La financiación récord a las CCAA da margen a los presidentes del PP para bajar impuestos

El Gobierno ha puesto en marcha esta semana la maquinaria para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para el año 2023. Hace unos meses esta opción parecía imposible, pero los resultados en las elecciones de Andalucía fuerzan a los partidos de la investidura a acelerar el presupuesto para así recuperar los votos perdidos. Una de las primeras medidas ha sido el incremento de un 24% en los recursos que repartirá el sistema de financiación autonómico y conceder dos décimas de déficit adicional a las regiones.

En total, las CCAA del régimen común contarán con 134.300 millones de euros de recursos públicos. Cifra suficiente para elaborar unos presupuestos expansivos gracias a los recursos adicionales procedentes del Estado y apuntalar la sanidad, la educación o la inversión. Sin embargo, los presupuestos expansivos también pueden destinarse a bajar los impuestos, esto es, a devolver recursos a los ciudadanos.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó el miércoles que “las comunidades tendrán que acompañar con medidas de competencia autonómica el devenir de la economía de los hogares y empresas”. Sin embargo, este ‘acompañamiento’ no necesariamente tiene que ser con mayor gasto público, sino que también pueden optar por bajadas de impuestos.

De esta forma, las comunidades gobernadas por el Partido Popular podrían utilizar esta financiación récord para hacer justo lo contrario de lo que pretende el Gobierno. En última instancia, cada Gobierno autonómico puede utilizar la ‘munición’ presupuestaria como decida. No solo tendrán más recursos procedentes del sistema de financiación, también es previsible un aumento de la recaudación con los impuestos cedidos gracias a la recuperación económica y a la subida de precios de los activos.

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ya mostró su disconformidad con la política de gasto del Gobierno central. En su opinión, la política del Ejecutivo es una “exageración de gasto público” y en su lugar pide limitar el crecimiento de los créditos presupuestarios y utilizar parte del excedente para bajar los impuestos. Política que ha sido una constante para el Gobierno madrileño y que repetirá en 2023. De hecho, ya ha anunciado una ampliación de la bonificación en el impuesto sobre sucesiones a parientes de tercer grado de consanguinidad y la deflactación de la tarifa del IRPF para evitar la progresividad en frío del impuesto.

¿Sobra el dinero?

En esta fase de ciclo expansivo con inflación, la generación de recursos públicos es tan abultada que un Gobierno puede bajar los impuestos sin hacer recortes de gasto. De hecho, puede compaginarlo con incremento de algunas partidas presupuestarias y contención de déficit, todo al mismo tiempo. Esto es posible gracias al ritmo alocado de la recaudación. Las CCAA recibirán por el sistema de financiación un 24% más de recursos que en 2022, lo que da un gran margen a las regiones para compaginar varias políticas expansivas.

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Podría dar la sensación de que sobra el dinero público, sin embargo, se trata solo de un espejismo. Hay tres factores que confluyen y que propician esta situación. El primero, ya mencionado, el desenfrenado ritmo de la recaudación pública gracias al crecimiento y la inflación. El segundo es la suspensión de las reglas fiscales un año más por la activación de la cláusula de escape en Bruselas. Y el tercero es la entrada en año electoral.

Estos tres factores están permitiendo una creación artificial de espacios fiscales para hacer políticas expansivas que realmente no existen, como ha alertado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en los últimos meses. España tiene una deuda pública que supera el 115% del PIB, un déficit público que cerrará el año cerca del 5% y unos compromisos de gasto disparados por la inflación (sueldo de funcionarios, contratos públicos, pensiones…).

Además, la recaudación adicional se asienta sobre un crecimiento no explicado de las bases imponibles muy superior al PIB. Es posible que estos ingresos sean consecuencia de una reducción permanente de la tasa de desempleo (Nairu) o mayor recaudación estructural, lo que sí daría más margen de gasto. Pero también podría ser un desajuste temporal provocado por las particularidades de esta crisis del covid. Los presidentes autonómicos tendrán que gestionar esta incertidumbre sobre los ingresos para decidir si quieren poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de sus regiones. Al mismo tiempo, los ciudadanos son los que tendrán que elegir si prefieren una política de mayor gasto público para apuntalar los servicios o menores impuestos para dejar el dinero 'en el bolsillo del contribuyente'.