El acercamiento entre PSOE y PP para renovar el CGPJ allana otros pactos de Estado

El choque público cada vez más estruendoso entre socialistas y populares, como preludio de una larga campaña electoral, contrasta con los avances en sus negociaciones "discretas" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas partes coinciden en señalar que las posibilidades de acuerdo son reales, sin descartar que se precipite en los próximos días. La reconstrucción de estos puentes allana las conversaciones para llegar a otros asuntos considerados de Estado en los que PSOE y PP se miraban de reojo. Principalmente, los compromisos adquiridos por el Gobierno con la OTAN en materia de Defensa y en la futura ley de secretos oficiales.

La activación del modo electoral ha llevado a una escenificación de las diferencias y la falta de acuerdos entre los dos grandes partidos, pero siguen abiertos los resquicios para el entendimiento que precisarán compromisos como el pacto de Rota con EEUU. El incremento de la presencia de buques de guerra y de personal militar norteamericano en la base de Rota (Cádiz), que sellaron el pasado mes de junio el presidente de EEUU, Joe Biden, y Pedro Sánchez, conlleva una enmienda del convenio de cooperación para la defensa entre ambos países de 1988. Dicha modificación deberá pasar por el Congreso. Tanto el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, como los aliados habituales de Sánchez, a excepción del PNV, ya avanzaron que no tienen previsto ofrecer su respaldo, por lo que el apoyo de los populares será crucial.

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Desde el Gobierno ya se fio al PP el apoyo necesario para sacar adelante este acuerdo. Un asunto considerado de Estado, sobre el que Génova siempre aseguró que estarían a la altura de las circunstancias. El deterioro de las relaciones enturbió la posibilidad de acuerdos, incluso en asuntos de Estado. De hecho, desde las filas populares no se escondió ese malestar, tras la cumbre de la OTAN en la que España adquirió una nueva serie de compromisos en Defensa, por lo que consideraron un desprecio del Ejecutivo al no invitar a Alberto Núñez Feijóo a ningún acto de la agenda de la cumbre.

En Génova también se denunció que no fuesen informados del acuerdo para incrementar la presencia militar norteamericana en Rota, sobre el que Defensa llevaba meses trabajando, enterándose por la prensa. Con todo, el PP asegura que no cederán al PSOE "el relato" de que son ellos los que dificultan los acuerdos, y se comprometen a mantener la mano tendida como "partido de Estado" pese a las "descalificaciones" contra Feijóo procedentes de la Moncloa. El acercamiento para la renovación del CGPJ, el principal escollo que ha separado a Gobierno y oposición durante cuatro largos años, podría despejar el camino y mitigar las desavenencias entre Sánchez y Feijóo.

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Las apelaciones a la mano tendida al PP siguen formando parte de los argumentarios del Gobierno, pero con más pretensiones de visibilizar que los conservadores se sitúan en el no a todo, incluido el paquete de medidas de rescate social contra la inflación, que en buscar un acercamiento. En Génova aseguran que no caerán en las "trampas" del Ejecutivo votando a favor de iniciativas que consideran "injustas", y acusan a Sánchez de abusar de 'decretos mix' en los que mezcla asuntos que comparten, como la rebaja del IVA de la luz o la bonificación en los precios del transporte, con iniciativas a las que se oponen, como las "imposiciones" en el uso del aire acondicionado y la calefacción.

Sin embargo, en asuntos de Estado no se han roto las líneas de comunicación. Incluso en los momentos en que todo parecía haber saltado por los aires, Félix Bolaños por parte del Gobierno, y Esteban González Pons en el lado de la oposición, han mantenido el contacto para tratar de desatascar el Poder Judicial, de momento sin éxito. El ministro de la Presidencia, precisamente, ha sido el encargado de desarrollar también la ley de secretos oficiales, para la que busca el visto bueno del PP.

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La voluntad de consensuar la futura ley con los populares es tanto porque se trata de una materia considerada de Estado como por la realidad aritmética de un Ejecutivo en minoría. Los socios de Sánchez han cuestionado ya el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto. El PP ya ha dejado claro que su intención es negociar con el Gobierno la normativa para que el PSOE no tenga que depender de sus socios e, incluso, no ven con malos ojos algunos puntos, como que el plazo para desclasificar se fije en los 50 años aunque, de nuevo, se declaran molestos por la falta de información que les llega de la Moncloa.

El texto que pretende enterrar la ley franquista de 1968 contiene las recomendaciones de la OTAN para que los países aliados homologuen sus normativas y se facilite la cooperación en esta materia entre los distintos servicios secretos. El concepto estratégico de Madrid aprobado por la Alianza en su última cumbre no hace referencias directas a la necesidad de homologar normativas, centrándose en advertir sobre la necesidad de reforzar la ciberseguridad. "Los actores malignos pretenden degradar nuestras infraestructuras esenciales, injerirse en nuestros servicios gubernamentales, extraer información de los servicios secretos, robar propiedad intelectual y obstaculizar nuestras actividades militares", se recoge en el punto 15 para dar cuenta de que "el ciberespacio es objeto de disputa permanente". Sin embargo, en los márgenes de la cumbre se insistió en la necesidad de homologar normativas en un terreno en el que España sigue siendo una anomalía europea.