La paradoja del Gobierno: un techo de gasto histórico para un presupuesto contractivo

El Consejo de Ministros aprobó el martes el techo de gasto del Estado para el año 2023, paso inicial para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año. El objetivo era presentar un límite más elevado que el del año anterior, por pequeña que fuese la subida. La cifra no es relevante y ha pasado a un segundo plano —sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno modifica los créditos iniciales en numerosas ocasiones a lo largo del año—, lo importante es que sea un gasto histórico para salir en los titulares. El de 2022 aumentó en 45 millones (un 0,02%) y el de 2023 crece en 2.079 millones (un 1,06%).

De esta forma, el Gobierno se garantiza el calificativo de ‘histórico’ para sus presupuestos antes de empezar la negociación dentro de la coalición y fuera. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo quiere mostrar una imagen de prudencia presupuestaria. En palabras de la ministra del ramo, María Jesús Montero, “las reglas fiscales siguen suspendidas, pero no así la responsabilidad fiscal”.

TE PUEDE INTERESAR

El FMI recorta su previsión de crecimiento de España y retrasa a 2024 la vuelta al PIB precovid

Javier Jorrín

Así, los presupuestos para 2023 incluirán una reducción del déficit de 1,1 puntos del PIB, pasando del 5% previsto para este año al 3,9%. Si se cumple esta previsión, “el déficit bajará más de un 60% desde los niveles alcanzados al inicio de la pandemia”. En este caso, ¿no es contradictorio que el gasto siga creciendo y que el déficit se reduzca rápidamente? La respuesta es sencilla, no lo es porque entra en juego la tercera variable: los ingresos. Hacienda espera que crezcan a un ritmo muy superior a los gastos, lo que permitirá reducir rápidamente el déficit ensanchando los presupuestos al mismo tiempo.

"Las reglas fiscales siguen suspendidas, pero no así la responsabilidad fiscal"

En ese caso, es difícil que se pueda considerar el presupuesto de 2023 expansivo. No solo porque los ingresos vayan a crecer mucho más que los gastos, sino porque el gasto va a crecer muy por debajo de la inflación. Esto es, el presupuesto del Estado perderá poder adquisitivo, lo mismo que está ocurriendo con los salarios. En concreto, el techo de gasto de 2023 equivaldrá al 12,5% del PIB previsto también por el Gobierno en el cuadro macroeconómico. Esto supone un descenso de medio punto respecto al año anterior y un punto y medio respecto a 2021.

De hecho, si se compara el techo de gasto presupuestado para el próximo año con el gasto real que está realizando el Estado en 2022, claramente supone un descenso. Solo con los decretos anticrisis, el gasto aumentará en unos 14.000 millones de euros hasta final de año. En definitiva, si el Gobierno cumple en 2023, el techo de gasto tendrá que reducir su gasto real.

Los estabilizadores automáticos están prácticamente agotados ya en 2022, de modo que generarán escaso margen fiscal para 2023. Por ejemplo, la partida de prestaciones por desempleo y ERTE ya está en niveles muy bajos este ejercicio, y las transferencias extraordinarias a las CCAA para financiar el gasto covid ya han desaparecido.

En paralelo, el Gobierno tendrá que hacer hueco a nuevos compromisos de gasto que tienen que encajar en ese techo de gasto. El más importante es el gasto en defensa, que aumentará en más de 1.000 millones de euros, según las promesas del presidente. También hay que sumar un incremento de 1.400 millones en la transferencia a la Seguridad Social para culminar la separación de fuentes (los llamados gastos impropios). Solo estas dos partidas ya se llevan el incremento del techo de gasto, lo que evidencia el escaso margen del que dispondrá el Estado para el próximo ejercicio.

TE PUEDE INTERESAR

Objetivos flexibles y la última palabra para las capitales: así quedará el plan de ahorro de gas

Nacho Alarcón

Además, el Gobierno todavía tiene que negociar con los funcionarios la subida del sueldo de los trabajadores públicos en año electoral. La mayor parte del nuevo gasto en 2023 se concentrará en la Seguridad Social, ya que tendrá que gastar unos 15.000 millones de euros en financiar el nuevo gasto de las pensiones.

El programa de estabilidad remitido a Bruselas hace menos de tres meses contempla un incremento del gasto público en 2023 del 2,7%, unos 17.000 millones de euros. Un incremento muy cuantioso del presupuesto del conjunto de las administraciones públicas. Sin embargo, en paralelo, los ingresos previstos crecerán en 29.500 millones de euros, un incremento del 5,3%.

Esta previsión del Gobierno se hizo sobre la base de políticas constantes. Esto es, sin tener en cuenta la creación de las dos nuevas figuras fiscales que quiere poner en marcha antes de que acabe el año, el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas. Estos ingresos sí darán margen adicional de gasto al Gobierno, pero en cualquier caso la recaudación crecerá a un ritmo inferior, lo que hace que no se pueda pensar en un presupuesto expansivo. En todo caso, sería lo contrario.

Esta es la vía políticamente razonable para realizar un ajuste de las cuentas públicas. De hecho, es la que utilizan habitualmente todos los gobiernos durante las fases expansivas del ciclo económico: elevar el gasto por debajo de los ingresos para reducir lentamente el déficit. Políticamente, es la vía aceptable, ya que los recortes del gasto son rechazados ampliamente por la sociedad. De esta forma, las partidas presupuestarias siguen creciendo, aunque el gasto real cada vez es menor. Un ajuste silencioso a prueba de titulares.