El PP aprieta en la recta final para tener más vocales en el nuevo CGPJ

La negociación abierta por el Gobierno y el PP a raíz de la dimisión de Carlos Lesmes parece encontrarse en su fase final y, en esta última recta, los populares han arreciado la presión para lograr sumar un vocal al grupo de los conservadores en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según indican fuentes conocedoras de las conversaciones, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha planteado al PSOE esta cesión en compensación por los planes del Ejecutivo para el Tribunal Constitucional, que incluyen apoyar que la presidencia del órgano de garantías quede en manos del magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido. En la Moncloa no esconden que el objetivo de las negociaciones se centra en buscar un acuerdo tanto para la renovación del CGPJ como del TC.

La exigencia del PP supondría repartir al 50% la composición del Consejo, que integran 20 vocales: 12 de ellos entran por el turno de jueces y ocho por el de juristas. El presidente del Supremo y el CGPJ —que sumaría el 21— tendrá, por ello, que ser de completo consenso entre las dos partes. Debe ser elegido en la sesión constitutiva del órgano de gobierno de los jueces por una mayoría de tres quintos de los miembros. Además, como ya ha ido informando este periódico, todas las decisiones que adopte el Consejo, incluyendo todos los nombramientos, requerirán de esa mayoría, es decir, del voto de 13 vocales, lo que obligará al acuerdo a cada paso.

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Ese 10/10 rompería, en caso de aceptarse por parte de los socialistas, el acuerdo inicial adoptado en 2018 en el que se estableció que el órgano agruparía una mayoría de vocales progresistas: el Ejecutivo y Podemos elegían a 11 y el PP se quedaba con nueve. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas que busca el PP sería el mismo que negociaron Pablo Casado y Teodoro García Egea en los dos últimos intentos de renovación fallidos. Si los populares lograban que el presidente fuera de sensibilidad conservadora, obtendrían una mayoría en el Consejo.

La clave de este último tira y afloja está en el vocal con el que tradicionalmente cuenta el PNV en el Consejo. Desde el PP, se ha iniciado un acercamiento al partido nacionalista, clave para alcanzar futuros pactos, como ha ido demostrando la actual legislatura, en la que el Gobierno ha tenido a los vascos como socios clave en numerosas ocasiones. En un gesto más, existe la posibilidad de que uno de los 10 vocales de la parte conservadora sea un juez cercano a la formación de Andoni Ortuzar, con el que Feijóo prevé reunirse antes de que termine octubre. Ninguna de las voces consultadas en el PP descarta este escenario. El PSOE, por su parte, reserva dos asientos para jueces o juristas cercanos a Unidas Podemos y los morados ya han avanzado su deseo de incluir a la ahora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell.

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Desde el Gobierno, reconocen que el pacto se está abordando como un acuerdo global en el que también se incluiría al TC. Además, de los cuatro miembros que deben ser nombrados en el cupo que se reparten a la mitad CGPJ y Ejecutivo, está pendiente el nombramiento de un quinto integrante del tribunal en sustitución de Alfredo Montoya, que causó baja por una grave enfermedad. Esa plaza, en origen, pertenecía al PP, que fue quien le designó. El PSOE ha aceptado respetar que sean los de Feijóo quienes escojan al sustituto.

Los populares han ido logrando convencer al Gobierno de que acepte gran parte de sus condiciones. El acuerdo incluirá también otra de ellas: la limitación de las puertas giratorias entre la política y la Justicia y viceversa. La medida es uno de los estandartes de la propuesta del PP, que impulsó la aprobación de una regulación para evitar casos como el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

También reclama evitar la vuelta inmediata a la magistratura de personas que hayan ocupado puestos políticos. Defiende que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos en partidos o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos. El PP también buscaba que no pudieran ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores, lo que dejaría a Rosell fuera de juego.

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Más allá de los nombres, los morados marcan terreno para que se preserve la cuota que acordaron con sus socios al margen del reparto final entre socialistas y populares. "Los acuerdos que hemos suscrito entre las formaciones del Gobierno se van a cumplir", aseguraba ayer la líder del espacio morado en el Gobierno, Yolanda Díaz, tras pedir a sus socios que se respeten los acuerdos en el seno de la coalición.

Desde PSOE y PP, coinciden en reconocer los avances en las negociaciones durante las últimas horas. Un espacio que se pretendió blindar por parte del Gobierno al aislarlo del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este martes en el Senado. Los populares agradecieron lo que consideraron un cambio de tono del presidente del Ejecutivo en aras de salvaguardar la negociación, y reconocen que se dio "un paso importante" en el camino de sellar el acuerdo. Fuentes de Génova insisten en que quedan pocos flecos por cerrar del documento de requisitos, con lo que solo quedaría negociar los nombres de la nueva cúpula. Ambas partes se muestran, así, convencidas de que habrá pacto. "O sale ahora o no sale", resumen en el entorno de Feijóo.

Más dudas se deslizan sobre la inminencia del acuerdo, aunque la intención es que se produzca cuanto antes. "No podemos marear la perdiz mucho más tiempo", reconocen en las filas populares. En las agendas se cuela también la recta final para la negociación de los presupuestos, sin acuerdos cerrados con los socios del Gobierno. La primera ventana negociadora expira este viernes, coincidiendo con la fecha límite para la presentación de enmiendas a la totalidad. Además, el jefe del Ejecutivo se desplazará esta mañana a Bruselas para participar en el Consejo Europeo que se desarrollará hasta el viernes. Feijóo, por su parte, ya se encuentra en la capital europea, donde se reunió este miércoles con la presidenta de la Comisión Europea y asistirá a la cumbre del PPE.