El debate de la sedición les estalla a PSOE y PP en plena negociación por el CGPJ

Sin avances ni novedades. El Gobierno ha vuelto a poner en cuarentena la reforma del delito de sedición después de que el presidente Pedro Sánchez lo colocase en la agenda el pasado viernes desde Bruselas. Apenas habían transcurrido dos horas desde que ERC confirmó su intención de facilitar la tramitación de los presupuestos, declinando presentar una enmienda a la totalidad, cuando el jefe del Ejecutivo asumió esta reforma como un compromiso de investidura y "uno personal mío". Los republicanos aplaudieron tanto en público como en privado este posicionamiento, que llevaban exigiendo como muestra de buena voluntad para avanzar en su demanda de "desjudicialización".

Pasado el Rubicón de las enmiendas a la totalidad, ahora el Ejecutivo intenta "blindar" la negociación con el PP para renovar el CGPJ. La máxima desde el inicio de las conversaciones siempre ha sido aislarla de cualquier interferencia, y un acuerdo con ERC para reformar este delito, que afecta a los dirigentes fugados por el 'procés', tendría consecuencias imprevisibles. El de la sedición es un debate de alto voltaje que incomoda a los populares y que mete mucha presión a Alberto Núñez Feijóo, al que ya le han surgido corrientes internas que advierten del coste que puede tener para el partido el hecho de que Sánchez pacte el Poder Judicial con una mano y la reforma del Código Penal con la otra.

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Este fin de semana, en el contexto de un acto del partido en Lleida, Feijóo no ocultó su desagrado respecto a las intenciones del Gobierno. De consumarse la reforma, dijo, sería "el mayor atentado contra la igualdad y la libertad en España". Pese a la contundencia que empleó el líder, el partido optó ayer por mantener un perfil bajo sobre el tema. La cuestión de la sedición no forma parte de los últimos argumentarios internos del partido, y tampoco hubo referencia alguna este lunes durante el acto que protagonizó el líder popular en la capital. Sí se posicionó Ayuso, precisamente la única dirigente que ha advertido públicamente de los riesgos de renovar el CGPJ de la mano de Sánchez.

El debate sobre la sedición, que podría derivar en una rebaja de las penas de los encausados por el 'procés', vuelve a la primera línea mediática en un momento especialmente delicado. Los nubarrones comienzan a cernirse sobre la negociación para renovar el CGPJ, que comenzó hace dos semanas con la cita en la Moncloa entre Sánchez y Feijóo. En los días posteriores, la sensación que transmitían en uno y otro equipo era que el acuerdo podía ser inminente, pero Bolaños y Pons, los negociadores de Gobierno y PP, continúan enfrascados en los detalles del pacto en que no hay consenso. Los anteriores intentos para desatascar el Poder Judicial no sientan un buen precedente, ya que diferentes causas exógenas llevaron la negociación a un punto muerto. De ahí las prisas por cerrar un acuerdo cuanto antes y el absoluto sigilo con que siguen desarrollándose las conversaciones.

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En este contexto, y priorizando el desbloqueo de la renovación de este órgano, para lo que Sánchez ya atendió la petición de los populares de cambiar su tono con Alberto Núñez Feijóo en el Senado, la reforma del delito de sedición vuelve a meterse en el congelador. Fuentes del Gobierno señalan que "no hay ninguna novedad" sobre este asunto y niegan cualquier tipo de avance. Al menos, sobre lo que "lleva diciendo el presidente desde su investidura", concluyen estas mismas fuentes del Ejecutivo. Si Sánchez ya condicionaba la reforma a que tuviese los apoyos parlamentarios necesarios, el mensaje que se ha trasladado este lunes tanto desde el Gobierno como desde Ferraz es que esta mayoría no existe.

Fuentes cercanas a la dirección de ERC en el Congreso niegan esta supuesta falta de mayorías para reformar el Código Penal, pero apelan a la "prudencia" para cuidar el diálogo. Esto es, a la presión pública. Señalan los 13 votos republicanos junto a los del resto de formaciones del bloque de la investidura, más otros que posiblemente se sumarían, como los del PDeCAT. Una mayoría holgada que superaría con creces los 176 apoyos necesarios para modificar el Código Penal.

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Sin dejar de señalar como una buena noticia el compromiso anunciado por Sánchez y valorándolo como una "mano tendida", optan por cuidar las negociaciones e "ir paso a paso", conscientes de que los socialistas también deben hacer sus cálculos políticos. Entienden estas mismas fuentes de ERC, conocedoras de las negociaciones, que no hay nada mala en fomentar un diálogo transparente, aunque reconocen la presión "de la derecha y la ultraderecha". "Tenemos que ser prudentes, porque si no no sale", zanjan, para dar a entender que los socialistas vuelven a enfriar esta promesa por motivos tácticos, sin que signifique una rectificación.

La renovación del CGPJ estaría "encarrilada", según fuentes socialistas. En su "recta final", la que sería la "más compleja", según palabras de la portavoz de Ferraz y ministra de Educación, Pilar Alegría. El último escollo ha sido la exigencia de Podemos y Yolanda Díaz de incorporar a Vicky Rosell como vocal del CGPJ, si bien no se ha planteado como una línea roja infranqueable, tal y como ha informado este periódico.

El objetivo, por tanto, sería no regalar "excusas" para justificar una ruptura o evitar presiones innecesarias a un Feijóo que no oculta su oposición a la reforma del delito de sedición, pero que, al menos de momento, no la ha vinculado a la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Moncloa apuesta por enfriar el debate de la reforma hasta que se cierre el hipotético pacto. El mimo de ERC acatando el repliegue del PSOE se transmite también desde las filas moradas. Los 'comuns' y, concretamente, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, presionaron desde el inicio de la legislatura para abrir la vía de la reforma del delito de sedición con una propuesta puente que acercase a republicanos y socialistas.