definitiva, un giro evidente —más dinero y menos ruido político— en la estrategia de prioridades de Sánchez en materia territorial. No hay que olvidar que su primera ministra en esta cartera fue Meritxel Batet y el segundo Miguel Iceta. Ahora lo será una manchega de Abenójar (Ciudad Real).