La España despoblada se rearma y abre un nuevo frente en el debate de la financiación

La España despoblada peleará para defender sus postulados en el debate sobre la financiación autonómica que Valencia y Andalucía han capitalizado en los últimos meses. Seis comunidades, Aragón, las dos Castillas, Galicia, Extremadura y Asturias, se reunirán el próximo mes de octubre para cerrar una posición común. Es una contrarréplica en toda regla a la entente formada por Juanma Moreno y Ximo Puig y al encuentro que ambos mantuvieron ayer en Sevilla. Las seis regiones llevan años trabajando en su propio frente, como recordó este martes el presidente aragonés, Javier Lambán. De hecho, en 2018 consensuaron la conocida como 'Declaración de Zaragoza', en la que plasmaron sus reivindicaciones, la principal, que se tenga en cuenta en el reparto de fondos la dispersión de los habitantes y el coste que esto supone para garantizar unos servicios de calidad. Y ante lo que amenaza con convertirse en un fuego cruzado entre diferentes territorios, el Gobierno pidió ayer que el debate se afronte con un espíritu “constructivo” y no desde las trincheras.

Lo cierto es que es el Ejecutivo el que en cierto modo está propiciando ese desgaste territorial, al demorar su promesa de presentar una actualización del sistema y buscar un acuerdo con el Partido Popular de Pablo Casado para reformar la Lofca.

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La cumbre de la España vacía se celebrará en Galicia y el objetivo de las comunidades participantes es defender el actual 'statu quo' ante el empuje de las regiones que, según los estudios independientes, están ahora más perjudicadas por el reparto en términos de población ajustada, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. No es una cuestión partidista. Y aunque los participantes son conscientes de que el movimiento puede generar tensiones y roces en el seno de sus formaciones, creen que si no hacen nada, el plegarse a las propuestas de otras comunidades o el dejar que las tensiones con Cataluña condicionen el sistema serán algo mucho peor para sus territorios.

Lambán reconoció que, aunque la propuesta de Moreno y Puig para actualizar un modelo de financiación que se aprobó en 2009 y que lleva caducado desde 2014 es “perfectamente respetable”, no la comparte. Es más, la sensación que se tiene es que de lo que pueda pactar Valencia con Cataluña y Andalucía nunca saldrá nada bueno para Aragón. El barón socialista no está dispuesto a ceder ante lo que considera juegos soberanistas o la presión de las regiones más pobladas. De hecho, el dirigente aragonés ha considerado en alguna ocasión que la España a dos velocidades puede ser más dañina que el propio nacionalismo. Hay regiones que agonizan y otras que ganan.

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El Gobierno central llamó ayer a la calma ante el rearme de unas y otras comunidades para afrontar un debate que todas consideran crucial y ante la posibilidad de que se creen bloques irreconciliables. La ministra de Economía, Nadia Calviño, que ya ha mantenido encuentros con el presidente andaluz, Juanma Moreno, y con el de Valencia, Ximo Puig, reconoció en la rueda posterior al Consejo de Ministros que en la mayoría de regiones la sensación es de “infrafinanciación”. Una realidad que condiciona el debate y que lo puede echar a perder. No obstante, los empresarios valencianos ya han recordado a Calviño que no es una cuestión de "sensaciones", sino que hay "datos empíricos" que reflejan desequilibrios entre territorios. Así se lo dijo el vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, en su reciente vista a la comunidad.

"El punto de partida no parece que sea muy favorable a que se logre el necesario acuerdo. Por eso digo que es muy importante que este tipo de negociaciones se aborden con una actitud constructiva para entender cuáles son las legítimas visiones de las distintas comunidades y del Estado", defendió Calviño. “Tiene que abordarse desde una perspectiva constructiva, porque no lleva a nada bueno un planteamiento que crea bloques o que trata de generar brechas entre los territorios o entre los ciudadanos”, ahondó.

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La ministra de Economía, como ha publicado este diario, confirmó que será la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la que presente en noviembre una primera propuesta para la reforma del sistema con la actualización del concepto de 'población ajustada', es decir, cómo ponderar la población con factores correctores como dispersión o envejecimiento. Este será el punto de partida de la negociación entre las autonomías y el Gobierno central. Además, más allá del acuerdo al que puedan llegar las regiones y el Ejecutivo, el nuevo modelo tendrá que plasmarse posteriormente en una ley orgánica, algo que exige, a juicio de Calviño, el acuerdo de los dos grandes partidos.

La batalla de Andalucía y Valencia

La reforma del modelo de financiación es un asunto que lleva en el cajón desde 2014, ya que, en mitad de la grave tensión territorial con Cataluña y en un complejo contexto de sumas parlamentarias, los sucesivos gobiernos la han ido postergando. Han sido Moreno (PP) y Puig (PSOE) los que han terminado de abrir la caja de los truenos. Alertan de que suman el 30% de la población y que la diferencia en financiación por habitante es tan importante, aferrándose a datos técnicos distribuidos por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que “la hemorragia financiera” está atentando gravemente contra la competitividad de estas regiones. La distancia, por ejemplo, entre Valencia y Cantabria es de 700 euros por "habitante ajustado", o sea, ya ponderado por los factores correctores de dispersión o envejecimiento.

La propuesta lanzada por Moreno y Puig, plasmada en una declaración institucional por un nuevo modelo de financiación autonómica de 11 puntos, cifra en 2019 la insuficiencia global del sistema en 16.400 millones de euros. Creen que no se trata de quitar a unas para dar a otras, sino de poner más recursos en la tarta autonómica. Denuncian el modelo actual por “discriminatorio, complejo y poco transparente”, y además abogan por una mayor capacidad tributaria para las comunidades, la equidad y el fin de las asimetrías. Hasta que el sistema se reforme, los presidentes de Valencia y Andalucía reclaman un fondo transitorio de 1.700 millones que resarza a estas comunidades y también a Murcia.

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Puig y Moreno saben que su acuerdo incomoda a sus direcciones nacionales porque abrir este melón es un asunto complicado que genera muchas tensiones. Pero advierten de que, al igual que los representantes de la España despoblada, no pueden quedarse sin hacer nada mientras siguen perdiendo recursos, algo que ya afecta a su convergencia y PIB. Lambán desde Aragón y Alberto Núñez Feijóo desde Galicia son los que de forma más férrea van a oponerse al eje andaluz-valenciano. Sus presidentes lo saben. Aunque públicamente subrayan que se trata de poner más dinero para que nadie pierda, en privado también admiten que conservar el privilegio del que vienen gozando algunas comunidades la última década es imposible en un sistema que acabe con las desigualdades.

Moreno debe trabajar con el gallego Feijóo y Puig con los socialistas Lambán y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), y todos a su vez vencer las resistencias de Pedro Sánchez y Pablo Casado, con cero interés en dialogar para abordar a fondo esta reforma del modelo. La guerra territorial está abierta. Las cúpulas nacionales de PSOE y PP no están cómodas en este debate y además se sienten retratadas en esa llamada de atención para que abran el diálogo.